Convocatòria de concentració davant del consolat de El Salvador en defensa dels drets humans

Les entitats convocants volen expressar el seu suport a la ONG CRIPDES (Asociación para el Desarrollo de El Salvador) i al Comité de Familiares Pro-libertad de Presos y Presas Políticas de El Salvador, en la demanda del sobreseïment definitiu de la causa de les 13 persones processades pels fets de Suchitoto, quan es manifestaven en contra de l’anunci de la política de privatització de l’aigua del president Elías Antonio Saca, i que estan acusades d’actes de terrorisme i sota llibertat condicional, esperant una nova audiència.

Lloc: Davant del Consolat de El Salvador (carrer Muntaner, 260, Barcelona)

Hora: 19:30

Dia: 20 de febrer de 2008

Convoquen:

ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALUNYA – EL SALVADOR, COOPERACCIÓ, COMITÈ ÓSCAR ROMERO, ENGINYERIA SENSE FRONTERES, ESTUDIANTES MULTIDISCIPLINARES Y MAESTROS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ENLLASOS HUMANS, ENTREPOBLES, GRAMC, GRUP DE SOLIDARITAT JON CORTINA, HUACAL, LEMBARKI, PRO – EDUCART, REDS i XARXA SOLIDARIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exigen libertad de 14 presos en El Salvador

(publicat a La Opinión Digital, de Los Ángeles, el 14 de febrer de 2008)

Se trata de personas que son procesadas penalmente por participar en una protesta

14 de febrero de 2008

SAN SALVADOR, El Salvador (EFE).— Más de un millar de salvadoreños, que realizaron una marcha de tres días llegaron ayer a San Salvador para pedir la libertad definitiva de 14 personas que son procesadas judicialmente luego de ser detenidas en una protesta el año pasado.

Bernardo Belloso, uno de los organizadores, dijo que la "peregrinación" salió el lunes pasado del municipio de Suchitoto, 44 kilómetros al norte de San Salvador para "exigir la libertad de los 14 compañeros".

Los procesados fueron detenidos el 2 de julio de 2007 durante una protesta de comunidades campesinas que se oponían a la descentralización de servicios públicos que el presidente del país, Elías Antonio Saca, anunció ese día en Suchitoto.

Según las comunidades, con el mencionado plan, el gobierno pretende iniciar un proceso de privatización del agua y otros servicios públicos, situación que niega el Ejecutivo.

Los señalados, entre los que se encuentra la periodista Haydeé Chicas, gozan actualmente de medidas cautelares luego de ser liberados semanas después de su captura bajo cargos de terrorismo.

Por su parte, un portavoz judicial indicó que la juez especial, que ventila casos relacionados al crimen organizado y terrorismo, Ana Lucila de Paz, se declaró hoy "incompetente" para continuar el proceso, ya que la Fiscalía cambió el delito de terrorismo por desórdenes públicos.

Explicó que el caso será retomado próximamente por un juzgado de paz de la ciudad de Cojutepeque.

Los manifestantes, a los que se unieron estudiantes universitarios y miembros de diferentes organizaciones sociales, llegaron este mediodía, tiempo local, a las cercanías de la sede del tribunal especializado.

Belloso expresó que la juez debió haberse declarado incompetente desde el inicio del proceso ya que las 14 personas "no fueron detenidas haciendo desórdenes públicos", sino "defendiendo el derecho a la vida y en rechazo a la privatización de los recursos naturales".

La abogada defensora Karla Albanés dijo que continuar con la acusación por desórdenes públicos es "criminalizar el derecho constitucional a protestar".

Los manifestantes pernoctaron el lunes en el poblado de San Pedro Perulapía, unos 21 kilómetros al noreste de San Salvador, y el martes en Soyapango, municipio ubicado en la periferia este de la capital.

Con pancartas donde se leían frases en contra de la ley antiterrorista y gritando consignas a favor de los procesados, los manifestantes concluyeron la movilización a una calle del juzgado especial, ubicado en la colonia Escalón, una exclusiva zona del oeste de San Salvador.

