Grup de Solidaritat Jon Cortina

(publicat al Diario Colatino el 03/07/2008)

Iván C. Montecinos

Suchitoto es una linda ciudad que sufrió la violencia de la guerra civil de los años ochenta y que posterior a los Acuerdos de Paz tomó un nuevo impulso, sobresaliendo como destino turístico en el ámbito nacional e internacional. El dos de julio de 2006, fue impactada con la espeluznante noticia del asesinato de los ancianos esposos Juana Monjarás y Francisco Antonio Manzanares, padres de Marina, mejor conocida como “Mariposa”, legendaria ex locutora de las radios Venceremos y Farabundo Martí.

Fresco está en mi memoria lo que pasó en los días anteriores a ese horrendo crimen, cuando Marina muy entusiasmada me pidió le prestara unas fotografías sobre la guerra, para ser expuestas en la inauguración de su restaurante “El Papalut”, programada para el 24 de junio de 2006.

Tal como estaba previsto, la inauguración del Papalut se llevó a cabo en la fecha indicada, con la asistencia de numerosos invitados que se entusiasmaron por el local y la oferta cultural que ahí se presentaría, los augurios eran de optimismo y éxitos para  la apertura de un nuevo espacio que ampliaba la oferta turística de la ciudad con rasgos coloniales. Por supuesto, ésta inauguración contó con la distinguida presencia de “Don Paco”, un hombre de 79 años, de mirada sincera, que se sentía muy orgulloso del ambicioso proyecto que esperaba desarrollar su hija Marina.

Todos los planes sobre El Papalut, que Mariposa se había trazado con un gran esfuerzo y sacrificio, fueron interrumpidos abruptamente nueve días después de la inauguración, cuando ese triste domingo dos de julio, se conoció la muerte de sus padres, quienes fueron salvajemente torturados y asesinados al mejor estilo de los siniestros escuadrones de la muerte. Este abominable hecho sacudió la sociedad de Suchitoto, que no alcanzaban a comprender cómo era posible que se hubiera producido un acto de semejante magnitud y que ponía en entredicho la tranquilidad de la que se jactaban los habitantes de esta pintoresca población.

Dos años han transcurrido desde aquel fatídico primer domingo de julio y hasta este momento las investigaciones de la Fiscalía General de la República aún no arrojan ningún resultado sobre el esclarecimiento de quiénes fueron los responsables de haber cometido este asesinato. Todo se encuentra, como suele suceder en este país, en una real impunidad.

Por su parte, Marina Manzanares, fue obligada a cerrar su prometedor negocio y a los pocos días de los hechos forzada a abandonar el país ante las frecuentes amenazas de muerte que recibió junto a su pareja. Ella, durante este tiempo en el exilio ha estado  desarrollando una permanente campaña de denuncia a nivel internacional contra la Fiscalía General, demandando el esclarecimiento del asesinato y el juicio y castigo para los asesinos de sus padres, pero no ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria.

En ese marco, Marina le envió una carta en noviembre de 2007 al Fiscal Félix Garrid Safie, en la que se refería a las declaraciones que el fiscal Walter Ruiz, de la Unidad del Crimen Organizado, le había ofrecido a un periodista de El Diario de Hoy diciendo: «Ella no ha contribuido a que le demos robustez a su hipótesis. Su pertenencia al FMLN y porque fue locutora de Radio Venceremos es lo que la hace inferir de que se trata de un crimen político. Pero no ha dado razonamientos que a nosotros nos haga inferir que se trata de eso… Por ahora, se escudriña la posibilidad de que el asesinato se haya derivado de problemas o intereses familiares. En esa línea de investigación, la principal sospechosa es Mariposa”.

Estas declaraciones fueron contundentemente desmentidas en esa carta por Mariposa: “Comprenderá señor Fiscal que estas declaraciones, además de contener absoluta falsedad, son malintencionadas, irresponsables y causan una grave revictimización en mi persona y en mi familia; declaraciones que no solo ofenden mi honor, sino que causan un nuevo dolor por atreverse a decir que están investigando la posibilidad de mi participación en ese horrendo crimen”.

Al finalizar la misiva Marina exponía su rechazo a las acusaciones mal prefabricadas del fiscal Ruiz y pedía que se le sacara del caso y que fuera procesado por el delito de difamación y calumnias. Ya han pasado más de ocho meses desde que esta carta fue enviada y hasta el momento el Fiscal General no ha ofrecido ninguna respuesta y nada se conoce sobre las últimas investigaciones hechas sobre este crimen.

Este dos de julio se cumplieron dos años de total ausencia de justicia e impunidad en el caso Manzanares- Monjarás y el hecho fue recordado en Suchitoto  con un Festival Artístico Cultural y con el foro “Basta de Impunidad y Represión”, realizado en el auditórium Herbert Anaya Sanabria de la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Además, el seis de julio se oficiará una misa conmemorativa a las 10 de la mañana en la cripta de Catedral Metropolitana.

¿Hasta cuándo en nuestro país será realidad aquello de una pronta y efectiva justicia?, ¿Cuántos años tendremos que esperar para ver señales positivas de las autoridades? Hoy por hoy esos funcionarios parecieran estar demasiado ocupados en desenmarañar casos políticos, como el publicitado FARC y FMLN; y se despreocupan por esclarecer hechos como el que aquí mencionamos y otros de gran trascendencia para la sociedad salvadoreña, tal es el caso del asesinato de la niña Katia Miranda, próximo a prescribir.

