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Grup de Solidaritat Jon Cortina

Pro Búsqueda denuncia inasistencia de ex militares señalados en desapariciones

 (publicat al Diario Colatino el 4 d’octubre de 2008)

Redacción Diario Co Latino

El ex Jefe de la Fuerza Aérea General de Aviación Juan Rafael Bustillo, incumplió  la orden del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, para comparecer en el proceso judicial que se le sigue por  la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz.

Mientras, el ex Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Coronel Mario Adalberto Reyes Mena, informó que se encontraba fuera del país, por lo que no asistiría a la sede fiscal.

Los ex jefes castrenses han sido señalados como los responsables de “graves crímenes”, realizados por el ejército salvadoreño, durante el conflicto armado de los años ochenta, y que continúan en la  impunidad.

Miembros de Pro Búsqueda, afirmaron que el General Bustillo debía comparecer a las 9:00 ; y el Coronel Reyes, a las 10 de la mañana de este jueves pasado, pero ninguno de los ex militares se presentó a la diligencia judicial.

“La Fiscalía General de la República deberá interpelar al ex Jefe de la Fuerza Aérea, en una nueva cita y, en caso de no comparecer deberá ser llevado a la sede fiscal, por la fuerza pública”, según comunicado de prensa.

El caso de Ernestina, de 3 años y Erlinda de 7 años de edad, desaparecieron  durante la campaña militar “Operación Limpieza”, ejecutada en mayo y junio de 1982.

Las niñas, junto a otros 45 menores, fueron sustraídos por miembros de las unidades que comandaban estos exmilitares, en la incursión hecha en el departamento de Chalatenango.

El proceso judicial que lo inició la madre de las infantes, Victoria Cruz, en 1993, junto al Padre Jesuita Jon Cortina, enfrentó toda clase de dificultades desde el Estado salvadoreño, no obstante, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria en marzo de 2005.

“El ex militar Reyes Mena ha sido señalado, además como uno de los responsables  del asesinato de tres periodistas holandeses”, se dijo.

Pro Búsqueda reconoció que la sede fiscal levantó un acta haciendo constar el incumplimiento de ambos militares al citatorio, por lo que esperan que la fiscalía haga cumplir la ley , para que los ex jefes castrenses brinden la información que permita establecer el paradero de las niñas Serrano Cruz y los otros niños.

Pro-Búsqueda demanda una comisión imparcial e independiente

(publicat al Diario Colatino de 30/09/2008)


Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Arcadia Portillo, de 76 años de edad, lucha por controlar sus lágrimas cuando habla de la desaparición de sus dos hijas durante el conflicto armado en los años ochenta. Este caso, junto a un centenar más, demandan del Estado salvadoreño la creación de una comisión que investigue y determine el paradero de las víctimas.

El próximo 6 de octubre expira el mandato de la "Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a Consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador", creado por el Órgano Ejecutivo en 2004, ante la sentencia condenatoria que recibió el Estado salvadoreño en 2005, por el caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de anteproyecto normativo para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, es para Zayra Navas, jurista de Pro Búsqueda, una oportunidad para promover la garantía a los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

"El Estado salvadoreño está obligado constitucionalmente a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno del país", dijo.
Arcadia perdió a Ana Julia de 14 años y a María del Carmen Portillo de 7 años de edad, cuando vivían con su tía en lo alto del Cerro Pando, Morazán.

"Yo trabajaba en ese tiempo (1981) en el municipio de (San Francisco) Gotera, cuando se llevaron a las niñas, pasó eso tan terrible, mataron a Etelvina mi hermana y a la gemelita de María del Carmen, se llamaba Carmelina, llegó el ejército entre las 10 de la mañana y se fueron como a la 2 de la tarde, mataron a la gente y se llevaron a mis otras dos hijas", narró.

La iniciativa para una nueva normativa y comisión de búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado contó con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo procurador adjunto Salvador Menéndez Leal, consideró, era "una demanda imperativa que sobrepasa la moral y la ética", y la iniciativa de ley de los partidos FMLN y Cambio Democrático.

Navas agregó que "sabemos que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resoluciones de septiembre de 2006 y junio 2007, ha sido que la comisión de búsqueda, creada por el decreto Ejecutivo, no cumple con los parámetros dictados en la sentencia del caso Serrano Cruz versus El Salvador".

La nueva "comisión de búsqueda" tendrá según las nuevas disposiciones un compromiso con la eficiencia, la independencia de trabajo y la imparcialidad en las investigaciones, para que permita el reencuentro de las víctimas desaparecidas con sus familias biológicas de manera respetuosa y digna.

"La comisión tiene que garantizar la verdad, el acceso a la justicia y procurar reparaciones adecuadas, con la participación de las organizaciones dedicadas a la determinación del paradero de los niños y niñas, y la comunidad, ejerciendo su función de preservar las pruebas y evidencias que obtengan, aunque no tengan competencias jurisdiccionales (poder o derecho para juzgar)", explicó.

En cuanto a la composición de la Comisión de Búsqueda, la propuesta contempla la designación de 3 personas, que se llamarán comisionados, con reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como competencia moral en los últimos 10 años, que anteceden a su nombramiento.

Y no podrá ser comisionado o comisionada ningún funcionario público, magistrados, ministros, viceministros, o parientes en cuarto grado de consaguinidad, miembros de partidos políticos o militar de profesión.

