El Salvador desentierra su pasado

(publicat per BBC Mundo el 27/05/2008)

 

Eric Lemus
Ciudad Barrios, El Salvador

 

 

Casi dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, miles de desaparecidos todavía están bajo la tierra.

Desde que la guerra terminó en 1992, el paradero de miles de personas sigue pendiente en el proceso de reconciliación salvadoreña.

Hasta la fecha, solamente los familiares y las organizaciones de derechos humanos continúan investigando el tema de los desaparecidos que, según cifras oficiales, suman más de 7.000.

En el cantón La Angostura, decenas de lugareños se reunieron para cerrar un capítulo de sus vidas.

El poblado está en una zona rural, en la jurisdicción de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 136 kilómetros al este de San Salvador.

A iniciativa del Centro de Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", las autoridades judiciales exhumaron los restos de seis personas muertas hace 27 años.

Según el registro de la ONG, los autores fueron miembros de las fuerzas armadas.

 

Vencer el temor

"Tengo que sentir algo, reconocer algo, aunque no sé cuáles huesitos son los que se van a ver. Si es el cráneo, algún brazo", dice María Salmerón, de 70 años.

María es madre de José Noé es un chico que de acuerdo al Centro Lagadec fue ejecutado por soldados el 7 de enero de 1981, cuando tenía 17 años, en el marco de un operativo contra la guerrilla.

Elí Hernández, de 32 años, que trabaja para la organización no gubernamental, observa que el deseo de los familiares vence el temor de las autoridades judiciales en torno a este tema.

"Hay muchas personas que estuvieron involucradas (en las desapariciones) y todavía están en cargos de poder", dijo Hernández a BBC.

En este caso, el juez segundo de paz de la localidad, Samuel Molina dijo a la BBC que "todos tienen derecho para acceder a la justicia".

Durante la exhumación, aparecen calcetines, un escapulario y una placa dental. El forense remueve la tierra y encuentra el cráneo de quien probablemente fue José de la Paz Pineda. Tenía 87 años cuando lo mataron.

Trabajo silencioso

Desde el inicio de la transición hacia la democracia, el Centro "Madeleine Lagadec" con la cooperación de la Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha exhumado los restos de unas 600 personas.

Las organizaciones pro derechos humanos deben gestionar fondos a través de agencias de cooperación para cubrir el transporte, una caja mortuoria, la alimentación de los peones y personal judicial, así como los gastos jurídicos que implica una investigación de esta naturaleza.

Esta no es la única exhumación que se realiza en el país.

Hace unas semanas, la BBC también presenció el hallazgo de otros restos humanos.

Fue en la hacienda La Florida, en el cantón Costa Rica, jurisdicción de Texistepeque, departamento de Santa Ana, a 85 kilómetros al oeste de la capital.

En este lugar, el 20 de noviembre de 1982, según el Centro "Madeleine Lagadec", miembros de la "defensas civiles" (paramilitares) capturaron a siete cooperativistas acusados de colaborar con la guerrilla y los ejecutaron en dos predios a orillas de la calle.

De los homicidios nunca hubo un registro oficial; solamente el testimonio de los familiares de las víctimas.

"La intención de realizar esta exhumación es porque las viudas de estos hombres tuvieron la suficiente fuerza moral para hacerla. Su último deseo era verlos, aunque sea los esqueletos", reflexiona Hernández

El Mozote

Los acuerdos de paz, suscritos en México, el 16 de enero de 1992, consignaron la creación de una Comisión de la Verdad bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU) para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por los bandos en conflicto.

 

Aquel documento, titulado "De la locura a la esperanza", registró la masacre del poblado campesino El Mozote, donde forenses encontraron los restos de casi 900 víctimas, de las cuales la mayoría eran niños y mujeres.

Para organizaciones como Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, esta masacre fue la más representativa de las violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

El informe de la ONU responsabilizó al batallón Atlacatl, el cual fue disuelto una vez empezó la transición.

En este contexto, la Iglesia Católica editará próximamente "Masacre a la inocencia", un nuevo libro sobre los hechos en El Mozote con el objetivo de recuperar la memoria y devolver el honor a las víctimas.

Mientras tanto, en lugares rurales como Ciudad Barrios, los parientes de las víctimas de la guerra tratan de reconstruir la parte más dolorosa de su pasado.

Ellos han logrado cerrar un capítulo de sus vidas; pero los familiares de miles de otros desparecidos permanecen en el limbo.