(publicat al Diario Colatino de 15/12/2008)
José M. Tojeira
En todos los campos el monopolio da poder y tiende al autoritarismo. Aunque es un término económico, podemos aplicarlo a temas que van más allá de la exclusividad de ventas que significa etimológicamente.
Generalmente al Estado se le encomienda el monopolio de la fuerza coercitiva e incluso punitivo-defensiva, pero también se le ponen toda una serie de condiciones para evitar que la fuerza sea mal usada.
Los intelectuales tratan siempre de luchar en contra de que el monopolio de la fuerza se vaya a convertir en monopolio de la razón y se sustituya la propia fuerza de la razón por la razón de la fuerza, como suelen decir algunos amantes del lenguaje que resalta los contenidos a través de los contrastes. Por eso en la democracia hay toda una serie de pesos y contrapesos que tratan de que ninguno de los poderes del Estado tenga el predominio sobre los otros y, mucho menos, sobre el ciudadano.
En este contexto que deseamos, de democracia enemiga del autoritarismo, estamos a punto de contemplar un terrible abuso. El nuevo código penal, que se pretende aprobar pronto, consagra el ya nefasto de por sí monopolio de la acción penal de la Fiscalía y le da todavía mayor peso. La Fiscalía, y dentro de ella el Fiscal General, se convierte en dueño absoluto de la acción penal. De modo que si aun ciudadano le dañan, hieren o roban, tendrá que esperar que la Fiscalía decida si sigue el caso o no y de qué manera.
Y si por alguna razón se decide dejar el caso durmiendo, el ciudadano, a parte de quejarse en la misma Fiscalía, no tiene más alternativa si nadie le hace caso, que pedir un antejuicio en la Asamblea Legislativa en contra del Fiscal General. No hay término ni instancia intermedia. Es imposible acudir a un juez y pedirle que él determine si el caso debe abrirse o no. Ya puede ser un homicidio o lo que sea. La Fiscalía tiene el poder absoluto de decisión. Y dentro de la Fiscalía la decisión absoluta, al final, está en manos de un sólo hombre: El Fiscal General.
De modo que si alguien denuncia a un Ministro por corrupción y el Fiscal cree que no hay suficientes pruebas, puede decidir no llevar a juicio al Ministro. En otras palabras, no sólo tiene el monopolio de la acción penal sino, en el fondo, la posibilidad de decidir qué es delito o qué no lo es.
Una maravilla en un país como el nuestro con instituciones débiles, con Fiscales Generales elegidos políticamente y dependientes del Ejecutivo, y con capacidad de favorecer impunemente la impunidad.
Una juez respetable señalaba en las propias páginas del Co Latino, al oponerse al monopolio de la acción penal en manos de la Fiscalía, la enorme cantidad d e homicidios que quedan en la impunidad en El Salvador. ¿Es una Fiscalía incapaz de investigar y perseguir el crimen más grave de homicidio la que debe tener en exclusiva el poder de decisión en el ámbito penal? ¿No puede el ciudadano iniciar el proceso solicitando a un juez que obligue a investigar a la Fiscalía?
La completa eliminación de la acción ciudadana ante un juez, en un país como el nuestro, es un atentado contra la democracia. Un simple truco del Ejecutivo para poder actuar al capricho.
Ni Chávez a su nivel la tenía mejor en Venezuela cuando la ciudadanía le frenó con un no. Pero lamentablemente, y a pesar de que nos quejamos aquí del autoritarismo venezolano, en El Salvador no tenemos, ni parecen quererlo los poderes establecidos, la práctica del referéndum. Referéndum que nos hubiera venido bien para impedir el absurdo de nuestra presencia en Irak, y ahora para enfrentarnos con este desaguisado jurídico, que por estar manejado en el galimatías complejo de los abogados pasa ignorado por una buena parte de la ciudadanía. Ignorado hasta que nos toque enfrentar un caso incómodo para el Gobierno, sea de delitos económicos, corrupción incluida, sea de delitos contra la vida, los derechos humanos, etc.
Al final, porque la realidad (y los ciudadanos que vean golpeados sus derechos) es tozuda frente al abuso del Ejecutivo, lo que hace presagiar este monopolio de los traficantes del poder es el aumento de casos que irán a tribunales internacionales. Para deshonra del propio país y para desconfianza ciudadana, que no verá en el dichoso monopolio un símbolo de la seguridad jurídica que todos deseamos.
En vez de pensar en juzgados designados especialmente para que pudieran acoger o remitir a los juzgados ordinarios casos en los que el ciudadano sienta que hay abuso, retardo o inactividad de la Fiscalía, se opta por constituir juzgados especiales para enfrentar crímenes de realización compleja.Un sistema en la práctica de facilitarle el éxito a la Fiscalía a base de elegir a jueces tan ignorantes como complacientes.
El autoritarismo nunca es bueno. Y menos cuando se mete a la fuerza en el sistema judicial a través de este monopolio de la acción penal sin pesos ni contrapesos que puedan proteger a la ciudadanía. Cuando se dice que la soberanía está en el pueblo, y se ve al mismo tiempo este modo de proceder, no puede uno menos que sentir tristeza. No faltarán los sesudos magistrados, elegidos de la misma manera que el Fiscal, y deudores de sus amigos políticos, que nos digan que el monopolio de la acción penal es un instrumento de primer mundo..
Pero claro está, no nos dirán que este instrumento carece de las garantías que el primer mundo da a su ciudadanos. Por eso, si queremos caminar hacia el autoritarismo y la dictadura, este es un buen paso. Pues a menor capacidad ciudadana de velar por los propios derechos, mayor capacidad de tener un Estado que oprima la libertad y los derechos de la persona, incluso sin que ésta se dé cuenta.