“Y ahora escribe” Iván C Montecinos, periodista, colaborador de Diario Co Latino y Raíces.

(publicat per BBC Mundo el 27/05/2008)

Eric Lemus
Ciudad Barrios, El Salvador

Casi dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, miles de desaparecidos todavía están bajo la tierra.

Desde que la guerra terminó en 1992, el paradero de miles de personas sigue pendiente en el proceso de reconciliación salvadoreña.

Hasta la fecha, solamente los familiares y las organizaciones de derechos humanos continúan investigando el tema de los desaparecidos que, según cifras oficiales, suman más de 7.000.

En el cantón La Angostura, decenas de lugareños se reunieron para cerrar un capítulo de sus vidas.

El poblado está en una zona rural, en la jurisdicción de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 136 kilómetros al este de San Salvador.

A iniciativa del Centro de Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", las autoridades judiciales exhumaron los restos de seis personas muertas hace 27 años.

Según el registro de la ONG, los autores fueron miembros de las fuerzas armadas.

Vencer el temor

"Tengo que sentir algo, reconocer algo, aunque no sé cuáles huesitos son los que se van a ver. Si es el cráneo, algún brazo", dice María Salmerón, de 70 años.

María es madre de José Noé es un chico que de acuerdo al Centro Lagadec fue ejecutado por soldados el 7 de enero de 1981, cuando tenía 17 años, en el marco de un operativo contra la guerrilla.

Elí Hernández, de 32 años, que trabaja para la organización no gubernamental, observa que el deseo de los familiares vence el temor de las autoridades judiciales en torno a este tema.

"Hay muchas personas que estuvieron involucradas (en las desapariciones) y todavía están en cargos de poder", dijo Hernández a BBC.

En este caso, el juez segundo de paz de la localidad, Samuel Molina dijo a la BBC que "todos tienen derecho para acceder a la justicia".

Durante la exhumación, aparecen calcetines, un escapulario y una placa dental. El forense remueve la tierra y encuentra el cráneo de quien probablemente fue José de la Paz Pineda. Tenía 87 años cuando lo mataron.

Trabajo silencioso

Desde el inicio de la transición hacia la democracia, el Centro "Madeleine Lagadec" con la cooperación de la Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha exhumado los restos de unas 600 personas.

Las organizaciones pro derechos humanos deben gestionar fondos a través de agencias de cooperación para cubrir el transporte, una caja mortuoria, la alimentación de los peones y personal judicial, así como los gastos jurídicos que implica una investigación de esta naturaleza.

Esta no es la única exhumación que se realiza en el país.

Hace unas semanas, la BBC también presenció el hallazgo de otros restos humanos.

Fue en la hacienda La Florida, en el cantón Costa Rica, jurisdicción de Texistepeque, departamento de Santa Ana, a 85 kilómetros al oeste de la capital.

En este lugar, el 20 de noviembre de 1982, según el Centro "Madeleine Lagadec", miembros de la "defensas civiles" (paramilitares) capturaron a siete cooperativistas acusados de colaborar con la guerrilla y los ejecutaron en dos predios a orillas de la calle.

De los homicidios nunca hubo un registro oficial; solamente el testimonio de los familiares de las víctimas.

"La intención de realizar esta exhumación es porque las viudas de estos hombres tuvieron la suficiente fuerza moral para hacerla. Su último deseo era verlos, aunque sea los esqueletos", reflexiona Hernández

El Mozote

Los acuerdos de paz, suscritos en México, el 16 de enero de 1992, consignaron la creación de una Comisión de la Verdad bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU) para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por los bandos en conflicto.

Aquel documento, titulado "De la locura a la esperanza", registró la masacre del poblado campesino El Mozote, donde forenses encontraron los restos de casi 900 víctimas, de las cuales la mayoría eran niños y mujeres.

Para organizaciones como Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, esta masacre fue la más representativa de las violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

El informe de la ONU responsabilizó al batallón Atlacatl, el cual fue disuelto una vez empezó la transición.

En este contexto, la Iglesia Católica editará próximamente "Masacre a la inocencia", un nuevo libro sobre los hechos en El Mozote con el objetivo de recuperar la memoria y devolver el honor a las víctimas.

Mientras tanto, en lugares rurales como Ciudad Barrios, los parientes de las víctimas de la guerra tratan de reconstruir la parte más dolorosa de su pasado.

Ellos han logrado cerrar un capítulo de sus vidas; pero los familiares de miles de otros desparecidos permanecen en el limbo.

Como ustedes saben, el 2 de Julio de 2007 fueron capturadas 14 personas en el municipio de Suchitoto en el marco de una protesta contra la privatización del agua, las cuales fueron detenidas en diferentes momentos, unas durante la protesta, otras cuando viajan hacia Suchitoto y dentro de la ciudad del municipio en mención. Entre ellos estaban dos mujeres integrantes de la Junta Directiva de CRIPDES (presidenta y vicepresidenta), la encargada de comunicaciones y el motorista.

La Fiscalía General de la República (FGR) les acusó de Actos de Terrorismo y daños agravados. Todos fueron procesados por un Tribunal especial que decretó detención provisional para 13 personas y sobreseimiento provisional para una persona. El proceso de instrucción o de investigación finalizó el día 8 de Febrero de 2008.