Comunidades piden a Saca no seguir con proyectos considerados de ‘muerte’

En la foto de izquierda a derecha: Arely Portillo, del Llano la Virgen, Chalatenango; José Francisco Pulque, de Sensuntepeque, Cabañas; y el párroco Antonio Confesor Carballo, de San Antonio del Mosco, de Santiago de María, Usulután. Foto: Arturo Silva

(publicat al Diario Colatino, de 12 de febrer de 2008)

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La construcción de las represas hidroeléctricas el Chaparral, Cimarrón y El Tigre, así como la longitudinal norte son proyectos de “muerte”, según representantes de diferentes comunidades del país.

Esta mañana en conjunto con la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), pidieron al presidente Elías Antonio Saca no seguir “impulsando estos proyectos”.

Antonio Confesor Carballo, párroco de la iglesia San Antonio del Mosco de Santiago de María, Usulután explicó que “solo con la represa en Chaparral son cinco los municipios afectados”.

“Nuestra zona está en extrema pobreza severa, y nos duele a cada momento escuchar que tenemos un gobierno con sentido humano y lo que busca en realidad es destruir al ser humano con este tipo de proyectos”, agregó Carballo.

El párroco dijo que hoy se enviará una carta a Saca, con las peticiones de detener la construcción de las represas y otros proyectos como la Longitudinal Norte; la minería  metálica y rellenos sanitarios.

“Con la construcción de las represas se inundarán nuestras tierras y por lo cual, los pocos agricultores que todavía trabajamos en la tierra nos veríamos obligados a emigrar”, dijo Carballo.

Por su arte, el ambientalista  de la UNES, Mauricio Sermeño, criticó que el gobierno no busque otras alternativas para la generación de electricidad.

“Nosotros queremos demostrar el daño que causan en el medio ambiente, en la economía del país, en la población, por eso estamos ofreciendo en la carta al presidente tener una reunión para mostrarle con más detalle las alternativas”, explicó Sermeño.

El ambientalista considera que se puede ejecutar, como medida alterna el ahorro de energía.

“Con solo cambiar dos bombillos de las casas de los salvadoreñas se estaría generando la misma energía que con el Chaparral”, comparó.

El ambientalista también rechazó los proyectos de minería metálica, rellenos sanitarios y la construcción de la Longitudinal Norte.  

Cas Suchitoto - Boletín de prensa nº 1

SAN SALVADOR, 8 DE FEBRERO DEL 2008 

CRIPDES, El Comité de Familiares Pro-libertad de Presos y Presas Políticas de El Salvador y demás organizaciones sociales informan la realización de la peregrinación  “Por la verdad, la justicia y la libertad total de los luchadores y luchadoras sociales” a partir del día 11 hasta el 13 de febrero, la cual partirá desde la ciudad de Suchitoto y finalizará en San Salvador. 

OBJETIVO: Promover y defender el respecto a los derechos humanos, así como pedir públicamente el sobreseimiento definitivo de las 13 personas procesadas por los sucesos de Suchitoto, quines están acusadas de actos de terrorismo y bajo libertad condicional, esperando una nueva  audiencia para los próximos días.  

Calendario de las actividades de la peregrinación “Por la verdad, la justicia y la libertad total de los luchadores y luchadores sociales”:

11 de febrero: Punto de partida, Parque Central del municipio de Suchitoto. 8:00 AM. Comenzará con un acto ecuménico. Luego se partirá  hacia el municipio de Perulapía donde habrá vigilia y actos culturales.

12 de febrero: Salida de Perulapía, se realizará evento en San Martín y luego se parte hacia Soyapango.

13 de febrero: La peregrinación saldrá de Soyapango hasta San Salvador. 

