Minería metálica: El espeluznante proyecto de ley de Pacific Rim

(publicat al Diario Colatino el 27 de febrer de 2008)

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería

El proyecto de nueva ley de minería que varios diputados de derecha quieren aprobar no fue elaborado por el Ejecutivo, sino por los representantes legales de la empresa Pacific Rim, encabezados por Fidel Chávez Mena, también abogado del poderoso Grupo Poma.

La Mesa Nacional frente a la Minería lo constató mediante la filtración de un correo electrónico enviado desde la oficina de Chávez Mena al despacho del diputado pecenista Orlando Arévalo, cuyo contenido es la propuesta de ley en cuestión.

Esto es importante reiterarlo. Pero aún más relevante es mencionar los elementos más aterradores del proyecto de ley, los cuales confirman el puño y letra de Pacific Rim, dado que buscan justamente superar los “obstáculos” que la compañía canadiense ha encontrado en la actual Ley de Minería y en las instancias gubernamentales, especialmente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 La propuesta de ley de Pacific Rim plantea que los permisos de exploración y explotación minera ya no serían otorgados por el Estado a través de los ministerios de Economía y de Medio Ambiente, sino por una “autoridad minera”.

Esta “autoridad minera” estaría integrada mayoritariamente por los representantes de las empresas mineras y, aunque la propuesta tiene el cinismo de establecer un espacio para el gobierno y las organizaciones ecologistas, es claro que la correlación favorable permitiría a las empresas ejecutar todos sus proyectos sin ninguna restricción.

 Según la actual Ley de Minería, los permisos de exploración son otorgados por el Ministerio de Economía y los permisos ambientales para autorizar la explotación son asignados por el Ministerio de Medio Ambiente, el mismo que le ha negado la licencia a Pacific Rim durante casi tres años.

 Otra aberración del proyecto de ley de Pacific Rim consiste en que el permiso de explotación sería otorgado –por la “autoridad minera” – automáticamente después de haber sido asignada la licencia de exploración.

En la Ley de Minería que está vigente, los permisos de explotación no son automáticos, sino que dependen de un estudio de impacto ambiental satisfactorio.

Pacific Rim tiene varias licencias de exploración, pero el gobierno no le extiende ningún permiso de explotación porque no cumple con los requerimientos ambientales.

 En la propuesta de ley de Pacific Rim desaparece la presentación de los estudios de impacto ambiental y la consulta ciudadana, establecidos en la actual Ley de Medio Ambiente.

 Además, el proyecto de ley de dicha compañía minera no regula el uso del agua, con lo cual las empresas extractivas podrían utilizar la cantidad de agua que necesiten sin tener que pagar por esta.

Tampoco determina obras de mitigación ambiental ni medidas de compensación social, por tanto, las compañías mineras no tendrían ninguna responsabilidad por los daños que causen al medio ambiente, la salud humana y las actividades productivas.

La propuesta de ley en cuestión es para entregar a las empresas mineras toda la región norte del país.

La actual Ley de Minería establece en su artículo 15 que el gobierno debe declarar áreas incompatibles con la minería las zonas de recarga hídrica, las áreas de reserva ecológica, los sitios utilizados para actividades productivas y los lugares poblados o cercanos a poblaciones.

Pacific Rim y las demás empresas mineras establecidas en el país pretenden ejecutar sus proyectos sobre la cuenca del Río Lempa –nuestra principal reserva estratégica de agua–, en medio de comunidades y en las tierras donde la gente realiza actividades agrícolas, ganaderas y de turismo de montaña.

 El proyecto de ley impulsado por los diputados de ARENA, PCN y PDC plantea que una empresa puede vender sus derechos a otras compañías.

Este detalle confirma la autoría de la empresa canadiense en la espeluznante propuesta de ley, pues Pacific Rim no tiene experiencia en explotación, sino únicamente en exploración minera. Su práctica es explorar y luego vender los derechos a otras empresas.

Para hacer esto en nuestro país necesita una ley que lo permita, ya que la Ley de Minería vigente establece que el Estado es el propietario de subsuelo y, por tanto, el único que puede conceder licencias para la extracción de sus minerales.