La presión jurídica de la defensa y la presión social de diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como instituciones estatales demandaron la libertad de las 14 personas por considerarse una violación a los derechos humanos y un proceso injusto que no correspondía a la realidad del caso, a tal punto que se creo un comité de presos y presas políticos compuesto por las familias de las personas procesadas. Fue así que las últimas personas que cobraron libertad condicional estuvieron en la cárcel 26 días.

Una vez se le venció el Plazo de investigación a la FGR, ésta cambió la tipificación del delito de Actos de Terrorismo a Desórdenes Públicos y Daños Agravados, por tanto el Tribunal especializado se declaró incompetente para seguir conociendo el caso y lo envió a un Tribunal Común, es decir, al Juzgado Primero de Paz de Suchitoto.

El 19 de febrero de 2008, el Juzgado Primero de Paz realizó la audiencia, pero la FGR no se presentó a tiempo y nunca presentó un requerimiento fiscal (Acusación) como lo establece la ley, por tanto, el Juez decretó libertad definitiva para las 14 personas por falta de acusación y pruebas contra los imputados.

La FGR apeló contra la decisión del Juez del Juzgado Primero de Paz de Suchitoto, por tal motivo tuvo que conocer el caso una Cámara Superior. El 4 de Abril de 2008 confirmó la decisión del Juez en mención para 13 personas, quedando aún procesada una persona, Facundo Dolores García por Actos de Terrorismo, quien fue sobreseído provisionalmente en el Tribunal Especializado en la primera audiencia, pero, que no consta en el nuevo requerimiento Fiscal en el cual se cambió el delito de Actos de Terrorismo a Desórdenes Públicos y Daños Agravados, aunque la Jueza del Tribunal Especializado advierte la situación de Facundo, por lo que el Juez Primero de Paz lo tomó en cuenta a la hora de dictar la resolución para las 14 personas.

Para el caso de Facundo Dolores García, se tendrá que seguir un proceso para que recobre la libertad definitiva, ya que el Tribunal Especializado no encontró pruebas que lo incriminara, ni existe una acusación que fundamente que siga procesado.

Reconocemos y agradecemos a todas las personas, organizaciones sociales e instituciones estatales que han dado la lucha por hacer prevalecer los derechos humanos en este caso y les animamos a seguir haciéndolo para que El Salvador no retroceda en esa materia y hacer realidad el sueño de vivir en democracia, paz y desarrollo humano.

Este logro es producto de esa gran movilización nacional e internacional que desenmascaró la mentira, presionó al gobierno y a sus instituciones ejecutoras para corregir una aberración jurídica que desencadenó una violación a los derechos humanos contra las 14 personas y sus familiares, de no haber sido así estarían encarcelados y condenados por Actos de Terrorismo.

CRIPDES Y CORDES COMUNICA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Juez Primero de Paz de Suchitoto, resolvió el día 19 de febrero de 2008 dar sobreseimiento definitivo a las 14 personas procesadas por el “caso Suchitoto” en vista que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó requerimiento Fiscal alguno (acusación), ni tampoco se presentó a la audiencia en la hora señala (9:00 AM), el juez espero una hora con diez minutos antes de dictar su resolución. La FGR se presentó extemporáneamente sin un requerimiento Fiscal.

La FGR podrá apelar la resolución ante la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, pero no tendrá posibilidades de éxito dentro del marco de la ley porque nunca ha tenido las pruebas que incriminen a las 14 personas de los delitos que les ha estado acusando injustamente, primero por actos de terrorismo,  después por desórdenes públicos y daños agravados.

El Juez tomó una resolución apegada a derecho, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos establecidos en la Constitución de la República, haciendo prevalecer la justicia en nuestro país, decretando la libertad total de los 14 compañeros capturado/as y procesado/as. Lamentamos que esto haya pasado siete meses después, cuando desde el principio se demostró la inocencia de las 14 personas.  

El “Caso Suchtitoto” inició el día 2 de julio del 2007 cuando pobladores de Suchitoto y organizaciones sociales, haciendo uso de los derechos y libertades establecidas en la Constitución de la República, como la libertad de expresión, la libertad de organización y la libertad de movilización; realizaban diferentes actividades de rechazo frente a la política de privatización del agua. La respuesta por parte del Gobierno del Sr. Antonio Saca fue una brutal  represión física y psicológica llevada a cabo con lujo de barbarie, por un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO y otros grupos élites de la policía y el ejército.  

En ese marco, se capturó injustamente a 14 personas miembros de comunidades y dirigentes de organizaciones sociales, a quienes posteriormente se les procesó injustamente bajo los delitos de actos de terrorismo, desórdenes públicos,  daños agravados y bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, una ley profundamente cuestionada por reñir con la Constitución de la República, atentar contra derechos constitucionalmente establecidos y por criminalizar la protesta social. Dicha situación ha sido cuestionada en informes de diversas instancias nacionales e internacionales como la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tutela Legal del Arzobispado, Amnistía Internacional, la Unión Europea, Embajadas y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el País, miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

Luego de los siete meses solicitados por la Fiscalía General de la República, que expiraron el día 8 de febrero de 2008, para “sustentar el caso” durante los cuales lógicamente no tenía pruebas, llega a la conclusión de que las personas capturadas y procesadas no han cometido “ACTOS DE TERRORISMO”, como fuera calificado en un primer momento; cargo que mantuvo en la cárcel a 13 personas por varios días y que posteriormente fueron liberadas condicionalmente por la presión nacional e internacional demostrando que hubo una violación expresa a los derechos humanos. Sin embargo, se les siguió acusando injustamente de desórdenes públicos y daños agravados a las 14 personas. 