El 2 de julio de 2007, el Municipio de Suchitoto, fue el lugar escogido para el  lanzamiento de la política de descentralización del Agua por parte del presidente Elías Antonio Saca, que a juicio de las organizaciones sociales abre la puerta a la privatización del vital líquido. Cientos de personas protestaron pacíficamente y fueron reprimidas por la policía, capturando a 14 personas  acusándolas de desórdenes público. La fiscalía cambió los cargos por actos de terrorismo. El tribunal especializado de sentencia los  procesa con la ley especial contra actos de terrorismo. En la primera audiencia otorgó sobreseimiento a una persona y 13 más mantienen sus cargos con medidas sustitutivas después de varios recursos interpuestos por la defensa. 

El tribunal especializado de Sentencia otorgó a la Fiscalía hasta el 8 de febrero de 2008 para sustentar sus falsa acusaciones. Este proceso ha sido ampliamente criticado a nivel nacional  e internacional por considerarse desproporcionado al aplicar una ley incorrectamente a una situación que no corresponde, a tal punto que se ha pronunciado Amnistía Internacional, 41 congresistas de los Estados Unidos y decenas de organismos defensores de los derechos humanos a nivel mundial, mostrando con ello su preocupación  por la violación a derechos humanos fundamentales por el gobierno salvadoreño. 

 

Más del 90% de los pobres en El Salvador no gozan de seguro médico

(Publicat al Diario Colatino, el 7 de febrer de 2008)

Santiago Leiva
Redacción Diario Co Latino

La serpiente siempre muerde al descalzo. El IV Informe Trimestral de Coyuntura 2007, presentado hoy por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), así lo demuestra, cuando da fe que más del 90% de los salvadoreños pobres no gozan de seguro médico.

El informe de FUSADES advierte que la cobertura del sistema de salud sigue siendo muy baja, a tal grado que en 2006, el 78% de la población salvadoreña, en general, no contaba con seguro médico, y más aún, que el 90% de los pobres se encuentran sin seguro médico.

«A lo que se refiere (el dato) es que el 78% población no está cubierta ni por el seguro social, ni por otro programa de seguridad, sea este bienestar magisterial o seguro privado», explicó Rafael Pleitez, Gerente de la Sección Social, del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES.

«Es decir, es una población que al momento de enfermarse va a acudir a la red nacional de hospitales o unidades de salud», añadió Pleitez, quien considera de importancia llevar acabo una reforma de salud que permita aumentar la cobertura y mejorar los servicios.

En su informe, FUSADES advierte que El Salvador necesita invertir más en lo social específicamente en las áreas de salud y educación.

Y es que para FUSADES, sin bien es cierto que el plan gubernamental «Alianza por la Familia», es positivo, resulta limitado e insuficiente en las áreas de educación y salud.

«La política de gratuidad en la educación media pública, a través de la eliminación de los pagos de las matrículas, cuotas escolares y derechos de graduación es efectiva para ampliar el acceso a la educación… sin embargo, esa política podría ir en detrimento de la calidad y puede ser un incentivo insuficiente para que las familias más pobres envíen a sus hijos a la escuela», reza un apartado del informe.

Recesión no impactará
Respecto a la crisis que enfrenta la economía estadounidense, debido al desplome del mercado inmobiliario y crediticio y que podría generar un recesión, FUSADES estima que no tendrá un impacto fuerte en la economía salvadoreña.

Álvaro Trigueros, de la Sección Macroeconómica de FUSADES, dijo que si hay recesión en los Estados Unidos el impacto va a ser limitado en El Salvador.

FUSADES también espera que las remesas familiares se mantengan intactas por la posible recesión estadounidense.

Sin embargo, Waldo Jiménez, Director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, dijo que la posible recesión es un tema que no deja de preocupar.

«Por su puesto que es preocupante, el flujo de las remesas va a tener un menor crecimiento y las exportaciones seguramente van a tener una tasa de crecimiento un poco menor de lo que hemos venido experimentando los últimos años», declaró.

Piden terminar proceso judicial contra detenidos en Suchitoto

(Publicat al Diari Colatino de 5 de febrer de 2008)

Representantes de organizaciones sociales y familiares de los 14 detenidos el pasado 2 de julio del 2007, en Suchitoto, se presentaron ante la Fiscalía del departamento de Cuscatlán, para solicitar el sobreseimiento definitivo de los 13 acusados de actos de terrorismo. Los detenidos protestaban contra la política gubernamental del agua.