El nombramiento será el primero por la Corte Suprema de Justicia, el segundo por el Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el tercero, por las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos por la Asamblea Legislativa, previo una ronda de entrevistas para verificar antecedentes e idoneidad para el puesto.

"La comisión tendrá la facultad de investigar de oficio o por petición de cualquier ciudadano que dé información sobre el desaparecimiento forzado de niños o niñas. Y deberá promover el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y preservar el derecho a la identidad de las personas que son víctimas de las desapariciones", argumentó.

Pro Búsqueda, desde su fundación en 1993 por el Padre Jesuita Jon Cortina, ha documentado alrededor de 732 casos, de los cuales 332 han celebrado un reencuentro y 400 continúan desaparecidos. "Nosotros sabemos que cuando la gente vea el trabajo de esta nueva comisión de búsqueda, perderá su miedo y pedirá que se encuentre a su familiar", concluyó Navas.

Las heridas que no se cierran en La Guacamaya


(Publicat al Diario Colatino de 16/09/2008)


Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Dos cruces yacen en el patio trasero de la casa de la familia Sáenz Barrera. Una de cemento y otra de madera rústica gastada. Están adornadas con flores de plásticos color azul, a pesar de que simbolizan a tres mujeres. Alguien las colocó, para recordar a: Juana Paula Díaz y sus hijas María e Irma. Las tres fueron cruelmente asesinadas en un día fatídico para las mujeres, niños y los pocos hombres que cuidaban el cantón Guacamaya, en el oriente del país, el 22 de octubre de 1980.

Juana Paula decidió regresar a su vivienda para saber de sus animales, junto a sus dos hijas, el día que las asesinaron.

Varias noches antes, las Díaz se habían resguardado en una casa con otras 30 mujeres, luego que sus esposos salieran por los “huatales” y buscaran refugio, que los pusiera a salvo de las Fuerzas Armadas y el ataque a la guerrilla.

“Ella (Juana Paula) bien de mañanita salía a darle comida a las gallinas y regresaba. Pero el día que las mataron, se devolvió con sus hijas después de haberlas alimentado. Escuchó que estaban agarrando sus gallinas. Yo la encontré, cuando yo iba para abajo, buscando donde irme por los huatales. Todavía me dijo que me quedara, pero por el niño, que tenía once meses me fui”, recuerda pese al tiempo, visiblemente consternada Valentina Sáenz Barrera, la masacre de la Guacamaya, y los estragos que dejó el conflicto armado, que los obligó a vivir en Honduras, por varios años.

Las Díaz, fueron asesinadas, según los sobrevivientes de la zona, por elementos del ejército que custodiaban la zona de La Guacamaya, El Mozote, Meanguera, y otros cantones en la jurisdicción de San Francisco Gotera, en el Departamento de Morazán. El mismo grupo al que se le adjudicó la masacre de El Mozote, cuando tomó el plan “Operación Rescate”, en 1981, con el fin de “limpiar” la parte norte de Morazán, por considerarla un bastión de los grupos guerrilleros.

“Yo le hilaba para hacer matates, ella me enseñó, hacía cuajadas y le veníamos a buscar”, recuerda Valentina, mientras junto a sus hijos trata de seguir cultivando la enseñanzas de elaborarlos y abastecer la zona.

Agrega que aquel día, varias mujeres, niños y hombres fueron asesinados. Masacres en las quebradas, en huatales y otros en el interior de su vivienda como los Barrera Márquez.

De la familia Barrera Márquez, murieron Andrés, Cruz Armando, Vicenta Edelmira, Noé Mauricio, Mario Edgardo hijos de Andrés Barrera Mejía. En la masacre también murió su suegra Heriberta Márquez y Maclovia Márquez, y un recién nacido.

En la exhumación se encontraron los restos, en fila, de los niños, las dos mujeres y los huesos pequeños de recién nacido, que se presume eran del hijo que estaba esperando Maclovia.

Según estima Andrés Barrera Mejía, su esposa dio a luz antes de ser asesinada, pero no pudo constatarlo, porque él, junto a los hombres, andaban en “retirada”, el día de la masacre.

“Cuando yo regresé ya los habían enterrado, no pude ver como los habían dejado. Cuando vine encontré unos pedacitos de huesitos, y un brasier con sangre, y quemado. Nosotros teníamos maíz en tusa, eso lo amontonaron con las hamacas y le dieron fuego a todo, todo lo que teníamos allí”, reciente.

Recuerda que nadie de aquel pequeño poblado esperaba que algo así se registrara,
La tropa del ejército siempre pasaba y nunca mataban a nadie.

“Allí quizá hubo un mal vecino, porque había una casa más abajo de donde nosotros vivíamos, allí habían más de 50 gentes en esa casa y no les pasó nada, nada, y nosotros quedamos pensando en eso, que tan cerca que estaba y no les había pasado nada. Después pensamos, que a ese hombre no le gustaba la organización, algo hubo por allí”, se atreve a especular Barrera.

“Yo era el encargado de reunir a la gente de allí, él nunca opinaba, a mí nunca me convencía y al final como los hermanos de él colaboraban con la organización, los terminó matando a ellos”, agrega.

Las muertes de La Guacamaya, 28 años después no han sido esclarecidas. Muchas de las víctimas no han sido exhumadas ni identificadas.

