Benvolguts amics i amigues,

Etiquetas: Ellacuría, Salvador, jesuita, Jon, Cortina

Benvolguts amics,

Aprofitant la visita dels nostres amics Carlos i Santos de Guarjila (El Salvador) hem preparat unes activitats de tarda pel proper 10 de maig a les 17:00h al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià i volem convidar-vos a tots a que ens acompanyeu.

L’acte té una durada prevista de dues hores i mitja en les quals ens presentaran el model organitzatiu de la comunitat en la que viuen. Tot un exemple de esforç conjunt i cooperació per superar les difícils condicions de vida del país.

A més, perquè tota la família pugui gaudir s’ha organitzat un servei de cangur, jocs infantils i un berenar per concloure la trobada.

Us hi esperem!

Grup de Solidaritat Jon Cortina.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El desempleo, el encarecimiento de la Canasta Básica, y la falta de seguridad pública, es el escenario en el cual viven, miles de salvadoreños y salvadoreñas; amén de la demanda permanente de salud, educación y la búsqueda de la razón, para no migrar de forma involuntaria a otro país.

La sociedad civil organizada en salud, medio ambiente, derechos humanos, cívicos y laborales, opinaron que el próximo año 2009, tiene “pronóstico reservado”, que aumenta con los efectos de la recesión financiera de los Estados Unidos, de cuya economía depende el país en un 80%.

Sin importar las expectativas de un relevo del partido político que tome las riendas el próximo quinquenio, las Ong, prevén que muchos salvadoreños y salvadoreñas, van a necesitar respuestas tangibles de sus demandas económicas y sociales.

Silvia Guillén, directora de FESPAD, consideró en el balance del año 2008, que los problemas económicos de la población, fueron acrecentados por las políticas gubernamentales, de las cuales, ha quedado constancia, con el abandono del sector agropecuario, que dejó al país, sin capacidad de cubrir su mercado interno.

“El gobierno sigue insistiendo en sus políticas de apertura comercial, con poca intervención del Estado, y sin medidas específicas para el mejoramiento de la recaudación fiscal, el control a prácticas monopólicas y el combate a la corrupción”, dijo.

La coyuntura electoral que trajo al escenario político, la supuesta existencia de “grupos armados ilegales”, es para Guillén, una acción preocupante, de las autoridades gubernamentales, quienes no encausaron de forma legal el caso, sino que, optaron por un tratamiento mediático.

“Como FESPAD rechazamos la clara posibilidad del uso político de la información confusa, sobre grupos armados ilegales, con fines electorales, realizada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Presidente de la República Elías Antonio Saca, y el Ministro de Seguridad Pública René Figueroa”, señaló. La seguridad pública es para las organizaciones una deuda pendiente de los gobiernos de ARENA, quienes, no han podido superar la incapacidad del subsistema de investigación de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, para lograr condenas judiciales.

Medio Ambiente
Ángel Ibarra, ambientalista y presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), por su parte, opinó que muchos de los proyectos gubernamentales aumentaron la vulnerabilidad de los pobladores y de los diversos ecosistemas a lo largo del país. Los proyectos mineros, las hidroeléctricas, la carretera longitudinal del Norte, lejos de beneficiar a las mayorías –dijo- Ibarra, sólo pretenden un lucro a las transnacionales.

"El año 2008 no se diferencia de los años anteriores, excepto, que los impactos por la destrucción ambiental, contaminación, y deforestación, son más graves. Es una situación donde los problemas ambientales, tienen impactos más fuertes que en el pasado comenzando con el cambio climático", expresó.

Ley de Búsqueda
Zayra Navas, jurista de la Asociación Pro Búsqueda, que fundó el sacerdote jesuita Jon Cortina, reiteró la permanente falta de los gobiernos del partido ARENA, con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, que dejó doce años de guerra civil en el país.

“Lamentamos y nos preocupa que no haya una posición clara, con respecto al compromiso que debe haber de todas las instituciones del Estado, para asumir la búsqueda seria y conocer el paradero de las niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado”, afirmó.