Foto. Roberto Márquez

Piden a la FGR investigar masacre de “El Despertar”

(Publicat al Diari Colatino el 30 de gener de 2008)

Santiago Leiva
Redacción Diario Co Latino

Las Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador (CEBES) y la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) pidieron ayer formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el asesinato del padre Octavio Ruiz y cuatro catequistas, hecho ocurrido 1979, en el centro de retiros “El Despertar” de la parroquia San Antonio Abad.

El padre Octavio y los jóvenes David Caballero, Ángel Morales, Roberto Orellana y Jorge Gómez fueron “brutalmente” asesinados por un comando de la Fuerza Armada, el 20 de enero de 1979.

A la fecha, nadie purga castigo por este crimen conocido como la masacre de “El Despertar”.

“Hemos venido a interponer un formal denuncia por escrito para que se investigue la masacre de El Despertar”, dijo David Morales, abogado de FESPAD, y quien representa legalmente a la familia del sacerdote asesinado.

Morales explicó que se presentó la denuncia por escrito porque pese a que los familiares de las víctimas lo han solicitado públicamente, la Fiscalía se ha hecho la “sorda”.

“Durante dos años consecutivos las comunidades eclesiales y las familias se han acercado a la Fiscalía y han exigido públicamente al Fiscalía General que inicie una investigación, pero no han sido escuchados”, declaró Morales.

De la muerte del sacerdote y los catequistas se responsabiliza al Ministro de Defensa de aquel entonces, General Federico Castillo Yanes; al Director de la Policía Nacional (PN), Coronel Antonio López, y al Director de la Guardia Nacional (GN), Coronel José Antonio Corletto.

“Pedimos que se investigue a estos altos oficiales y también a todos aquellos partícipes del operativo que resulten identificados”, dijo Morales, quien añadió que el planteamiento de la denuncia se fundamenta en que se trata de un crimen de “lesahumanidad”.

Neftaly López, miembro de FUNDAHMER, quien recordó al padre Octavio como un hombre comprometido con las causas del pueblo, dijo que hay clamor de las comunidades porque se haga justicia. “El caso debió ser conocido de oficio, queremos que se investigue y se haga justicia”, exigió López.

“Como familiares del padre Ortíz queremos que el Fiscal le ponga atención al caso, que se investigue y que la impunidad en este país se rompa”, expresó Ana Ortíz, hermana del sacerdote mártir.

Morales aseguró que si esta vez la autoridades fiscales no le ponen interés al tema buscarán instancias internacionales.

“Si el señor fiscal guarda silencio, si se niega a tramitar ésta denuncia o trata de impedir la investigación buscando figuras como la amnistía o la prescripción, acudiremos inmediatamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Morales.

La denuncia se da en el marco de conmemoración del vigésimo noveno aniversario del múltiple crimen.

Minería metálica: el genocidio del futuro

(publicat al Diari Colatino el 30 de gener de 2008)

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica

La minería de metales nos matará de sed o de hambre, aunque ahora nos ofrezca empleos, dinero y desarrollo”.

Esta es la entrada del pronunciamiento público de los centenares de jóvenes y niños que protestaron contra los proyectos de explotación minera, el 13 de diciembre del año pasado, en San Isidro, Cabañas.

“Por muy verde que la pinten, su color es tan negro como la muerte”, continúa el comunicado que los novatos protestantes distribuyeron como boletín de prensa en el mercado, la entrada de la parroquia y demás sitios del casco urbano del municipio, cuyo alcalde es activista de la empresa minera Pacific Rim.

La advertencia de estos jóvenes y niños no es exageración.

Al contrario, plantea en la forma más realista los daños que la extracción de metales causa a la salud de la población.