No se tiene claro quién cometió esos crímenes contra niños, mujeres y hombres.

“Creemos que fue el batallón de Gotera”, indica Barrera, quién perdió a seis de sus hijos, su esposa y su suegra.

La herida por esas pérdidas y la falta de justicia es uno de los reclamos de las familias que todavía habitan en La Guacamaya, en casas de bahareque (de lodo y varas de bambú), lámina y sin luz. Es decir, este capítulo de la historia sigue abierto.

“La justicia aquí brilla por su ausencia, al igual que en otros países, la Comisión de la Verdad, puso en tela de juicio”, critica Barrera.

Después del conflicto, la posibilidad de conocer la verdad, tuvo candado. La Ley de Amnistía se volvió un obstáculo, el cuerpo legal no avala el enjuciamiento de los hechos que se cometieron antes y durante el conflicto armado. “La Ley permitió que estos crímenes, se encubrieran. Los hechos que hubo fueron una violación a los derechos humanos”, sostiene Barrera.

Desde hace años, Barrera ha tratado de pedir justicia y contar lo que pasó a través de la música. La música que le dio vida y refugio a los “Torogoces de Morazán”.

“La música nos vino ayudar un poco, la mayoría habíamos perdido familia. La música no cura heridas, pero calma un poco. Hace olvidar por un momento las cosas”, dice.

“Cuando se cantan las canciones es algo tremendo, pero en general, la música ayudaba tanto a los compas que venían cansados de un operativo, como a nosotros, y allí se disimulaba un poco”, agrega.

Conmemoración para víctimas y la justicia
Desde el año pasado, el Alcalde y el concejo de la Alcaldía de Meanguera, en el Departamento de Morazán, propusieron la creación de un Comité de la Memoria Histórica, con el propósito de conmemorar cada 22 de octubre la masacre de la Guacamaya.

“El año pasado se creó el comité, se financió la organización de la actividad, para este año vamos a colaborar con la movilización de la gente y los grupos musicales, lo que buscamos es que la misma gente tome conciencia”, dice el secretario de la comuna de Meanguera, Wualberto Carrillo, Municipio al que pertenece, por jurisdicción, el cantón La Gua- camaya.

Según indica la comuna, tiene previsto elaborar una memoria donde se puedan focalizar los puntos donde ocurrieron las masacres.

“Hay más in- volucramiento de la gente, eso es el objetivo, que la misma gente tenga conciencia, porque nosotros creemos que para que exista desarrollo en una sociedad es indispensable que exista justicia. La justicia no se trata de venganza, si no que al menos los responsables de esto pidan perdón”, agregó Carrillo.

Según el calendario de las actividades de conmemoración se realizará el día 18, con una misa en memoria de las víctimas.

Gladys Maricela Sáenz, del Comité de la Memoria Histórica, adelantó que después de la misa se tiene previsto una caminata a los lugares “históricos” donde se ejecutaron masacres, en la cueva de la “Radio Venceremos” y el punto rojo.

Después, en el centro escolar La Guacamaya, se escucharán algunos testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

 

Siguen desaparecidos medio millar de niños de la guerra en El Salvador

(Publicat a AFP el 20/08/2008)

SAN SALVADOR (AFP) — Catorce años después de su fundación, la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en la guerra civil salvadoreña mantiene el desafío de encontrar a 464 infantes, tras haber localizado a 323 en nueve países.

"Desde 1994 hemos logrado propiciar el reencuentro de 185 niños (en el presente jóvenes) con sus familiares, pero nuestro trabajo sigue sorteando obstáculos para localizar a más desaparecidos", declaró a la AFP el portavoz de Pro-Búsqueda, Milton Aparicio.

Fundada por el extinto sacerdote español-salvadoreño Jon Cortina, el organismo humanitario lamenta que en su labor todavía no encuentre la "colaboración" del Ejército y de otras instituciones del Estado para que brinden información sobre los niños que fueron entregados en adopción a extranjeros.

Con la colaboración de otros organismos humanitarios, Probúsqueda ha localizado a 100 niños en territorio salvadoreño, 60 en ciudades de Estados Unidos, 30 en Italia, 18 en Francia y el resto en Honduras, Bélgica, España, Suecia, Holanda e Inglaterra.

En algunos casos, los reencuentros no se producen debido a que los jóvenes localizados en el extranjero declinan viajar a tierras salvadoreñas por temor a represalias, comentó el portavoz del ente humanitario.

"Muchos de los niños fueron testigos del asesinato de sus padres y hoy tienen miedo de enfrentarse a una realidad en la que los victimarios todavía viven", aseguró Aparicio.

Debido a que el clamor de justicia de los desaparecidos choca con una Ley de Amnistía decretada en 1993, Pro-Búsqueda acudió con siete casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

El ente humanitario ya logró además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictara una sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño por la desaparición de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano, secuestradas por militares durante un operativo del ejército en 1982.

En virtud de la sentencia de la Corte, el Estado indemnizó a los familiares de las niñas Serrano y se fundó la Comisión oficial de búsqueda de niños.

Para el portavoz de Pro-Búsqueda, "la mayor dificultad" en su trabajo es que "el Estado niega que existan niños desaparecidos y niega cualquier información".

Los doce años de la guerra civil, que concluyeron con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla en 1992, dejaron más de 75.000 muertos, alrededor de 7.000 desaparecidos y pérdidas a la economía estimadas oficialmente en 1.579 millones de dólares.