Ante el cambio de acusación por parte de la FGR, de Actos de Terrorismo a Desórdenes Públicos y Daños Agravados, la Jueza Lic. Ana Lucila Fuentes de Paz del Juzgado de Instrucción Especializado, se declaró incompetente para juzgar el caso, bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, en dicho Juzgado de Instrucción Especializado, procediendo a su traslado al Juzgado Primero de Paz de Suchitoto, el cual señala la audiencia inicial para el día 19 de febrero de 2008, a las 9:00 AM, acto en el cual dejó en libertad definitiva a las 14 personas en mención. 

Por tanto exigimos: 

A las autoridades fiscales y policiales, cesar la represión contra las personas y grupos que, en ejercicio de la libertad de expresión, defienden el derecho humano a una vida digna de nuestro pueblo, de manara de no repetir las violaciones a los Derechos Humanos como lo sucedido con el “Caso Suchitoto” 

Exigimos el respecto a los Derechos Humanos en El Salvador en todas sus expresiones.  

Agradecimientos: 

En nombre de las 14 personas procesadas a todos los organismos nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos, a la Cooperación Internacional, Embajadas, Parlamentarios o Congresistas, Comités de Solidaridad, Sindicatos, Iglesias, Movimientos Sociales, Comunidades y todas aquellas personas anónimas que han estado acompañando este proceso justo de luchar por el respecto a los derechos humanos en El Salvador,  que se han visto claramente violados con el Caso Suchitoto; para todos ellos nuestros más profundos agradecimientos.

Además solicitamos mantenerse pendiente hasta cerrar definitivamente este caso y continuar trabajando juntos por el respeto a los Derechos Humanos, por un El Salvador más justo y en paz. 

El Salvador, Suchitoto,  febrero de 2008

(publicat a La Opinión Digital, de Los Ángeles, el 14 de febrer de 2008)

Se trata de personas que son procesadas penalmente por participar en una protesta

14 de febrero de 2008

SAN SALVADOR, El Salvador (EFE).— Más de un millar de salvadoreños, que realizaron una marcha de tres días llegaron ayer a San Salvador para pedir la libertad definitiva de 14 personas que son procesadas judicialmente luego de ser detenidas en una protesta el año pasado.

Bernardo Belloso, uno de los organizadores, dijo que la "peregrinación" salió el lunes pasado del municipio de Suchitoto, 44 kilómetros al norte de San Salvador para "exigir la libertad de los 14 compañeros".

Los procesados fueron detenidos el 2 de julio de 2007 durante una protesta de comunidades campesinas que se oponían a la descentralización de servicios públicos que el presidente del país, Elías Antonio Saca, anunció ese día en Suchitoto.

Según las comunidades, con el mencionado plan, el gobierno pretende iniciar un proceso de privatización del agua y otros servicios públicos, situación que niega el Ejecutivo.

Los señalados, entre los que se encuentra la periodista Haydeé Chicas, gozan actualmente de medidas cautelares luego de ser liberados semanas después de su captura bajo cargos de terrorismo.

Por su parte, un portavoz judicial indicó que la juez especial, que ventila casos relacionados al crimen organizado y terrorismo, Ana Lucila de Paz, se declaró hoy "incompetente" para continuar el proceso, ya que la Fiscalía cambió el delito de terrorismo por desórdenes públicos.

Explicó que el caso será retomado próximamente por un juzgado de paz de la ciudad de Cojutepeque.

Los manifestantes, a los que se unieron estudiantes universitarios y miembros de diferentes organizaciones sociales, llegaron este mediodía, tiempo local, a las cercanías de la sede del tribunal especializado.

Belloso expresó que la juez debió haberse declarado incompetente desde el inicio del proceso ya que las 14 personas "no fueron detenidas haciendo desórdenes públicos", sino "defendiendo el derecho a la vida y en rechazo a la privatización de los recursos naturales".

La abogada defensora Karla Albanés dijo que continuar con la acusación por desórdenes públicos es "criminalizar el derecho constitucional a protestar".

SAN SALVADOR, 8 DE FEBRERO DEL 2008 

CRIPDES, El Comité de Familiares Pro-libertad de Presos y Presas Políticas de El Salvador y demás organizaciones sociales informan la realización de la peregrinación  “Por la verdad, la justicia y la libertad total de los luchadores y luchadoras sociales” a partir del día 11 hasta el 13 de febrero, la cual partirá desde la ciudad de Suchitoto y finalizará en San Salvador. 

OBJETIVO: Promover y defender el respecto a los derechos humanos, así como pedir públicamente el sobreseimiento definitivo de las 13 personas procesadas por los sucesos de Suchitoto, quines están acusadas de actos de terrorismo y bajo libertad condicional, esperando una nueva  audiencia para los próximos días.  

Calendario de las actividades de la peregrinación “Por la verdad, la justicia y la libertad total de los luchadores y luchadores sociales”:

11 de febrero: Punto de partida, Parque Central del municipio de Suchitoto. 8:00 AM. Comenzará con un acto ecuménico. Luego se partirá  hacia el municipio de Perulapía donde habrá vigilia y actos culturales.

12 de febrero: Salida de Perulapía, se realizará evento en San Martín y luego se parte hacia Soyapango.

