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Grup de Solidaritat Jon Cortina

Carta d'Amnistia Internacional (Alemanya) al president de El Salvador

Amnesty International – Postfach 580564 – 10414 Berlin

Presidente de la República de El Salvador
S. E. Elías Antonio Saca
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo 5500
San Salvador

El Salvador

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Berlin, den
30.10.2007

Estimado Señor Presidente:
corno Amnistía lnternacional, sección alemana, nos gustaría recordarle algunas de nuestras preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en El Salvador.
Amnistía lnternacional esta particularmente preocupada por la detención y el aparente maltrato a miembros de organizaciones sociales durante las protestas. El 2 de julio de 2007 mas de 20 personas fueron arrestadas en una manifestación en Suchitoto contra el lanzamiento de una política de descentralización de servicios públicos, entre ellos las directoras y dos miembros de la organización Asociación para el desarrollo de El Salvador (conocida corno CRIPDES). Durante la detención, el traslado a la sede policial y la posterior permanencia en prisión estas personas fueron sujetas a maltratos físicos y psíquicos. La Fiscalía General de la República presentó cargos contra 13 de los detenidos, los cuales permanecieron en prisión hasta el 28 de julio. Ese día obtuvieron libertad condicional. Los manifestantes permanecen acusados de actos de terrorismo estipulados en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Si bien Amnistía lnternacional reconoce el derecho y la obligación de las autoridades de mantener el orden público, deseamos reiterarle nuestra preocupación de que dicha ley está siendo usada de forma arbitraria y que las penas contempladas en ella son desproporcionadas en este caso (1). Asimismo, la organización reitera su temor de que en este caso se busque castigar a los manifestantes con el objetivo de inhibir otras protestas legitimas en el futuro. Este procedimiento es una lesión al derecho de libre expresión así corno a la libertad de reunión y de asamblea. Amnistía lnternacional desea recordarle que en casos de supuesto terrorismo, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, entre otros órganos regionales e internacionales, ha instado a los estados miembros "tener en cuenta los compromisos pertinentes en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están obligados" (2).
De ahí que Amnistía lnternacional le ruegue al estado salvadoreño que lleve a cabo una investigación imparcial, amplia y profunda sobre estos casos respetando las normas internacionales de derechos humanos y que desestime los cargos judiciales desproporcionados o arbitrarios.
Amnistía lnternacional además está muy preocupada por la posible reaparición de los escuadrones de la muerte que ya durante el conflicto armado interno de 1980 a 1992 cometieron muchos abusos. El 2 de julio de 2006 Francisco Antonio Manzanares y su esposa Juana Monjaras de Manzanares fueron asesinados en su vivienda. El modus operandi utilizado para cometer el crimen se asimila a la actuación de los escuadrones de la muerte durante el conflicto armado interno. Durante muchos años la hija de ambos Marina Manzanares ha sido miembro activa del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y antes del hecho ella y su madre habían recibido amenazas de muerte. Francisco Manzanares, el hijo de la familia, de igual manera políticamente comprometido, fue asesinado en 1996. Hasta hoy las personas responsables del asesinato de este matrimonio y de las amenazas de muerte no han sido identificadas ni han avanzado las diligencias procesales.
También son cada vez mas conocidos los ataques y trabas hacia individuos y organizaciones que intervienen en la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, los miembros de Asociación Entre Amigos, incluido su director William Hernández, han recibido amenazas de muerte y han sido vigilados con el aparente objetivo de impedir su trabajo en beneficio de los derechos de minorías sexuales. El 1 de junio de 2006 William Hernández fue amenazado con arma delante de la oficina de la organización en San Salvador, poco después de que un policía puesto para su protección terminara su turno. Dos días antes habían robado en las oficinas de la Asociación Entre Amigos y los delincuentes dejaron amenazas escritas. Ningún objeto de valor desapareció, pero si fueron robados los documentos sobre actividades planeadas.
Aunque todos estos acontecimientos fueron denunciados ante las autoridades respectivas, se han realizado solamente investigaciones superficiales que hasta hoy no han llevado a la sanción penal de sus autores.
Otra de las preocupaciones que deseamos mencionar son los numerosos casos de violencia contra la mujer, en particular los casos de violaciones y asesinatos, los cuales motivaron la carta abierta que Amnistía lnternacional le enviara el 13 de octubre de 2005 (3). En ese documento la organización le señalaba las deficiencias detectadas en numerosos casos en cuanto a falta de investigación y de esclarecimiento.
Como Ud. sabrá, las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno continúan siendo una preocupación permanente de Amnistía lnternacional. En este sentido, deseamos mencionar la cuestión de las niñas y niños desaparecidos y la continuada vigencia de la Ley de Amnistía. En cuanto a la primera, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos pronunció sentencia en marzo de 2005 en el caso de desaparición de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz y entrego recomendaciones que hasta hoy han sido cumplidas solo en parte por el gobierno. En su resolución del 3 de julio de 2007 sobre el cumplimiento de sentencia la Corte indico que sobre un total de 10 puntos resolutivos el estado había cumplido con dos, había dado cumplimiento parcial a otros dos y no había cumplido los restantes. En este sentido, Amnistía lnternacional pide a su gobierno ejecutar íntegramente y a la mayor brevedad las resoluciones de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y le recuerda que actualmente existen al menos 464 niñas y niños desparecidos.
En cuanto a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (Decreto No 486 de fecha 20 de marzo de 1993 y publicado el 22 de marzo de 1993), la misma impide la completa aclaración y el procesamiento penal de los responsables de violaciones a los derechos humanos y se contrapone a diversos instrumentos internacionales voluntariamente aceptados por El Salvador. De ahí que Amnistía lnternacional pide una vez mas al Gobierno de El Salvador abolir esta ley.
Por último, la ratificación del Estatuto de la Corte Penal lnternacional y de la Convención
lnternacional de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas constituirían una señal importante del Gobierno de El Salvador para demostrar su predisposición a fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país.
Atentamente,

Barbara Lochbihler
Secretaria General

(1) Ver "El Salvador: Manifestantes víctimas de legislación anti-terrorista", comunicado público de Amnistía lnternacional, índice Al AMR 29/002/2007, 13 de julio de 2007.
(2) Primera recomendación del documento de la Comisión lnteramericana titulado "Informe sobre Terrorismo v Derechos Humanos" (OEA/Ser.L/VIII 116. Doc. 5 rev. 1 corr. Octubre de 2002).
(3) Ver "El Salvador: Terminar con la impunidad de la violencia contra la mujer. Carta al Presidente Elías Antonio Saca", 13 de octubre de 2005.


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