Un país hostil para los jóvenes

(publicat a elfaro.net el 21/07/2008)


 


Ya solo encontrar trabajo es difícil. Y lo es más si se es joven y si se busca un trabajo decente. Hay quien tuvo que ahorrar para renunciar, en un esfuerzo supremo por tratar de construirse una vida digna.  Con tasas de desempleo de 12.4% y de subempleo que alcanza el 50%, las personas entre 15 y 24 años tienen pocas opciones de incorporarse al mercado laboral. La alternativa: engrosar las filas del paro, aceptar trabajos con ingresos que rayan en lo absurdo o buscar mejor suerte fuera del país. 


 


Rodrigo Baires Quezada


“Trabajo no hay… entonces toca hacer lo que sea, lo que haya aunque no te paguen lo que uno se merece”. La frase puede ser lapidaria, pero no extraña. La dice Élmer, un joven de 17 años con excelentes notas del Instituto Nacional de Comasagua, al suroeste de Santa Tecla. Lo repiten Fátima, de 18 años, su compañera de pupitre; René, un tipografista de 23 años de Soyapango; Rafael y Ana,  egresados de derecho y desempleados; y Jaime, un ex pandillero convertido a evangélico.


Todos tienen historias personales dispares. El punto en común es ser jóvenes entre los 15 y los 24 años, ese grupo etario que aporta el 18.93% de la población en edad de trabajar -según el último censo de población-, que trabajan, han trabajado o están buscando oportunidades en un mercado laboral que les es hostil por su edad, según reveló el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, realizado con base en los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2006 (EHPM 2006).


Mientras las tasas de desempleo abierto general de El Salvador bajaron dos puntos porcentuales entre 1992 y 2006, alcanzando un 6.6% de la población económicamente activa (PEA), en el caso de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad “son casi el doble de las que registra en promedio la población nacional”, indica el estudio. Para esta rango de edad, el desempleo alcanza 12.4%.


¿La razón? Falta de oportunidades reales de acceder al trabajo. Una prueba de esto es que al desagregar las tasas de acuerdo con los años de estudio aprobados, los menos educados registran tasas de desempleo incluso menores que las de los jóvenes más educados (13.3% para jóvenes sin educación, y 14.7% para el segmento que ha cursado de diez a 12 años de estudio). “Mejores estudios no garantizan a los jóvenes acceso a un trabajo decente”, sostiene William Pleitez, economista y coordinador del grupo que realizó la investigación.


“Uno se mata estudiando para poder optar a mejores trabajos”, sostiene Élmer y sus notas esperan una oportunidad de demostrar que es “bueno” para trabajar. Para él, un buen trabajo garantizaría poder seguir con sus estudios universitarios en derecho y poder contribuir económicamente con su familia. “He trabajado vendiendo pan en los cantones cercanos… Luego pedí trabajo en la Alcaldía y me pagaban 65 dólares. ¿Qué hacía? De todo, chapodar, arreglar calles… todo. Pero para poder ir a la universidad se necesita un mejor empleo”, dice.


La forma en que se comporta el mercado laboral salvadoreño, aún con mejores niveles educativos –los jóvenes actuales, con 8.2 años de estudios aprobados, tienen un capital educativo que duplica al de la generación de sus padres, 4.7 años- deja claro que este grupo de edad es el que mayor problema tiene para encontrar un empleo de calidad; y que los mismos salarios no muestran una correspondencia con las mejoras en educación y en productividad de los trabajadores.


 


Los afectados del subempleo


“Mucho trabajo no hay en el pueblo y toca hacer lo que se pueda”, dice Élmer. En términos técnicos, engrosar las filas del subempleo, un trabajo con menos de 40 horas semanales, sueldos por debajo del mínimo establecido y sin seguro social o fondos de pensiones o sin ambas prestaciones. Para 2006, cinco de cada 10 trabajadores de las zonas rurales estaban en situación de subempleo, comparados con uno de cada tres en las áreas urbanas. Los datos se disparan en el caso de los jóvenes al 43.3%. “Lo que haya”, repite Élmer.


Los datos de la EHPM 2006, realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc) revelan que la tasa de subutilización laboral -la suma de desempleados y subempleados- entre los jóvenes es 12 puntos porcentuales más alta (62.4%) que la tasa nacional (49.9%).

Rafael sonríe con desgano al escuchar los datos. Tiene 25 años y es desempleado, aunque justo eso le ha permitido hacerse perito en algo. “Me hice experto en llenar formularios de entrevistas de trabajo”, dice, con ironía. “En algunos casos llegué hasta la segunda entrevista personal; en otros, me llamaban y resultaba que el puesto de ‘asistente de oficina’ era pura paja… querían vendedores y como que un estudiante de derecho no pega en eso”, resume.


Él hizo sus números antes de aceptar trabajar de vendedor. “Era un empleo de estos de vender paquetes para aprender inglés. No había sueldo fijo dice que porque entrabas en un período de prueba casi indefinido, mucho menos Seguro Social o Fondo de Pensiones. Te daban 60 dólares por paquete vendido… ¡Cada paquete costaba 4 mil dólares!”. En pocas palabras, tenía que vender 12 mil dólares cada mes para obtener 180 dólares y equipararse con el salario mínimo del sector de servicios. Si a eso le restaba los costos de transporte y alimentación, además de “rebuscarse hasta los fines de semana” para poder vender, le pareció que el trato no era justo. No aceptó.


