Pro-Búsqueda

Atacada una ONG que busca a los niños perdidos en la guerra salvadoreña

La radio y la televisión salvadoreñas informaban desde las primeras horas de este jueves de una noticia que golpeaba en seco. La oficina de la organización humanitaria ProBúsqueda —dedicada a localizar a los niños desaparecidos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992)— había sido atacada: su sede y algunos de sus archivos habían sido incendiados. El presidente Mauricio Funes y el procurador de Derechos Humanos, David Morales, repudiaron lo ocurrido y prometieron llevar a los culpables ante la justicia.

Más información:http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/15/actualidad/1384473244_437609.html

Pro Búsqueda denuncia inasistencia de ex militares señalados en desapariciones

 (publicat al Diario Colatino el 4 d’octubre de 2008)

Redacción Diario Co Latino

El ex Jefe de la Fuerza Aérea General de Aviación Juan Rafael Bustillo, incumplió  la orden del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, para comparecer en el proceso judicial que se le sigue por  la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz.

Mientras, el ex Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Coronel Mario Adalberto Reyes Mena, informó que se encontraba fuera del país, por lo que no asistiría a la sede fiscal.

Los ex jefes castrenses han sido señalados como los responsables de “graves crímenes”, realizados por el ejército salvadoreño, durante el conflicto armado de los años ochenta, y que continúan en la  impunidad.

Miembros de Pro Búsqueda, afirmaron que el General Bustillo debía comparecer a las 9:00 ; y el Coronel Reyes, a las 10 de la mañana de este jueves pasado, pero ninguno de los ex militares se presentó a la diligencia judicial.

“La Fiscalía General de la República deberá interpelar al ex Jefe de la Fuerza Aérea, en una nueva cita y, en caso de no comparecer deberá ser llevado a la sede fiscal, por la fuerza pública”, según comunicado de prensa.

El caso de Ernestina, de 3 años y Erlinda de 7 años de edad, desaparecieron  durante la campaña militar “Operación Limpieza”, ejecutada en mayo y junio de 1982.

Las niñas, junto a otros 45 menores, fueron sustraídos por miembros de las unidades que comandaban estos exmilitares, en la incursión hecha en el departamento de Chalatenango.

El proceso judicial que lo inició la madre de las infantes, Victoria Cruz, en 1993, junto al Padre Jesuita Jon Cortina, enfrentó toda clase de dificultades desde el Estado salvadoreño, no obstante, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria en marzo de 2005.

“El ex militar Reyes Mena ha sido señalado, además como uno de los responsables  del asesinato de tres periodistas holandeses”, se dijo.

Pro Búsqueda reconoció que la sede fiscal levantó un acta haciendo constar el incumplimiento de ambos militares al citatorio, por lo que esperan que la fiscalía haga cumplir la ley , para que los ex jefes castrenses brinden la información que permita establecer el paradero de las niñas Serrano Cruz y los otros niños.

Pro-Búsqueda demanda una comisión imparcial e independiente

(publicat al Diario Colatino de 30/09/2008)

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Arcadia Portillo, de 76 años de edad, lucha por controlar sus lágrimas cuando habla de la desaparición de sus dos hijas durante el conflicto armado en los años ochenta. Este caso, junto a un centenar más, demandan del Estado salvadoreño la creación de una comisión que investigue y determine el paradero de las víctimas.

El próximo 6 de octubre expira el mandato de la "Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a Consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador", creado por el Órgano Ejecutivo en 2004, ante la sentencia condenatoria que recibió el Estado salvadoreño en 2005, por el caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de anteproyecto normativo para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, es para Zayra Navas, jurista de Pro Búsqueda, una oportunidad para promover la garantía a los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

"El Estado salvadoreño está obligado constitucionalmente a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno del país", dijo.
Arcadia perdió a Ana Julia de 14 años y a María del Carmen Portillo de 7 años de edad, cuando vivían con su tía en lo alto del Cerro Pando, Morazán.

"Yo trabajaba en ese tiempo (1981) en el municipio de (San Francisco) Gotera, cuando se llevaron a las niñas, pasó eso tan terrible, mataron a Etelvina mi hermana y a la gemelita de María del Carmen, se llamaba Carmelina, llegó el ejército entre las 10 de la mañana y se fueron como a la 2 de la tarde, mataron a la gente y se llevaron a mis otras dos hijas", narró.