13 de febrero: La peregrinación saldrá de Soyapango hasta San Salvador. 

El 2 de julio de 2007, el Municipio de Suchitoto, fue el lugar escogido para el  lanzamiento de la política de descentralización del Agua por parte del presidente Elías Antonio Saca, que a juicio de las organizaciones sociales abre la puerta a la privatización del vital líquido. Cientos de personas protestaron pacíficamente y fueron reprimidas por la policía, capturando a 14 personas  acusándolas de desórdenes público. La fiscalía cambió los cargos por actos de terrorismo. El tribunal especializado de sentencia los  procesa con la ley especial contra actos de terrorismo. En la primera audiencia otorgó sobreseimiento a una persona y 13 más mantienen sus cargos con medidas sustitutivas después de varios recursos interpuestos por la defensa. 

El tribunal especializado de Sentencia otorgó a la Fiscalía hasta el 8 de febrero de 2008 para sustentar sus falsa acusaciones. Este proceso ha sido ampliamente criticado a nivel nacional  e internacional por considerarse desproporcionado al aplicar una ley incorrectamente a una situación que no corresponde, a tal punto que se ha pronunciado Amnistía Internacional, 41 congresistas de los Estados Unidos y decenas de organismos defensores de los derechos humanos a nivel mundial, mostrando con ello su preocupación  por la violación a derechos humanos fundamentales por el gobierno salvadoreño. 

(Publicat al Diari Colatino de 5 de febrer de 2008)

Representantes de organizaciones sociales y familiares de los 14 detenidos el pasado 2 de julio del 2007, en Suchitoto, se presentaron ante la Fiscalía del departamento de Cuscatlán, para solicitar el sobreseimiento definitivo de los 13 acusados de actos de terrorismo. Los detenidos protestaban contra la política gubernamental del agua.

Foto. Roberto Márquez

(publicat al Diari Colatino el 30 de gener de 2008)

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

La minería de metales nos matará de sed o de hambre, aunque ahora nos ofrezca empleos, dinero y desarrollo”.

Esta es la entrada del pronunciamiento público de los centenares de jóvenes y niños que protestaron contra los proyectos de explotación minera, el 13 de diciembre del año pasado, en San Isidro, Cabañas.

“Por muy verde que la pinten, su color es tan negro como la muerte”, continúa el comunicado que los novatos protestantes distribuyeron como boletín de prensa en el mercado, la entrada de la parroquia y demás sitios del casco urbano del municipio, cuyo alcalde es activista de la empresa minera Pacific Rim.

La advertencia de estos jóvenes y niños no es exageración.

Al contrario, plantea en la forma más realista los daños que la extracción de metales causa a la salud de la población.

Para demostrarlo, los manifestantes señalaron que los proyectos mineros podrían acabarse o contaminar el agua de las comunidades del norte del país, los perjuicios que esto provocaría la salud de la población y daños en las actividades productivas.

Ambos argumentos –los perjuicios al agua que causaría la explotación minera y la incompatibilidad de estos proyectos con el desarrollo del país– se plantearon en nuestros artículos anteriores.

Ahora retomamos la amenaza a la vida de la población, vista desde el impacto negativo en la salud humana provocado por los químicos tóxicos utilizados en el proceso de separación del oro y por la incorporación de metales pesados al cuerpo de las personas.

Entre estos venenos usados para lixiviar metales destacan el cianuro, arsénico, mercurio y otros que –a pesar de  estar prohibidos en la mayoría de países mineros– Pacific Rim pretende usarlos en sus proyectos de explotación.

El cianuro está prohibido en Estados Unidos y Canadá, pero esta empresa usará dos toneladas diarias, sólo en la mina El Dorado de San Isidro, en Cabañas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a niveles altos de cianuro por períodos breves produce daños al cerebro y al corazón, estado de coma y muerte; y la exposición a niveles bajos por varios años produce dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, cambios en la sangre, dolor de cabeza, agrandamiento de la glándula tiroides y otras enfermedades que conducen finalmente a la muerte.

Por tanto, las 7 mil 300 toneladas de cianuro que serían utilizadas en El Dorado y las 211 mil 700 toneladas usadas en los 29 proyectos mineros de la zona norte son una verdadera amenaza: la causa de un genocidio.

El arsénico produce lesiones en la piel, trastornos respiratorios y cáncer de la piel, gástrico, de pulmones y otros.

La OMS señala que este veneno constituye un grave riesgo para la salud humana, en particular cuando la población está expuesta a varias fuentes contaminada  –por ejemplo: emisiones aéreas, agua de cañería y presencia en las hortalizas–.

Investigaciones de los ministerios de Salud y de Medio Ambiente confirman que en nuestro país ya existe contaminación natural de arsénico en los lagos de Coatepeque e Ilopango, fuentes termales y en otros lugares.

El arsénico del drenaje ácido de la minería causará estos daños.

El mercurio es un tóxico que daña los sistemas nervioso, gastro intestinal y renal; produce temblores, perdida de equilibrio corporal, ceguera parcial, abortos y malformación congénita.

Un estudio realizado por el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de El Salvador demuestra que varios ríos de la zona oriental del país tienen altas concentraciones de mercurio, debido a la contaminación causada por las minas que existieron en los años cincuenta, sesenta y setenta en el norte de La Unión, Morazán y San Miguel.