Ana está a su lado en silencio. Conoció a Rafael en la escuela de Derecho de la Universidad de El Salvador y coincide con él en estar desempleada. “Yo, porque renuncié para poder terminar mis estudios… para hacer las prácticas jurídicas”, sostiene. Rafael contó con el apoyo de su familia y la paga de algunos trabajos esporádicos para pagar sus estudios; Ana no tuvo esa suerte. “A mí me tocó trabajar desde el principio. Pasé como un año desempleada, metí como 20 currículos en todas partes y terminé vendiendo líneas y teléfonos de Telecom… la paga era buena, pero personal y profesionalmente era frustrante para mí”, dice.


“Es un recurso humano que estamos desaprovechando”, dice William Pleitez. Según el estudio, debería de ser prioritaria la creación de un sistema que apoye la inserción laboral de los jóvenes en sus primeros empleos, y bajo una estrategia nacional de pleno empleo, asegurar que las plazas a las que acceden sean de calidad y contribuyan a su crecimiento personal. En el caso de Ana era frustrante. Así que optó por enfrentar el desempleo como única opción para “sentirse bien” con ella misma. Después de cansarse de pelear por sus derechos laborales en la empresa, decidió que era el momento de dejar el trabajo, terminar sus prácticas jurídicas y esperar que el futuro le depare un trabajo mejor en su área de estudios. “Ahorré para poder renunciar. Estoy vendiendo mi carro, porque es un lujo que no puedo mantener; hago trabajo ad honórem en una organización no gubernamental; y ya veremos qué sale cuando termine del todo mi carrera”, dice con esperanza.


 


Más empleo, menos violencia


Para Pleitez, el tema del empleo pasa más allá del desarrollo económico y personal de un joven. “El trabajo es un factor de inserción social al que históricamente no se le ha dado la importancia desde los planes o las políticas de gobierno”, dice. Según el investigador, un empleo decente no sólo asegura el poder satisfacer las demandas económicas de los trabajadores sino que, además, permite no repetir patrones de violencia social.


Esto sería de vital importancia en un sector de la población caracterizado por vivir en condiciones de pobreza y exclusión social. El estudio describe que la población joven registra mayor involucramiento en actividades violentas, lo cual refuerza la dinámica de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Jaime es un ejemplo de ello.


Piel morena, manos llenas de callos, un cabello delgado y cortado al ras. Nació y creció en Quezaltepeque. Y en el mismo municipio aprendió a leer en la escuela pública, a trabajar y a consumir drogas. “Uno hace lo que los otros hacen… trabajaba pero ahí estaba la mara y terminé en la mara como una forma de protección. Es sencillo, o sos parte o estás en su contra… mejor es ser parte”, dice con resignación.


“Mi papá siempre trabajó… Cuando se murió, las cosas cambiaron. No había plata, no había comida. Sin él, me tocó hacer de todo. Siempre fui trabajador hasta que me metí en huevos. Le hice a todo: recadero, vendedor de pan, obrero de la construcción, mecánico automotriz y cobrador de buses”.


Según su lógica, las condiciones de su trabajo lo llevaron a la mara; la mara, a las drogas; y las drogas, a robar para tener “chirilicas” y comprar marihuana, primero, y piedra (crack), después. “Pero estoy limpio… soy cristiano desde hace dos años”, sostiene, sonríe y explica la segunda parte de su historia en pocas palabras: “Era cobrador de buses… ¿La ruta? Te la debo. La mara pasaba la renta y presionaba para que te metieras a la clica. Me metí porque siendo de ellos, pues, no te tocan. Un día probé un puro, me gustó y caí… dejé de trabajar y me metí de lleno en ese volado. Hay días que no recuerdo qué hice… gracias al Señor que ya no estoy en eso”.


La historia de Jaime calza a perfección con lo que detalla el estudio del PNUD: “En un contexto de pobreza persistente y de alta desocupación, la población joven resulta muy vulnerable a la dinámica de la violencia. El desempleo, especialmente entre los jóvenes urbanos que han abandonado la escuela, se ha asociado en diversos estudios con altos niveles de criminalidad.”


“Cuando uno está sano, no es difícil encontrar trabajo… lo importante es no ahuevarse y hacer lo que toque”, asegura Jaime. “Lo yuca es cuando ni haciendo cualquier cosa te dan trabajo… uno siente bien feo. Yo porque soy cristiano no vuelvo a esa mala vida… pero a veces dan ganas de mandar todo a la mierda y volver a la calle a robar. ¡Puta, si uno quiere trabajar, ser honesto!”


 


Inmigración, la última salida


Aún con los dispuestos a hacer lo que toque, el mercado laboral todavía parece no poder absorber a todos los jóvenes. “Aquí se ve la falta de oportunidades. En Comasagua se puede optar por trabajar en las maquilas de la Zona Franca de Santa Tecla, los nuevos centros comerciales, trabajo doméstico, en caso de las mujeres, y el agrícola, en los hombres… por último, solo queda la Policía Nacional Civil (PNC) o emigrar, dejar el pueblo o el país”, dice Vanesa Rivera, profesora del instituto de la localidad.