La iniciativa para una nueva normativa y comisión de búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado contó con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo procurador adjunto Salvador Menéndez Leal, consideró, era "una demanda imperativa que sobrepasa la moral y la ética", y la iniciativa de ley de los partidos FMLN y Cambio Democrático.

Navas agregó que "sabemos que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resoluciones de septiembre de 2006 y junio 2007, ha sido que la comisión de búsqueda, creada por el decreto Ejecutivo, no cumple con los parámetros dictados en la sentencia del caso Serrano Cruz versus El Salvador".

La nueva "comisión de búsqueda" tendrá según las nuevas disposiciones un compromiso con la eficiencia, la independencia de trabajo y la imparcialidad en las investigaciones, para que permita el reencuentro de las víctimas desaparecidas con sus familias biológicas de manera respetuosa y digna.

"La comisión tiene que garantizar la verdad, el acceso a la justicia y procurar reparaciones adecuadas, con la participación de las organizaciones dedicadas a la determinación del paradero de los niños y niñas, y la comunidad, ejerciendo su función de preservar las pruebas y evidencias que obtengan, aunque no tengan competencias jurisdiccionales (poder o derecho para juzgar)", explicó.

En cuanto a la composición de la Comisión de Búsqueda, la propuesta contempla la designación de 3 personas, que se llamarán comisionados, con reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como competencia moral en los últimos 10 años, que anteceden a su nombramiento.

Y no podrá ser comisionado o comisionada ningún funcionario público, magistrados, ministros, viceministros, o parientes en cuarto grado de consaguinidad, miembros de partidos políticos o militar de profesión.

El nombramiento será el primero por la Corte Suprema de Justicia, el segundo por el Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el tercero, por las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos por la Asamblea Legislativa, previo una ronda de entrevistas para verificar antecedentes e idoneidad para el puesto.

"La comisión tendrá la facultad de investigar de oficio o por petición de cualquier ciudadano que dé información sobre el desaparecimiento forzado de niños o niñas. Y deberá promover el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y preservar el derecho a la identidad de las personas que son víctimas de las desapariciones", argumentó.

Pro Búsqueda, desde su fundación en 1993 por el Padre Jesuita Jon Cortina, ha documentado alrededor de 732 casos, de los cuales 332 han celebrado un reencuentro y 400 continúan desaparecidos. "Nosotros sabemos que cuando la gente vea el trabajo de esta nueva comisión de búsqueda, perderá su miedo y pedirá que se encuentre a su familiar", concluyó Navas.

Siguen desaparecidos medio millar de niños de la guerra en El Salvador

(Publicat a AFP el 20/08/2008)

SAN SALVADOR (AFP) — Catorce años después de su fundación, la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en la guerra civil salvadoreña mantiene el desafío de encontrar a 464 infantes, tras haber localizado a 323 en nueve países.

"Desde 1994 hemos logrado propiciar el reencuentro de 185 niños (en el presente jóvenes) con sus familiares, pero nuestro trabajo sigue sorteando obstáculos para localizar a más desaparecidos", declaró a la AFP el portavoz de Pro-Búsqueda, Milton Aparicio.

Fundada por el extinto sacerdote español-salvadoreño Jon Cortina, el organismo humanitario lamenta que en su labor todavía no encuentre la "colaboración" del Ejército y de otras instituciones del Estado para que brinden información sobre los niños que fueron entregados en adopción a extranjeros.

Con la colaboración de otros organismos humanitarios, Probúsqueda ha localizado a 100 niños en territorio salvadoreño, 60 en ciudades de Estados Unidos, 30 en Italia, 18 en Francia y el resto en Honduras, Bélgica, España, Suecia, Holanda e Inglaterra.

En algunos casos, los reencuentros no se producen debido a que los jóvenes localizados en el extranjero declinan viajar a tierras salvadoreñas por temor a represalias, comentó el portavoz del ente humanitario.

"Muchos de los niños fueron testigos del asesinato de sus padres y hoy tienen miedo de enfrentarse a una realidad en la que los victimarios todavía viven", aseguró Aparicio.

Debido a que el clamor de justicia de los desaparecidos choca con una Ley de Amnistía decretada en 1993, Pro-Búsqueda acudió con siete casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

El ente humanitario ya logró además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictara una sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño por la desaparición de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano, secuestradas por militares durante un operativo del ejército en 1982.