El agua de estos ríos  –de color amarillenta y verdosa– ya no es útil para ninguna actividad humana.

El mercurio y otros tóxicos como el antimonio, cadmio, cromo, plomo, selenio y talio son producidos por los materiales contaminantes que salen de las minas y se incorporan al agua, aire y suelo.

Casi todos son bioacumulables, es decir, se incorporan al cuerpo humano a través de los alimentos –frutas, verduras y carne– que los adquirieron por medio del agua, suelo o aire.

Ya en el cuerpo humano provocan aumento del colesterol en la sangre, descenso del azúcar y náuseas (antimonio); lesiones renales, cáncer de pulmón y osteoporosis (cadmio);  cáncer de riñón, daños al hígado y problemas al tejido fino nervioso (cromo).

El plomo produce en los niños y niñas retardo físico y mental, falta de concentración e incapacidad de aprendizaje; y en los adultos provoca trastornos renales, del sistema nervioso e hipertensión. El selenio causa caída de cabello, problemas circulatorios, fatiga, irritabilidad nerviosa, daños al tejido fino del riñón y al sistema nervioso.

Y el talio provoca caída del cabello, alternación de la sangre, trastornos renales, intestinales o hepáticos. En el drenaje ácido de la minería metálica proliferan estos metales pesados, y nosotros sufriremos sus daños si los proyectos mineros de Pacific Rim y de otras empresas foráneas son permitidos.

ante la opinión pública nacional e internacional 

DENUNCIAMOS: 

La actitud empecinada, arbitraria e injusta del gobierno que preside al Estado salvadoreño, contra nuestros familiares capturados el 2 de Julio de 2007 en Suchitoto; fecha del primer aniversario del cruel asesinato tipo escuadrones de la muerte de los companieros Juana y Francisco Manzanares Monjaras. 

El Presidente Elías Antonio Saca y su Fiscalía General, no ha podido ni podrá probar nunca, los supuestos actos de terrorismo y lesiones por los que capturó, torturó y enjuició a nuestros familiares, porque son falsos, inexistentes, arbitrarios y la jueza Ana Lucila Fuentes de Paz no tendrá otra opción que ponerlos en libertad. En otras palabras, mientras nuestros familiares han tenido que seguir llegando al tribunal especializado cada 14 días a firmar, han estado restringidos de salir del país y de cambiar de domicilio, generando así la injusta zozobra que agobia a todas y todos los procesados y a nuestras familias. 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia, en lugar de cumplir con su obligación constitucional de administrar PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA, en el caso de los Habeas Corpus interpuestos a favor de los capturados en Suchitoto y en los Recursos de Inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y Ley Contra el Crimen Organizado, leyes creadas contra las protestas sociales y populares, GUARDA PROFUNDO SILENCIO DE COMPLICIDAD. 

POR TODO ESTO PEDIMOS:

Al Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, a las organizaciones sociales, sindicales, comunales, instituciones académicas, profesionales, religiosas y a las instituciones nacionales e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos; 

Que actúen inmediatamente comunicándose con la jueza de Ana Lucila Fuentes de Paz, para que PARE LA REPRESIÓN arbitraria e injusta de la que están siendo víctimas los capturados y capturadas en Suchitoto, decretando su libertad inmediata 

A estar atentos ante el actuar de la fiscalia general de la republica al continuar presentando pruebas falsas, sustentadas en intereses políticos. 

Así mismo, demandar de la Corte Suprema de Justicia, que ponga fin al silencio de complicidad con que ha actuado hasta hoy. 

La Cámara Especializada recibe llamadas a los Tel. 2264-1180 y 2264-1181 y al Fax 2264-1191. 

¡LIBERTAD INMEDIATA Y DEFINITIVA PARA LOS CAPTURADOS EN SUCHITOTO!

¡EXIGIMOS QUE SE DEROGUE LA LEY ANTITERRORISTA Y LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO!

¡CESE LA REPRESIÓN! ¡NO A LAS REFORMAS PENALES! 

San Salvador, 15 de Enero de 2008

Los propietarios, directores y demás personal de Radio Cadena Mi Gente, al pueblo salvadoreño, organizaciones que velan por la libertad de expresión de El Salvador, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y a los demás colegas medios de comunicación, expresamos: 

Que uno de los principales accionistas de esta estación de radio, William Osmar Chamagua Morataya, ha sido objeto de amenazas a muerte por desconocidos, en tres ocasiones, a través de llamadas telefónicas a las instalaciones de la radio y a la residencia de su familia. La última amenaza fue recibida el miércoles 16 de enero.

 En una rueda informativa en la Asociación de Periodistas de El Salvador APES, Chamagua, dijo que este tipo de amenazas son "indignantes, partiendo de que en muchas ocasiones el presidente Antonio Saca y la Vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, nos han invitado a nosotros, llamados hermanos lejanos, a que vengamos a invertir en El Salvador. Yo decidí tomarles la palabra". 

Chamagua, un salvadoreño que reside en Estados Unidos desde 1980, junto a otros inversionistas radicados en aquel país, adquirieron la frecuencia AM 700, con cobertura nacional, y fundaron Radio Cadena Mi Gente, la cual se encuentra operando desde hace un año. La emisora es informativa y de corte participativo. Desde su salida al aire transmitió simultáneamente la entrevista televisiva del periodista Mauricio Funes, quien durante varios meses condujo un programa de opinión en el que interactuaba con la audiencia.