¿El empleo para los jóvenes no es una prioridad en el país? Según el Ministerio de Trabajo, sí. “Tenemos una guía de propuestas para el fomento del empleo juvenil desde hace tres años. Lo que pasa es que no le han dado la cobertura periodística para que se pueda difundir esto”, dice José Roberto Espinal, titular de la institución. ¿Qué faltaría hacer? “Un pacto nacional como lo propone el informe del PNUD. El Ministerio no puede darle trabajo a todas las personas de El Salvador, pero sí podemos ser un bastión para coordinarlo”.


Para ejemplo, Espinal cita programas como el de Promoción de empleo juvenil y formación ocupacional, que se desarrolló en siete ciudades del Área Metropolitana de San Salvador, en 2007, y que buscaba proporcionar una formación laboral según las estructuras productivas de los municipios atendidos. La población beneficiaria: dos mil jóvenes de Ciudad Delgado, Tonacatepeque, San Martín, Ilopango, Cuscatancingo, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán.


Además, estaría la realización de la Red Nacional de Oportunidades de Empleo –coordinada con municipalidades y sociedad civil- que se encuentra descentralizada, y las ferias de trabajo que, según Espinal, brindan un “trabajo decente” a los jóvenes. “En las Ferias del Empleo se ponen a disposición plazas en la industria, comercio y servicios, todas del sector formal. Entonces, se cumple con lo estándares de trabajo decente que expone el informe del PNUD”. Sólo a las ferias realizadas entre 2004 y 2008, se han logrado colocar 81 mil 970 personas. ¿Cuántas son jóvenes? El dato no lo sabe el ministro. Tampoco sabe sobre los sueldos, aunque el PNUD pone el umbral promedio de un trabajo decente en un poco más de 500 dólares al mes.


Fátima es de las que no cree en la bolsa o ferias de trabajo y de las que optan por dejar el país, una vez termine sus estudios a fines de este año, para conseguir algo mejor. A los 16 años dejó de estudiar en 2006. Dejó su casa en el cantón El Faro, a cinco kilómetros de Comasagua, y se fue a trabajar de doméstica en una casa de Santa Tecla. El salario, 75 dólares mensuales. Ahorró durante un año completo para poder pagar los gastos de los dos años de bachillerato. “He pensado en irme para el norte”, dice. “Tengo un pariente que ya tiene el dinero para mandarme a traer. ¿Mojada? Sí. ¿Si vale la pena? Claro, aquí todo cada vez es más caro y no hay oportunidades.”


René piensa igual. Su historia personal es la de dar saltos. El primero lo dio a los 18 años cuando entendió que para garantizar los estudios de sus dos hermanos menores tenía que dejar sus sueños de ser profesional. Y dio el salto hacia el mercado laboral. Primero como aprendiz, luego como ayudante. Ahora, con seis años de experiencia, ya maneja todas las máquinas de la imprenta en la que trabaja. “Pero ahora ya no alcanza con lo que gano yo y mi madre. Si quiero ver mejor a mi familia, lo mejor es irse para allá donde se puede ganar bien… aquí, no creo que llegue más allá de lo que hago en esta imprenta”, dice.


Según la encuesta de Nacional de Juventud realizada por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” en julio de 2007, los jóvenes, en general, se muestran preocupados por los problemas económicos del país (44.9%) y de inseguridad social (42.9%); nueve de cada diez creía que la situación económica del país seguía igual o había empeorado en el último año; y aquellos quienes han tenido trabajo formal son los que más piensan en emigrar, un dato que aumenta entre los jóvenes de 20 a 24 años (33.5%).


“La migración ha sido una válvula de escape para el mercado laboral durante los últimos años. Es más de un millón de personas que viven fuera y a las que el país no ha tenido que ofrecerles trabajo”, dice Pleitez. Y los que han decidido quedarse se han enfrentado con que los empleadores, bajo una lógica de mercado, la mayoría de veces pagan salarios por debajo del mínimo de lo que están dispuestos a aceptar los trabajadores. “Y si no estás a gusto con lo que ganás y tenés conocimiento del mercado global, de los salarios que se puede obtener en otros países por hacer lo mismo que estás haciendo aquí, la opción de irse de El Salvador está presente”, agrega el investigador.


Jaime es de esos y piensa dar el siguiente salto, uno de más de 3 mil 500 kilómetros en línea recta, cuando tenga los 2 mil 500 dólares del primer pago que le pide el coyote. “Será en diciembre si Dios quiere. Allá (Estados Unidos) es diferente, se vive mejor, se gana mejor y se puede ayudar a la familia con un dinerito todos los meses… así es más fácil dejar los frijoles y las tortillas”, cierra y se tira una carcajada, como quien quiere convencerse a sí mismo de que ha tomado la decisión correcta.


 

Mesa Grande quedó atrás y hoy es Guarjila

Mesa Grande quedó atrás y hoy es Guarjila

Al caer de la tarde, Luis López, evoca un tiempo que es historia, que es sangre... sucedió en las riberas del río Sumpul, en Chalatenango.

Foto Diario Co Latino/Pedro Valle.