En virtud de la sentencia de la Corte, el Estado indemnizó a los familiares de las niñas Serrano y se fundó la Comisión oficial de búsqueda de niños.

Para el portavoz de Pro-Búsqueda, "la mayor dificultad" en su trabajo es que "el Estado niega que existan niños desaparecidos y niega cualquier información".

Los doce años de la guerra civil, que concluyeron con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla en 1992, dejaron más de 75.000 muertos, alrededor de 7.000 desaparecidos y pérdidas a la economía estimadas oficialmente en 1.579 millones de dólares.

Primer militar de alto rango comparece ante Fiscalía

(publicat al Diario Colatino de 26/06/2008)

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

“Es un hito histórico”, opinó Zayra Navas, abogada querellante en el caso de la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, al comentar la comparecencia del ex Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada y ex Viceministro de la Defensa coronel Rafael Flores Lima, en un interrogatorio que duró cuatro horas y 30 minutos.

La comparecencia de este militar se dio, por el proceso penal impulsado por la Asociación Pro-Búsqueda, en el marco del cumplimiento de la sentencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar el paradero de Erlinda (3años) y Ernestina (7 años) Serrano Cruz, desaparecidas en la Operación Limpieza o Guinda de Mayo, que ejecutó un combinado del ejército nacional.

La jurista afirmó que no podía liberar mayor información mientras no analizaran a fondo todo el contenido del interrogatorio, pero prometió posteriormente pronunciarse como Pro-Búsqueda.

“Sólo puedo adelantarles, que sus respuestas, la mayoría fueron evasivas, -no lo recuerdo- o –fue hace mucho tiempo- , no obstante, vamos a esperar que la Fiscalía envíe la declaración ante la Jueza de Primera Instancia, Morena Concepción Laínez, para saber que disposiciones toma”, dijo.

Asimismo, recalcó que, por su parte, ellos analizarán las declaraciones, para deducir las responsabilidades de los otros involucrados que serían jefes de alto rango militar.

“Sobre algunas operaciones militares, él (Flores Lima) explicó que ciertas decisiones se tomaron en el campo de batalla, pero nosotros sabemos que el estamento militar tiene una cadena de mando y, no podemos obviar eso, por eso, vamos a exigir mayor investigación”, informó.

Flores Lima, al salir del recinto fiscal, se negó a dar declaraciones a la prensa: “Será el Fiscal (José Atilio Salazar), quien dé la información sobre lo que dije”, expresó, y se retiró escoltado por sus abogados provenientes de la Fuerza Armada, y guardaespaldas que llegaron en un «pick up».

A la sombra de las fotografías de otros cientos de niños y niñas desaparecidos durante la década de los ochenta, Suyapa Serrano Cruz, expresó sus sentimientos de dolor y esperanza, en el caso de sus hermanas desaparecidas.

Además, recordó como su madre guardó la esperanza de que Erlinda y Ernestina volvieran a su hogar, y se lo comentaba al Padre Jon Cortina, quien fue pieza clave en la búsqueda de sus hijas, ya ciega por la diabetes decía: “no importa que no las vea, sólo oírlas y tocarlas me voy a conformar”, comentó Suyapa.

“Cuando estábamos en Colomoncagua (Honduras), refugiadas, recuerdo cómo teníamos que despertarla porque lloraba dormida y lo primero que nos decía era: las niñas me gritaban llorando pidiéndome comida, me sentía mal, porque no tenía nada... y es que, cuando desaparecieron en esa guinda, las niñas lloraban y tenían hambre y eso le pedían a mi mamá… pancito para ellas (rompe en llanto). Sólo espero que ese hombre nos dé una dirección, un dato, algo para encontrarlas, porque las queremos y las extrañamos todos nosotros, sus hermanos de sangre”, puntualizó.

 

DDHH-EL SALVADOR: El clamor de los niños desaparecidos

(publicat a IPS Noticias, Uruguay, el 06-04-2008) 

Por Raúl Gutiérrez 

SAN SALVADOR, abr (IPS) - Alberto Henríquez tenía seis años cuando un soldado decidió "llevárselo" de la localidad El Mozote, en el nororiental departamento salvadoreño de Morazán, donde un operativo militar contrainsurgente en diciembre de 1981 masacró a más de 1.000 personas, incluyendo ancianos y niños. El militar, Manuel Henríquez, se quedó con el niño en medio de la operación castrense cuando éste se había desprendido de sus familiares, quienes huían para evadir la muerte.