Pro Búsqueda presentó un anteproyecto de ley para identificar el paradero de estos niños y niñas, a manera de brindar justicia a sus familiares, ya que la actual Comisión Interinstitucional de Búsqueda, fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no cumplir con los requisitos para resolver estos casos.

PDDH avances lentos en materia derechos humanos
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Humberto Luna, afirmó que pese a los avances en materia de derechos humanos, hace falta garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mayoría de la población. “La crisis financiera de Estados Unidos, el aumento de los combustibles, crisis alimentaria, pobreza mundial, pero las políticas que se adoptan (en el país), no cumplen su cometido y genera problemas en el acceso al trabajo, el derecho a las personas a no ser discriminadas por su discapacidad o a los adultos mayores”, reconoció.

El procurador consideró importante la atención especializada e inmediata de grupos vulnerables como la niñez, jóvenes y mujeres, de los cuales, recomendó la ratificación de las Convenciones Internacionales, que hacen prevalecer sus derechos como ley de la nación.

“No puedo obviar la situación del medio ambiente, cuya ausencia de políticas públicas efectivas, y con esto me refiero a la minería, carbón, rellenos sanitarios, gas licuado, no han sido previstas por el gobierno”, indicó.

Además, mostró su preocupación ante las denuncias contra el Ministerio Público (PNC, FGR, PGR), de las cuales, un mil 723 fueron contra la PNC; 246 contra la Fiscalía General de la República y 133 denuncias, contra la Procuraduría General de la República.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Zayra Navas, abogada de Pro Búsqueda, dijo que el Padre Jon Cortina es un signo de lucha por la justicia y la verdad, que invita a fortalecer el compromiso del pueblo salvadoreño, para construir la solidaridad.

El Padre Jon Cortina falleció en la Ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre de 2005, tras sucumbir ante un infarto que le postró por varios días antes de su deceso. El sacerdote se encontraba en un evento de organizaciones pro derechos humanos.

Jon Cortina “fue un salvadoreño, porque así lo quiso”, recordó Navas, que vivió entre las víctimas y los marginados a la educación, la salud y la paz, con su acompañamiento, les brindó una luz de esperanza y apoyo solidario.

“En un primer momento, tuvo un papel importante en la inserción de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, como una población, con propia identidad, en un momento tan difícil en nuestro país (conflicto armado), ayudó a la fundación de la comunidad de Guarjila (Chalatenango), y a la UCA con sus estudiantes, es un ejemplo de vida”, afirmó.

Sobre su trabajo en la Asociación Pro Búsqueda, Zayra confirmó que el compromiso de ayudar a los padres de familia, que perdieron a sus hijos durante la guerra, fue una semilla que sembró en sus corazones para seguir luchando.

“Vamos a seguir exigiendo al Estado, que cumpla con su responsabilidad a las víctimas de la guerra. La Pascua del Padre Jon la celebramos al ver su obra, y hago un llamado a la población salvadoreña, si un español tuvo la capacidad de luchar por un pueblo que hizo suyo, nosotros, como salvadoreños, debemos hacer mucho más”, acotó.

José Laínez, oriundo de Hacienda Vieja, La Paz, perdió a su hija Idalia, de 6 años de edad, en 1984, tras un operativo militar en la zona que ejecutó la Fuerza Armada, en 1994. El Padre Jon Cortina hizo posible el reencuentro con su hija.

“Para mí fue bien difícil que me sacaran de mi tierra natal, mataron a Vilma Elizabeth, de 8 años, y dejaron herida a Imelda, y se la llevaron, así fue, que conocí al Padre Jon Cortina, cuando llegó con mi hija que estaba en Ohio, Estados Unidos, fue bien significativo que la pudiera abrazar después de tanto tiempo”, narró.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La importancia de vivir la pobreza, para humanizar la cultura del consumo y despilfarro, fue el mensaje de vida que dejó Jon Cortina, a la Comunidad Jesuita y a sus alumnos de la Universidad Católica José Simeón Cañas, (UCA).

