Libertad total para las 14 personas del Caso Suchitoto

CRIPDES Y CORDES COMUNICA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Juez Primero de Paz de Suchitoto, resolvió el día 19 de febrero de 2008 dar sobreseimiento definitivo a las 14 personas procesadas por el “caso Suchitoto” en vista que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó requerimiento Fiscal alguno (acusación), ni tampoco se presentó a la audiencia en la hora señala (9:00 AM), el juez espero una hora con diez minutos antes de dictar su resolución. La FGR se presentó extemporáneamente sin un requerimiento Fiscal.

La FGR podrá apelar la resolución ante la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, pero no tendrá posibilidades de éxito dentro del marco de la ley porque nunca ha tenido las pruebas que incriminen a las 14 personas de los delitos que les ha estado acusando injustamente, primero por actos de terrorismo,  después por desórdenes públicos y daños agravados.

El Juez tomó una resolución apegada a derecho, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos establecidos en la Constitución de la República, haciendo prevalecer la justicia en nuestro país, decretando la libertad total de los 14 compañeros capturado/as y procesado/as. Lamentamos que esto haya pasado siete meses después, cuando desde el principio se demostró la inocencia de las 14 personas.  

El “Caso Suchtitoto” inició el día 2 de julio del 2007 cuando pobladores de Suchitoto y organizaciones sociales, haciendo uso de los derechos y libertades establecidas en la Constitución de la República, como la libertad de expresión, la libertad de organización y la libertad de movilización; realizaban diferentes actividades de rechazo frente a la política de privatización del agua. La respuesta por parte del Gobierno del Sr. Antonio Saca fue una brutal  represión física y psicológica llevada a cabo con lujo de barbarie, por un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO y otros grupos élites de la policía y el ejército.  

En ese marco, se capturó injustamente a 14 personas miembros de comunidades y dirigentes de organizaciones sociales, a quienes posteriormente se les procesó injustamente bajo los delitos de actos de terrorismo, desórdenes públicos,  daños agravados y bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, una ley profundamente cuestionada por reñir con la Constitución de la República, atentar contra derechos constitucionalmente establecidos y por criminalizar la protesta social. Dicha situación ha sido cuestionada en informes de diversas instancias nacionales e internacionales como la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tutela Legal del Arzobispado, Amnistía Internacional, la Unión Europea, Embajadas y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el País, miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

Luego de los siete meses solicitados por la Fiscalía General de la República, que expiraron el día 8 de febrero de 2008, para “sustentar el caso” durante los cuales lógicamente no tenía pruebas, llega a la conclusión de que las personas capturadas y procesadas no han cometido “ACTOS DE TERRORISMO”, como fuera calificado en un primer momento; cargo que mantuvo en la cárcel a 13 personas por varios días y que posteriormente fueron liberadas condicionalmente por la presión nacional e internacional demostrando que hubo una violación expresa a los derechos humanos. Sin embargo, se les siguió acusando injustamente de desórdenes públicos y daños agravados a las 14 personas. 

Ante el cambio de acusación por parte de la FGR, de Actos de Terrorismo a Desórdenes Públicos y Daños Agravados, la Jueza Lic. Ana Lucila Fuentes de Paz del Juzgado de Instrucción Especializado, se declaró incompetente para juzgar el caso, bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, en dicho Juzgado de Instrucción Especializado, procediendo a su traslado al Juzgado Primero de Paz de Suchitoto, el cual señala la audiencia inicial para el día 19 de febrero de 2008, a las 9:00 AM, acto en el cual dejó en libertad definitiva a las 14 personas en mención. 

Por tanto exigimos: 

A las autoridades fiscales y policiales, cesar la represión contra las personas y grupos que, en ejercicio de la libertad de expresión, defienden el derecho humano a una vida digna de nuestro pueblo, de manara de no repetir las violaciones a los Derechos Humanos como lo sucedido con el “Caso Suchitoto” 

Exigimos el respecto a los Derechos Humanos en El Salvador en todas sus expresiones.  

Agradecimientos: 

En nombre de las 14 personas procesadas a todos los organismos nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos, a la Cooperación Internacional, Embajadas, Parlamentarios o Congresistas, Comités de Solidaridad, Sindicatos, Iglesias, Movimientos Sociales, Comunidades y todas aquellas personas anónimas que han estado acompañando este proceso justo de luchar por el respecto a los derechos humanos en El Salvador,  que se han visto claramente violados con el Caso Suchitoto; para todos ellos nuestros más profundos agradecimientos.

Además solicitamos mantenerse pendiente hasta cerrar definitivamente este caso y continuar trabajando juntos por el respeto a los Derechos Humanos, por un El Salvador más justo y en paz. 

El Salvador, Suchitoto,  febrero de 2008