"Primero me llevó a la sede militar y luego me llevó a la casa de su madre" en el departamento Chalatenango, en el noroeste del país, relató a IPS Henríquez, a quien el soldado le brindó su apellido, y con la asistencia de su progenitora, lo crió.

Durante los siguientes 19 años nada supo del paradero de sus parientes o si habían sobrevivido a la matanza.

Ahora, con 34 años, casado y dedicado a la pesca artesanal, asegura que "mantiene buena comunicación" con su familia adoptiva, pero que también da "gracias a Dios" por haber realizado "mi reencuentro con toda mi familia (biológica)", en mayo de 2000.

Alberto forma parte de los 787 casos registrados de niños desaparecidos durante el conflicto armado interno (1980-1992), muchos de los cuales fueron llevados a orfanatos o dados en adopción a familias estadounidenses y europeas.

Desde 1994, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos ha logrado facilitar el reencuentro con sus familias biológicas de 335 "niños desaparecidos", ahora adultos, tanto en el interior de este país centroamericano como en varias ciudades de Estados Unidos y de Europa. El resto de esas personas aún no se han ubicado

En marzo de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez en la historia al Estado salvadoreño por la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, desaparecidas durante un operativo militar en Chalatenango en junio de 1982 cuando tenían de siete y tres años respectivamente.

La sentencia del tribunal que funciona en el ámbito de la Organización de Estados Americanos ordenó a El Salvador, como primera medida de reparación a la familia, "investigar los hechos, sancionar a los responsables y efectuar la búsqueda" de las Serrano.

La sentencia, entre otras medidas incluye, el funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños, la designación de un día dedicado a los niños desaparecidos, brindar tratamiento médico y psicológico a las familias de las víctimas y la reparación material e inmaterial a ellas.

La celebración del Día Nacional de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado, aprobada por el parlamento salvadoreño en enero de 2007, tuvo su acto el 29 de marzo en San Salvador, organizado por la Asociación Pro-Búsqueda y donde Alberto brindó su testimonio.

Durante el festival, desarrollado en la ocasión en un parque del centro capitalino, se observaron carteles con historias entrecruzadas de los "reencuentros" y los que aún se buscan, d oficiales militares responsables de masacres y desapariciones, mientras adultos y jóvenes compartieron sus testimonios de la guerra, y otros de "esperanza de algún día" reencontrarse con sus familiares.

La guerra civil finalizó con los acuerdos de paz de 1992 entre el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla, ahora convertido en partido político legal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y dejó unos 75.000 muertos, 8.000 desparecidos y alrededor de 50.000 lisiados Mario Sánchez, coordinador de Pro-Búsqueda, reclamó que el Estado aún no "investiga ni esclarece el paradero de los niños desaparecidos; tampoco señala a los responsables, lo que promueve la impunidad".

Sánchez denunció que el gobierno no da "contenido" al Día de la Niñas y los Niños Desaparecidos, ignorando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Existe un silencio por parte del Estado y somos las víctimas las que siempre tenemos que estar" recodando el tema, manifestó Sánchez a IPS, y explicó que acudieron a las instancias internacionales después de muchos años sin recibir respuesta de sus demandas ante la justicia local.

Se podrían "realizar actos públicos, recordatorios en las escuelas, publicar campos pagados, declarar un minuto de silencio para dignificar a las víctimas", acciones que garanticen que "estos hechos se conozcan y que no se vuelvan a repetir", demandó el activista social.

Pro-Búsqueda demandó a fines de marzo a los fiscales Yessenia Salguero, José Salazar y José Zavala, de la seccional de Chalatenango de la Fiscalía General de la República (FGR), por "faltas graves e inobservancia a sus deberes relativos a cumplir con el ordenamiento jurídico" en el caso de las hermanas Serrano.

En tres ocasiones, la última en mayo de 2007, el juzgado de Chalatenango ordenó a la FGR solicitar al ministro de Defensa y al presidente Antonio Saca, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FAES), la nomina de oficiales que comandaron la "Operación Limpieza", cuando desaparecieron Ernestina y Erlinda. Hasta la fecha, las FAES sólo han develado el nombre de dos oficiales pero se niegan a dar las referencias de los jefes del operativo.

Leonor Arteaga, abogada de Por-Búsqueda, exigió que se cumpla la orden judicial para identificar a los responsables y dar con el paradero de las hermanas Serrano.