En vísperas del segundo aniversario de su deceso, el pensamiento y vida de Jon Cortina ha retomado fuerza, al ser recordado por sus compañeros, amigos y trabajadores, quienes lo recuerdan como un hombre santo, que se entregó por completo a los pobres.

Jon Sobrino, en la homilía, dijo que Jon Cortina fue un “santo, pero rebelde”, Y lo definió tres virtudes: entrañable, recio y comprometido con su pueblo.

“Era un gran comunicador, se la pasaba muy bien, era un gran amigo de las congregaciones y religiosas, chambriaba con ellas, chambriaba hasta cosas de los obispos (ríen todos), y luego pasaba a charlas serias, él era así, todos le querían entrañablemente”, contó.

Sobre su temperamento recio, Sobrino expresó que nunca hizo lo “políticamente correcto”, siempre fue un hombre que creyó en sus convicciones y las expresaba directamente.

“El trivializaba las cosas, mientras más serias fueran, Jon a veces exageraba, pero siempre, tuvo una insigne honradez con lo real, y lo sabe su gente de Guarjila (Chalatenango), y todos nosotros”, comentó.

En un pasaje, Jon Sobrino citó a Ignacio Ellacuría, quien había dicho que: “la civilización de la riqueza y la abundancia, sólo puede salvarse desde la cultura de la pobreza”.

“Jon sabía eso, porque si los pobres no nos humanizan, dudo yo, que otra cosa lo haga; su último trabajo frente a los militares que robaron a sus madres sus niños, era recio, pero no buscó venganza”, expresó.

En la eucaristía, participó Gloria Ávila, su secretaria del difunto sacerdote, quien recordó el compromiso que tenía con la comunidad estudiantil y su comunidad en Guarjila.

“Su día favorito de la semana era el viernes, porque iba a su Guarjila, con su gente, o pasaba horas platicando con sus estudiantes y luego me decía, me quieren porque soy como un abuelito consentidor”, rememoró la secretaria.

El día se su muerte: “Sentí que rompían mi corazón, que mi ángel protector se había ido, el hombre, el hermano, el amigo, el sacerdote que acompañó a muchos en momentos difíciles, se había ido, nos hace mucha falta”, concluyó.

El 23 de novembre, el Grup de Solidaritat Jon Cortina organitza un videofòrum sobre l’emigració des de Centre Amèrica als Estats Units. Tindrà lloc al Casal Loiola, c/ Balmes, 138, de Barcelona, a les 18:00h. L’activitat començarà amb la projecció d’un documental i continuarà amb un espai de diàleg.

Redacción Diario Co Latino

El ex Jefe de la Fuerza Aérea General de Aviación Juan Rafael Bustillo, incumplió  la orden del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, para comparecer en el proceso judicial que se le sigue por  la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz.

Mientras, el ex Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Coronel Mario Adalberto Reyes Mena, informó que se encontraba fuera del país, por lo que no asistiría a la sede fiscal.

Los ex jefes castrenses han sido señalados como los responsables de “graves crímenes”, realizados por el ejército salvadoreño, durante el conflicto armado de los años ochenta, y que continúan en la  impunidad.

Miembros de Pro Búsqueda, afirmaron que el General Bustillo debía comparecer a las 9:00 ; y el Coronel Reyes, a las 10 de la mañana de este jueves pasado, pero ninguno de los ex militares se presentó a la diligencia judicial.

“La Fiscalía General de la República deberá interpelar al ex Jefe de la Fuerza Aérea, en una nueva cita y, en caso de no comparecer deberá ser llevado a la sede fiscal, por la fuerza pública”, según comunicado de prensa.

El caso de Ernestina, de 3 años y Erlinda de 7 años de edad, desaparecieron  durante la campaña militar “Operación Limpieza”, ejecutada en mayo y junio de 1982.

Las niñas, junto a otros 45 menores, fueron sustraídos por miembros de las unidades que comandaban estos exmilitares, en la incursión hecha en el departamento de Chalatenango.