Los representantes de la radioemisora temen que las amenazas estén relacionadas con la orientación crítica de la estación, en la que a diario los radioescuchas participan con opiniones y denuncias sobre distintos asuntos de la vida nacional.  

"Decidí invertir no en un restaurante, no en una venta de productos, sino en un medio de comunicación, y es duro saber que nos reciben con una bofetada y hasta con amenazas de muerte, a tal grado que han amenazado hasta mi familia", dijo Chamagua en la conferencia de prensa. 

Las amenazas ya han sido denunciadas ante la Policía Nacional Civil y en la embajada de Estados Unidos, pues tanto Chamagua como el resto de accionistas de la emisora son ciudadanos estadounidenses.

"Quiero denunciar públicamente estas amenazas que nos hacen, quiero hacer responsable al señor presidente de la república y a la demás gente que gobierna este país por estos atropellos a la dignidad y a los derechos humanos, y de cualquier acto que se pudiera cometer contra nuestra radio", subrayó Chamagua.

El Presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES, Serafín Valencia, condenó las amenazas y dijo que Radio Cadena Mi Gente, es una radio que se ha definido a favor de la justicia en este país. San Salvador, 17 de enero de 2008 

(Publicado en el Diario Colatino el 28 de diciembre de 2007)

Carlos Girón S.

Hablando de solidarismos, nuestro pueblo luchador, en su totalidad, debe unirse y apoyar resueltamente en todas las formas posibles, las marchas y protestas de comunidades contra proyectos de explotaciones mineras en algunas zonas en el Norte y el Oriente de nuestro país.  Dichas comunidades saben, ya sea por experiencias en otros lugares, por intuición o por lo que es la sabiduría popular, que tales proyectos no les traerá ningún beneficio real, sino más bien perjuicios de diferente naturaleza como son daños a la salud, pérdida de la riqueza del subsuelo, así como de nuestra dignidad e independencia, ya que se veremos sometidos a una forma de servidumbre bajo el yugo de las empresas transnacionales que pretenden dedicarse a la explotación de los metales preciosos que son parte de la riqueza y de los pocos recursos naturales que  le quedan a nuestro país.Tales proyectos tienen un nombre claro: colonialismo moderno con otra cara. Y de colonialismos ¡ya basta! ¡Nos sentimos los salvadoreños hasta la coronilla y nos están estrangulando!Es una desgracia el que el Gobierno esté dispuesto a otorgar los permisos para esa nueva forma de saqueo que padecemos en nuestro país. Si es cierto que hay democracia aquí, póngase atención, escúchense las voces de protesta y rechazo del pueblo a dichos proyectos mineros. La Iglesia ya ha escuchado esas voces de alarma y se ha pronunciado también en contra de ese nuevo vandalismo de los colonialistas extranjeros.  En mayo de este año la Conferencia Episcopal de El Salvador emitió el documento “Cuidemos la Casa de Todos”, en el que señaló que la explotación minera a cielo abierto o subterránea constituye un grave peligro para la salud y el medio ambiente.
Nuestro Arzobispo Metropolitano, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, ha recordado recientemente ese claro y contundente pronunciamiento, diciendo que aunque “la llamada minería verde probablemente pretende hacer reforestación de zonas, hay que tener en cuenta que el 98 por ciento del oro que se extrajese se lo llevarían afuera y que al país le quedaría solamente el 2 por ciento…”.¿Qué es eso? ¿No es puro colonialismo explotador del Siglo XXI, igual al que lo padecimos de los españoles hace 500 años? ¿Por qué el Gobierno, de hecho, ya lo está permitiendo? Se sabe que al momento, el Ministerio de Economía ha concedido nada menos que 28 permisos a 10 empresas extranjeras para explotaciones mineras en el Norte del país. ¿Es que tiene sentido humano exponer a grandes comunidades a padecer las consecuencias negativas de tales  explotaciones? Serían negativas las consecuencias porque, en primer lugar, por míseros salarios, en las extracciones subterráneas los trabajadores se exponen a elevados riesgos de morir asfixiados o sepultados (como ha ocurrido hace poco en China y México, para citar sólo dos ejemplos) con las explosiones que se provocan para remover grandes masas de tierra y dejar al descubierto los metales preciosos; en segundo lugar, el medio ambiente se contamina y envenena la población con el cianuro en grandes cantidades que se emplea en las extracciones de esta naturaleza; y en tercer lugar, el robo de nuestra riqueza, al llevarse afuera toneladas de oro, como se estima que contiene nuestro subsuelo en las zonas ambicionadas.Aunque el Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, como una excepción debería prohibir la fuerte, truculenta y engañosa campaña publicitaria, especialmente por la radio,  que se mantiene hablando de imaginarias bondades que genera la “minería verde”, como le llaman, mintiendo que son incalculables los beneficios para los países y las comunidades.Lo que nuestro país necesita no son explotaciones que contribuyan a la devastación de nuestro ya de por sí empobrecido suelo y grave deterioro en el medio ambiente, como lo prueba la reducción del caudal del Río Lempa, y las extensas zonas desérticas que antes eran tesoros boscosos; lo que necesita son obras en gran escala e intensivas de reforestación a nivel nacional.Las entidades ecologistas que tenemos en el país harían bien en organizar una marcha multitudinaria del pueblo para rechazar la explotación minera, por constituir otra forma descarada de colonialismo que intereses extranjeros pretenden imponernos a los salvadoreños. Defendamos nuestro orgullo y nuestro nacionalismo patrio: cuidemos la poca independencia y soberanía que nos van quedando.