 

(publicat al Diario Colatino de 19/07/2008)


Pedro Valle
Redacción Diario Co Latino

Luis López es un joven padre, de palabra fácil y piel morena, que a sus 33 años tiene muchas vivencias que contar. A Luis lo abordamos horas después de un partido de fútbol que disputó con el equipo de su comunidad de origen, Guarjila; gustoso accede a rememorar la década oscura de la guerra civil en nuestro país, en su relato se manifiesta la infancia y el dolor de muchas familias que fueron obligadas a abandonar el país, ubicándose en los campamentos de Mesa Grande, en la República de Honduras.
Los salvadoreños y sus familias emigraron en la década de los ochenta, huyendo de la guerra.
Luis es el quinto miembro de una familia de siete, en ese entonces contaba con cinco años y su familia fue de las primeras que llegaron a los campamentos.
«Recuerdo que era un lugar desierto, las casas eran champas de lona, que no fueron temporales, sino permanentes. Por mi corta edad no podía entender con facilidad el por qué de estar encerrado en ese lugar, mucha gente lo describe como una gran cárcel, donde se podía correr sólo adentro de los límites, salir era arriesgar la vida».
A pesar de contar con la ayuda internacional, los refugiados a duras penas contaban con la comida, les llevó mucho trabajo acostumbrarse a consumir el «maíz amarillo» o la harina, también se las ingeniaban para cultivar hortalizas en pequeños huertos, donde se cultivaba el tomate, la cebolla y la zanahoria, que posteriormente eran distribuidos equitativamente a toda la gente.
«Para mí como niño, esos siete años fueron de vida fácil, de jugar... iba a la escuela, pero no me obligaban, en ese tiempo no sabía la importancia que tenía el aprender a leer y escribir, fue una vida de juego, escuela y más juego».
La vida en los refugios era muy dura, la gente, a pesar de la guerra quería regresar, los líderes realizaban reuniones para organizar el regreso a El Salvador, le pidieron el apoyo a ACNUR para el transporte, ellos de manera estratégica posponían las fechas del retorno, al final hubo tanta presión que no quedó otra alternativa, y en el año de 1987, regresaron por la frontera «El Poy», las comunidades de Las Vueltas, Santa Marta, Copapayo y Guarjila.
«Esa noche, muchos teníamos miedo porque estando en la frontera «El Poy», había presencia del ejército como una invasión, como que nosotros éramos los peores enemigos, en medio de todo eso, un sacerdote comenzó a celebrar la Santa Misa, la gente cantó cada canto con mucho entusiasmo, con el corazón, incluso algunos cantos que eran prohibidos en ese tiempo».
Guarjila fue habitado por pobladores que tenían como destino Arcatao, un municipio en la frontera con Honduras, pero por el estado de la calle, las condiciones no se prestaban para un viaje más largo, entonces en predios donde había mucho zacate, la gente se reubicó en casas deshabitadas, dándole prioridad a familias que traían niños pequeños.
«Todo el mundo al llegar estaba pensando que de un día a otro, íbamos a sufrir un enfrentamiento armado en la comunidad, porque sabíamos que era una zona conflictiva y que el país estaba en plena guerra, lo cuál no tardó, en la misma semana que llegamos hubo un enfrentamiento. Yo realmente tenía miedo, no lo voy a negar, muchas veces me escapaba de la casa y me iba para lugares más seguros, casas de adobe que ya existían allí, porque no quería simplemente morirme».
Los alrededores de Guarjila estaban minados, y las advertencias que recibía la gente era de ser limitado en las distancias, también era un granero de la zona guerrillera, donde podían comer, descansar y llevar provisiones para algún tiempo.
«Yo me acuerdo una vez, que mi mamá estaba tortiando, un soldado le dijo que le vendiera un colón de tortillas, mire le dijo mi mamá, nosotros no le vendemos tortillas a nadie, porque usted es un ser humano como nosotros, se las voy a regalar».
Uno de los personajes históricos y muy queridos por la comunidad de Guarjila, es el padre Jon Cortina, quien realizó muchas obras de desarrollo como la construcción de viviendas, proyectos de agua, la célebre reconstrucción del puente Sumpul, y fundamentalmente la ayuda espiritual en momentos necesarios.
«Él decía que la iglesia era necesaria en una comunidad, pero que él había concluido que la iglesia era la gente, y que si a la gente se le daba casa, vivienda digna, eso era más que una iglesia, que la comunidad es la mejor iglesia que puede existir», finalizó López.

A dos años de espeluznante crimen, la impunidad continúa

(publicat al Diario Colatino el 03/07/2008)

 

Iván C. Montecinos

Suchitoto es una linda ciudad que sufrió la violencia de la guerra civil de los años ochenta y que posterior a los Acuerdos de Paz tomó un nuevo impulso, sobresaliendo como destino turístico en el ámbito nacional e internacional. El dos de julio de 2006, fue impactada con la espeluznante noticia del asesinato de los ancianos esposos Juana Monjarás y Francisco Antonio Manzanares, padres de Marina, mejor conocida como “Mariposa”, legendaria ex locutora de las radios Venceremos y Farabundo Martí.

Fresco está en mi memoria lo que pasó en los días anteriores a ese horrendo crimen, cuando Marina muy entusiasmada me pidió le prestara unas fotografías sobre la guerra, para ser expuestas en la inauguración de su restaurante “El Papalut”, programada para el 24 de junio de 2006.