El proceso judicial que lo inició la madre de las infantes, Victoria Cruz, en 1993, junto al Padre Jesuita Jon Cortina, enfrentó toda clase de dificultades desde el Estado salvadoreño, no obstante, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria en marzo de 2005.

“El ex militar Reyes Mena ha sido señalado, además como uno de los responsables  del asesinato de tres periodistas holandeses”, se dijo.

Pro Búsqueda reconoció que la sede fiscal levantó un acta haciendo constar el incumplimiento de ambos militares al citatorio, por lo que esperan que la fiscalía haga cumplir la ley , para que los ex jefes castrenses brinden la información que permita establecer el paradero de las niñas Serrano Cruz y los otros niños.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Arcadia Portillo, de 76 años de edad, lucha por controlar sus lágrimas cuando habla de la desaparición de sus dos hijas durante el conflicto armado en los años ochenta. Este caso, junto a un centenar más, demandan del Estado salvadoreño la creación de una comisión que investigue y determine el paradero de las víctimas.

El próximo 6 de octubre expira el mandato de la "Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a Consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador", creado por el Órgano Ejecutivo en 2004, ante la sentencia condenatoria que recibió el Estado salvadoreño en 2005, por el caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de anteproyecto normativo para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, es para Zayra Navas, jurista de Pro Búsqueda, una oportunidad para promover la garantía a los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

"El Estado salvadoreño está obligado constitucionalmente a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno del país", dijo.
Arcadia perdió a Ana Julia de 14 años y a María del Carmen Portillo de 7 años de edad, cuando vivían con su tía en lo alto del Cerro Pando, Morazán.

"Yo trabajaba en ese tiempo (1981) en el municipio de (San Francisco) Gotera, cuando se llevaron a las niñas, pasó eso tan terrible, mataron a Etelvina mi hermana y a la gemelita de María del Carmen, se llamaba Carmelina, llegó el ejército entre las 10 de la mañana y se fueron como a la 2 de la tarde, mataron a la gente y se llevaron a mis otras dos hijas", narró.

La iniciativa para una nueva normativa y comisión de búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado contó con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo procurador adjunto Salvador Menéndez Leal, consideró, era "una demanda imperativa que sobrepasa la moral y la ética", y la iniciativa de ley de los partidos FMLN y Cambio Democrático.

Navas agregó que "sabemos que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resoluciones de septiembre de 2006 y junio 2007, ha sido que la comisión de búsqueda, creada por el decreto Ejecutivo, no cumple con los parámetros dictados en la sentencia del caso Serrano Cruz versus El Salvador".

La nueva "comisión de búsqueda" tendrá según las nuevas disposiciones un compromiso con la eficiencia, la independencia de trabajo y la imparcialidad en las investigaciones, para que permita el reencuentro de las víctimas desaparecidas con sus familias biológicas de manera respetuosa y digna.

"La comisión tiene que garantizar la verdad, el acceso a la justicia y procurar reparaciones adecuadas, con la participación de las organizaciones dedicadas a la determinación del paradero de los niños y niñas, y la comunidad, ejerciendo su función de preservar las pruebas y evidencias que obtengan, aunque no tengan competencias jurisdiccionales (poder o derecho para juzgar)", explicó.

En cuanto a la composición de la Comisión de Búsqueda, la propuesta contempla la designación de 3 personas, que se llamarán comisionados, con reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como competencia moral en los últimos 10 años, que anteceden a su nombramiento.

Y no podrá ser comisionado o comisionada ningún funcionario público, magistrados, ministros, viceministros, o parientes en cuarto grado de consaguinidad, miembros de partidos políticos o militar de profesión.

El nombramiento será el primero por la Corte Suprema de Justicia, el segundo por el Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el tercero, por las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos por la Asamblea Legislativa, previo una ronda de entrevistas para verificar antecedentes e idoneidad para el puesto.