"Se han negado a acatar la orden judicial. El fiscal general (Garid Safie) ha sido negligente por no ordenar que se entregue la planilla militar que participó en la acción militar", manifestó Arteaga.

La Corte Interamericana, según Sánchez, ha emitido dos resoluciones de supervisión, una en 2006 y la otra en 2007, relacionadas a la condena sobre el caso Serrano, en los que urge al Estado salvadoreño cumplir con la totalidad de la sentencia.

A fines de marzo, Amnistía Internacional (AI), publicó un comunicado en el que exige al Estado salvadoreño cumplir con lo ordenado por la Corte y denunció que los "puntos sustanciales" de la resolución siguen sin cumplirse.

"El presidente (Saca) y el fiscal general deben tomar las medidas a su alcance para facilitar las investigaciones", indica el documento. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra de las instancias de la Organización de Estados Americanos, admitió, a solicitud de Pro-Búsqueda, dos nuevos casos de desaparición forzada. El de la niña Emelinda Hernández y el niño Santos Salinas, ambos desaparecidos en 1981.

Alberto, por su parte, seguirá dando "su testimonio" de que "sí hay niños desaparecidos" aunque el gobierno trate de negarlo o ignorarlo. (FIN/2008) 

El Salvador en deuda con desaparecidos: Amnistía Internacional

(publicat al Diario Colatino el 29/03/2008)

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

En un comunicado de prensa, Amnistía Internacional reiteró la “deuda” de justicia que tiene el gobierno con los niños desaparecidos y niñas desaparecidas durante el conflicto armado en la década de los 80.

“Amnistía Internacional vuelve a exigir al Estado salvadoreño que cumpla con sus obligaciones establecidas en el fallo de fondo y requerimientos posteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de las Hermanas Serrano Cruz”, afirma dicha organización.

El llamamiento es debido a que, tres años después del fallo, los puntos sustanciales de la sentencia aún permanecen incumplidas por parte del gobierno en turno, que al no identificar a los responsables de la desaparición, cometen permanentemente esa violación a la integridad física de las hermanas Serrano Cruz. “El Fiscal General (Félix Garrid Safie) y el Presidente de la República , (Elías Antonio Saca), entre otras autoridades, deben tomar todas las medidas a su alcance para facilitar las investigaciones” señala el documento.

Amnistía observa que desde la creación de la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a consecuencia del Conflicto Armado de El Salvador, en 2004, este organismo ha tenido un papel pobre e insatisfactorio.

El informe señaló que la comisión sólo ha resuelto 30 casos y la mayoría de éstos no se refieren a desapariciones forzadas.

“Más de 700 niños y niñas han sido señalados como desaparecidos, durante el conflicto armado interno en El Salvador (1980-1992). Gracias a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil más de 300 han sido localizados. Sin embargo, este día, Amnistía Internacional quiere destacar que la tarea de ubicar a estos niños y niñas es, ante todo, «es una obligación estatal”.

Por su parte, Pro-Búsqueda informó que la Comisión Interame- ricana de Derechos Humanos admitió dos nuevos casos de desaparición forzada de niños y niñas, bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada.

Los casos son de la niña Emelinda Lorena Hernández y el niño Santos Ernesto Salinas, iniciados a partir de demandas presentadas por Pro-Búsqueda en las que se denunció al Estado salvadoreño por su responsabilidad en la desaparición forzada y la falta de justicia, en acciones para dar con su paradero.

Emelinda Lorena Hernández desapareció forzada por el Ejército salvadoreño, el 12 de diciembre de 1981 en el Cantón La Joya, jurisdicción de Meanguera, en el Departamento de Morazán, en un operativo militar realizado por el Batallón Atlacatl.

Santos Ernesto Salinas desapareció, a manos de la Fuerza Armada, el 25 de octubre de 1981.

Pro-Búsqueda seguirá investigando los casos de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado, bajo el compromiso de que exista justicia para sus familiares sobrevivientes.

Exigir que se haga justicia y que no se repitan los crímenes de lesa humanidad, es el propósito del evento que este sábado realizará en el Monumento Memoria y Verdad, en el Parque Cuscatlán, la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.

La actividad con testimonios y conciertos se enmarca en la Conmemoración del Día de las Niñas y Niños Desaparecidos, que por decreto de la Asamblea Legislativa se celebra cada 29 de marzo.