Para demostrarlo, los manifestantes señalaron que los proyectos mineros podrían acabarse o contaminar el agua de las comunidades del norte del país, los perjuicios que esto provocaría la salud de la población y daños en las actividades productivas.

Ambos argumentos –los perjuicios al agua que causaría la explotación minera y la incompatibilidad de estos proyectos con el desarrollo del país– se plantearon en nuestros artículos anteriores.

Ahora retomamos la amenaza a la vida de la población, vista desde el impacto negativo en la salud humana provocado por los químicos tóxicos utilizados en el proceso de separación del oro y por la incorporación de metales pesados al cuerpo de las personas.

Entre estos venenos usados para lixiviar metales destacan el cianuro, arsénico, mercurio y otros que –a pesar de  estar prohibidos en la mayoría de países mineros– Pacific Rim pretende usarlos en sus proyectos de explotación.

El cianuro está prohibido en Estados Unidos y Canadá, pero esta empresa usará dos toneladas diarias, sólo en la mina El Dorado de San Isidro, en Cabañas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a niveles altos de cianuro por períodos breves produce daños al cerebro y al corazón, estado de coma y muerte; y la exposición a niveles bajos por varios años produce dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, cambios en la sangre, dolor de cabeza, agrandamiento de la glándula tiroides y otras enfermedades que conducen finalmente a la muerte.

Por tanto, las 7 mil 300 toneladas de cianuro que serían utilizadas en El Dorado y las 211 mil 700 toneladas usadas en los 29 proyectos mineros de la zona norte son una verdadera amenaza: la causa de un genocidio.

El arsénico produce lesiones en la piel, trastornos respiratorios y cáncer de la piel, gástrico, de pulmones y otros.

La OMS señala que este veneno constituye un grave riesgo para la salud humana, en particular cuando la población está expuesta a varias fuentes contaminada  –por ejemplo: emisiones aéreas, agua de cañería y presencia en las hortalizas–.

Investigaciones de los ministerios de Salud y de Medio Ambiente confirman que en nuestro país ya existe contaminación natural de arsénico en los lagos de Coatepeque e Ilopango, fuentes termales y en otros lugares.

El arsénico del drenaje ácido de la minería causará estos daños.

El mercurio es un tóxico que daña los sistemas nervioso, gastro intestinal y renal; produce temblores, perdida de equilibrio corporal, ceguera parcial, abortos y malformación congénita.

Un estudio realizado por el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de El Salvador demuestra que varios ríos de la zona oriental del país tienen altas concentraciones de mercurio, debido a la contaminación causada por las minas que existieron en los años cincuenta, sesenta y setenta en el norte de La Unión, Morazán y San Miguel.

El agua de estos ríos  –de color amarillenta y verdosa– ya no es útil para ninguna actividad humana.

El mercurio y otros tóxicos como el antimonio, cadmio, cromo, plomo, selenio y talio son producidos por los materiales contaminantes que salen de las minas y se incorporan al agua, aire y suelo.

Casi todos son bioacumulables, es decir, se incorporan al cuerpo humano a través de los alimentos –frutas, verduras y carne– que los adquirieron por medio del agua, suelo o aire.

Ya en el cuerpo humano provocan aumento del colesterol en la sangre, descenso del azúcar y náuseas (antimonio); lesiones renales, cáncer de pulmón y osteoporosis (cadmio);  cáncer de riñón, daños al hígado y problemas al tejido fino nervioso (cromo).

El plomo produce en los niños y niñas retardo físico y mental, falta de concentración e incapacidad de aprendizaje; y en los adultos provoca trastornos renales, del sistema nervioso e hipertensión. El selenio causa caída de cabello, problemas circulatorios, fatiga, irritabilidad nerviosa, daños al tejido fino del riñón y al sistema nervioso.

Y el talio provoca caída del cabello, alternación de la sangre, trastornos renales, intestinales o hepáticos. En el drenaje ácido de la minería metálica proliferan estos metales pesados, y nosotros sufriremos sus daños si los proyectos mineros de Pacific Rim y de otras empresas foráneas son permitidos.