"La comisión tendrá la facultad de investigar de oficio o por petición de cualquier ciudadano que dé información sobre el desaparecimiento forzado de niños o niñas. Y deberá promover el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y preservar el derecho a la identidad de las personas que son víctimas de las desapariciones", argumentó.

Pro Búsqueda, desde su fundación en 1993 por el Padre Jesuita Jon Cortina, ha documentado alrededor de 732 casos, de los cuales 332 han celebrado un reencuentro y 400 continúan desaparecidos. "Nosotros sabemos que cuando la gente vea el trabajo de esta nueva comisión de búsqueda, perderá su miedo y pedirá que se encuentre a su familiar", concluyó Navas.

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Dos cruces yacen en el patio trasero de la casa de la familia Sáenz Barrera. Una de cemento y otra de madera rústica gastada. Están adornadas con flores de plásticos color azul, a pesar de que simbolizan a tres mujeres. Alguien las colocó, para recordar a: Juana Paula Díaz y sus hijas María e Irma. Las tres fueron cruelmente asesinadas en un día fatídico para las mujeres, niños y los pocos hombres que cuidaban el cantón Guacamaya, en el oriente del país, el 22 de octubre de 1980.

Juana Paula decidió regresar a su vivienda para saber de sus animales, junto a sus dos hijas, el día que las asesinaron.

Varias noches antes, las Díaz se habían resguardado en una casa con otras 30 mujeres, luego que sus esposos salieran por los “huatales” y buscaran refugio, que los pusiera a salvo de las Fuerzas Armadas y el ataque a la guerrilla.

“Ella (Juana Paula) bien de mañanita salía a darle comida a las gallinas y regresaba. Pero el día que las mataron, se devolvió con sus hijas después de haberlas alimentado. Escuchó que estaban agarrando sus gallinas. Yo la encontré, cuando yo iba para abajo, buscando donde irme por los huatales. Todavía me dijo que me quedara, pero por el niño, que tenía once meses me fui”, recuerda pese al tiempo, visiblemente consternada Valentina Sáenz Barrera, la masacre de la Guacamaya, y los estragos que dejó el conflicto armado, que los obligó a vivir en Honduras, por varios años.

Las Díaz, fueron asesinadas, según los sobrevivientes de la zona, por elementos del ejército que custodiaban la zona de La Guacamaya, El Mozote, Meanguera, y otros cantones en la jurisdicción de San Francisco Gotera, en el Departamento de Morazán. El mismo grupo al que se le adjudicó la masacre de El Mozote, cuando tomó el plan “Operación Rescate”, en 1981, con el fin de “limpiar” la parte norte de Morazán, por considerarla un bastión de los grupos guerrilleros.

“Yo le hilaba para hacer matates, ella me enseñó, hacía cuajadas y le veníamos a buscar”, recuerda Valentina, mientras junto a sus hijos trata de seguir cultivando la enseñanzas de elaborarlos y abastecer la zona.

Agrega que aquel día, varias mujeres, niños y hombres fueron asesinados. Masacres en las quebradas, en huatales y otros en el interior de su vivienda como los Barrera Márquez.

De la familia Barrera Márquez, murieron Andrés, Cruz Armando, Vicenta Edelmira, Noé Mauricio, Mario Edgardo hijos de Andrés Barrera Mejía. En la masacre también murió su suegra Heriberta Márquez y Maclovia Márquez, y un recién nacido.

En la exhumación se encontraron los restos, en fila, de los niños, las dos mujeres y los huesos pequeños de recién nacido, que se presume eran del hijo que estaba esperando Maclovia.

Según estima Andrés Barrera Mejía, su esposa dio a luz antes de ser asesinada, pero no pudo constatarlo, porque él, junto a los hombres, andaban en “retirada”, el día de la masacre.

“Cuando yo regresé ya los habían enterrado, no pude ver como los habían dejado. Cuando vine encontré unos pedacitos de huesitos, y un brasier con sangre, y quemado. Nosotros teníamos maíz en tusa, eso lo amontonaron con las hamacas y le dieron fuego a todo, todo lo que teníamos allí”, reciente.