SAN SALVADOR, oct (IPS) - Rosa Anaya salía de su casa muy temprano rumbo al colegio aquella mañana del 26 de octubre de 1987, cuando vio que su padre, que se le había adelantado unos pasos, se desplomaba junto a su vehículo por el impacto de seis balazos.

En su memoria guarda retazos de aquel día, varios "silbidos", el correr de dos individuos mientras envolvían sus armas en papel periódico y la última imagen de su progenitor con vida, "sin saber qué ocurría". Los asesinos habían utilizado un silenciador para cometer el crimen, y pocas personas se habían percatado del hecho. Rosa estaba conmocionada, hasta que una vecina le gritó y la trajo a la realidad: su padre, Herbert Anaya Sanabria, presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), había sido asesinado cuando se aprestaba a llevar a sus hijos a la escuela. Veinte años después, Rosa, de 30 y estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES), organizó junto a decenas de sus compañeros el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos "Herbert Anaya", el 25 y 26 de este mes.

El encuentro posibilitó un "análisis comparativo" de la situación de los derechos humanos en aquel momento, cuando mataron a Anaya y en la actualidad, según explicó a IPS la primogénita del activista.

Varios especialistas, comunicadores, ecologistas y activistas sociales brindaron sus ponencias y denunciaron violaciones a los derechos humanos, no sólo civiles y políticos sino económicos y sociales, al tiempo que reclamaron justicia para las víctimas de la guerra civil (1980-1992), frente a centenares de estudiantes que participaban de la actividad.

Anaya reconoció que ahora no hay persecución política sistemática pero señaló que cuando alguien intenta expresarse libremente se lo acusa de comunista, como en el pasado. "Falta muchísimo para que en este país se respeten los derechos humanos; el discurso gubernamental habla de que vivimos en paz, pero todos los días asesinan a 12 personas", manifestó la estudiante.

El crimen de Anaya se cometió en plena guerra civil, que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. En enero de 1992, el gobierno de Alfredo Cristian i y la guerrilla del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora con presencia parlamentaria, firmaran los acuerdos de paz en México, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El pacto incluyó la conformación de la Comisión de la Verdad que investigaría los crímenes que más conmovieron a los salvadoreños, pero tanto el de Anaya como el de el obispo Oscar Romero no fueron terminadas por "falta de tiempo", ya que la instancia promovida por la ONU sólo tenía seis meses de mandato.

Hasta hoy ambos casos siguen en la impunidad, principalmente por la Ley de Amnistía promulgada por Cristiani en marzo de 1993, que impide juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a pesar de que organizaciones nacionales e internacionales han demandado su derogación.

En los años 80, miles de campesinos, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes y activistas de derechos humanos fueron asesinados por escuadrones de la muerte, como parte de una cruzada contra la izquierda, encabezada por el mayor Roberto d'Aubuisson fundador de la Alianza Republicana Nacionalista y acusado por la Comisión de la Verdad de ser uno de los instigadores del asesinato de Romero.

El Salvador tuvo en 2006 una proporción de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el estatal Instituto de Medicina Legal (IMS), lo cual hace a este país centroamericano uno de los más violentos del mundo. El procurador adjunto de los Derechos Humanos, Salvador Meléndez, dijo a IPS que para lograr la reconciliación y construir la democracia tras la guerra, era "ineludible el esclarecimiento histórico" y respetar el derecho humano a la verdad.

Meléndez se manifestó a favor de que se "imparta justicia a las víctimas" y se les repare de forma moral, social y jurídica, en alusión al caso Anaya. "Hay que alimentar la memoria colectiva, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla", citó el procurador, tras brindar una ponencia ante unos 300 estudiantes, profesores y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Evelyn Hernández, catedrática de la UES consideró que a mucha gente se le violan sus "derechos económicos y sociales, como derecho a la salud, al agua potable y a la seguridad".

Anaya fue "un hombre que luchó mucho por la defensa de los derechos humanos", recordó la profesora.

Rosa Anaya recuerda que su padre había sido secuestrado y torturado por la extinta Policía de Hacienda, por lo que la familia vivía casi en la clandestinidad. "No conocía los nombres de mis padres ni familiares, sólo era mi mamá, papá y tíos", recuerda Anaya. Después del asesinato, tuvieron que huir y dormir en distintas casas durante meses. Las flores sobre la tumba de Anaya fueron quemadas, y se dejó sobre ella un mensaje lapidario: "Si pudiésemos volverlo a matar, lo haría nuevamente".

María Luisa Romero, estudiante de derecho en la estadounidense Universidad de Harvard, presentó en el encuentro los resultados de un estudio realizado por la clínica legal internacional de esa casa de estudios sobre violencia, pandillas y violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

"El Estado es incapaz de proteger a las víctimas; las investigaciones no se realizan, se demoran o no son efectivas", y tanto por acción como por omisión se les viola sus derechos, aseguró a IPS la joven de origen panameño. Según Romero, durante la investigación también se identificaron algunas similitudes entre los años de la guerra y la actualidad. "Las desigualdades sociales" llevan a violaciones de los derechos sociales y económicos, sostuvo la estudiante.

"Tenemos que emocionar a la gente para que luche por sus derechos", concluyó Rosa Anaya. (FIN/2007)