Recuerda que nadie de aquel pequeño poblado esperaba que algo así se registrara,
La tropa del ejército siempre pasaba y nunca mataban a nadie.

“Allí quizá hubo un mal vecino, porque había una casa más abajo de donde nosotros vivíamos, allí habían más de 50 gentes en esa casa y no les pasó nada, nada, y nosotros quedamos pensando en eso, que tan cerca que estaba y no les había pasado nada. Después pensamos, que a ese hombre no le gustaba la organización, algo hubo por allí”, se atreve a especular Barrera.

“Yo era el encargado de reunir a la gente de allí, él nunca opinaba, a mí nunca me convencía y al final como los hermanos de él colaboraban con la organización, los terminó matando a ellos”, agrega.

Las muertes de La Guacamaya, 28 años después no han sido esclarecidas. Muchas de las víctimas no han sido exhumadas ni identificadas.

No se tiene claro quién cometió esos crímenes contra niños, mujeres y hombres.

“Creemos que fue el batallón de Gotera”, indica Barrera, quién perdió a seis de sus hijos, su esposa y su suegra.

La herida por esas pérdidas y la falta de justicia es uno de los reclamos de las familias que todavía habitan en La Guacamaya, en casas de bahareque (de lodo y varas de bambú), lámina y sin luz. Es decir, este capítulo de la historia sigue abierto.

“La justicia aquí brilla por su ausencia, al igual que en otros países, la Comisión de la Verdad, puso en tela de juicio”, critica Barrera.

Después del conflicto, la posibilidad de conocer la verdad, tuvo candado. La Ley de Amnistía se volvió un obstáculo, el cuerpo legal no avala el enjuciamiento de los hechos que se cometieron antes y durante el conflicto armado. “La Ley permitió que estos crímenes, se encubrieran. Los hechos que hubo fueron una violación a los derechos humanos”, sostiene Barrera.

Desde hace años, Barrera ha tratado de pedir justicia y contar lo que pasó a través de la música. La música que le dio vida y refugio a los “Torogoces de Morazán”.

“La música nos vino ayudar un poco, la mayoría habíamos perdido familia. La música no cura heridas, pero calma un poco. Hace olvidar por un momento las cosas”, dice.

“Cuando se cantan las canciones es algo tremendo, pero en general, la música ayudaba tanto a los compas que venían cansados de un operativo, como a nosotros, y allí se disimulaba un poco”, agrega.

Conmemoración para víctimas y la justicia
Desde el año pasado, el Alcalde y el concejo de la Alcaldía de Meanguera, en el Departamento de Morazán, propusieron la creación de un Comité de la Memoria Histórica, con el propósito de conmemorar cada 22 de octubre la masacre de la Guacamaya.

“El año pasado se creó el comité, se financió la organización de la actividad, para este año vamos a colaborar con la movilización de la gente y los grupos musicales, lo que buscamos es que la misma gente tome conciencia”, dice el secretario de la comuna de Meanguera, Wualberto Carrillo, Municipio al que pertenece, por jurisdicción, el cantón La Gua- camaya.

Según indica la comuna, tiene previsto elaborar una memoria donde se puedan focalizar los puntos donde ocurrieron las masacres.

“Hay más in- volucramiento de la gente, eso es el objetivo, que la misma gente tenga conciencia, porque nosotros creemos que para que exista desarrollo en una sociedad es indispensable que exista justicia. La justicia no se trata de venganza, si no que al menos los responsables de esto pidan perdón”, agregó Carrillo.

Según el calendario de las actividades de conmemoración se realizará el día 18, con una misa en memoria de las víctimas.

Gladys Maricela Sáenz, del Comité de la Memoria Histórica, adelantó que después de la misa se tiene previsto una caminata a los lugares “históricos” donde se ejecutaron masacres, en la cueva de la “Radio Venceremos” y el punto rojo.

Después, en el centro escolar La Guacamaya, se escucharán algunos testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.