Tal como estaba previsto, la inauguración del Papalut se llevó a cabo en la fecha indicada, con la asistencia de numerosos invitados que se entusiasmaron por el local y la oferta cultural que ahí se presentaría, los augurios eran de optimismo y éxitos para  la apertura de un nuevo espacio que ampliaba la oferta turística de la ciudad con rasgos coloniales. Por supuesto, ésta inauguración contó con la distinguida presencia de “Don Paco”, un hombre de 79 años, de mirada sincera, que se sentía muy orgulloso del ambicioso proyecto que esperaba desarrollar su hija Marina.

Todos los planes sobre El Papalut, que Mariposa se había trazado con un gran esfuerzo y sacrificio, fueron interrumpidos abruptamente nueve días después de la inauguración, cuando ese triste domingo dos de julio, se conoció la muerte de sus padres, quienes fueron salvajemente torturados y asesinados al mejor estilo de los siniestros escuadrones de la muerte. Este abominable hecho sacudió la sociedad de Suchitoto, que no alcanzaban a comprender cómo era posible que se hubiera producido un acto de semejante magnitud y que ponía en entredicho la tranquilidad de la que se jactaban los habitantes de esta pintoresca población.

Dos años han transcurrido desde aquel fatídico primer domingo de julio y hasta este momento las investigaciones de la Fiscalía General de la República aún no arrojan ningún resultado sobre el esclarecimiento de quiénes fueron los responsables de haber cometido este asesinato. Todo se encuentra, como suele suceder en este país, en una real impunidad.

Por su parte, Marina Manzanares, fue obligada a cerrar su prometedor negocio y a los pocos días de los hechos forzada a abandonar el país ante las frecuentes amenazas de muerte que recibió junto a su pareja. Ella, durante este tiempo en el exilio ha estado  desarrollando una permanente campaña de denuncia a nivel internacional contra la Fiscalía General, demandando el esclarecimiento del asesinato y el juicio y castigo para los asesinos de sus padres, pero no ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria.

En ese marco, Marina le envió una carta en noviembre de 2007 al Fiscal Félix Garrid Safie, en la que se refería a las declaraciones que el fiscal Walter Ruiz, de la Unidad del Crimen Organizado, le había ofrecido a un periodista de El Diario de Hoy diciendo: «Ella no ha contribuido a que le demos robustez a su hipótesis. Su pertenencia al FMLN y porque fue locutora de Radio Venceremos es lo que la hace inferir de que se trata de un crimen político. Pero no ha dado razonamientos que a nosotros nos haga inferir que se trata de eso… Por ahora, se escudriña la posibilidad de que el asesinato se haya derivado de problemas o intereses familiares. En esa línea de investigación, la principal sospechosa es Mariposa”.

Estas declaraciones fueron contundentemente desmentidas en esa carta por Mariposa: “Comprenderá señor Fiscal que estas declaraciones, además de contener absoluta falsedad, son malintencionadas, irresponsables y causan una grave revictimización en mi persona y en mi familia; declaraciones que no solo ofenden mi honor, sino que causan un nuevo dolor por atreverse a decir que están investigando la posibilidad de mi participación en ese horrendo crimen”.

Al finalizar la misiva Marina exponía su rechazo a las acusaciones mal prefabricadas del fiscal Ruiz y pedía que se le sacara del caso y que fuera procesado por el delito de difamación y calumnias. Ya han pasado más de ocho meses desde que esta carta fue enviada y hasta el momento el Fiscal General no ha ofrecido ninguna respuesta y nada se conoce sobre las últimas investigaciones hechas sobre este crimen.

Este dos de julio se cumplieron dos años de total ausencia de justicia e impunidad en el caso Manzanares- Monjarás y el hecho fue recordado en Suchitoto  con un Festival Artístico Cultural y con el foro “Basta de Impunidad y Represión”, realizado en el auditórium Herbert Anaya Sanabria de la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Además, el seis de julio se oficiará una misa conmemorativa a las 10 de la mañana en la cripta de Catedral Metropolitana.

¿Hasta cuándo en nuestro país será realidad aquello de una pronta y efectiva justicia?, ¿Cuántos años tendremos que esperar para ver señales positivas de las autoridades? Hoy por hoy esos funcionarios parecieran estar demasiado ocupados en desenmarañar casos políticos, como el publicitado FARC y FMLN; y se despreocupan por esclarecer hechos como el que aquí mencionamos y otros de gran trascendencia para la sociedad salvadoreña, tal es el caso del asesinato de la niña Katia Miranda, próximo a prescribir.

“Y ahora escribe” Iván C Montecinos, periodista, colaborador de Diario Co Latino y Raíces.

 

Anahuatl: Cantando por la esperanza

Anahuatl: Cantando por la esperanza

(publicat al Diario Colatino el 04/07/2008)

 

Rodolfo Aguirre
Colaborador

Con la finalidad de contribuir a las transformaciones sociales del país a través de la música, los integrantes del grupo Anahuatl han combinado, en el término de casi dos años, actividades agrícolas con la música, una pasión sensibilizadora de la nueva etapa de la historia de El Salvador.

El nombre Anahuatl es origen nahuatl y significa «costa», un proyecto fundado por iniciativa de Luis Eduardo Cruz, autor de más de 32 canciones de contenido social, y Bladimir Alfaro, joven guitarrista que poco a poco a ido perfeccionando la ejecución de la guitarra.

Posteriormente se integra René Castillo, el más jovencito, quien cuenta con apenas 17 años de edad, pero con la plena convicción de transmitir el sonido armónico de la guitarra. También forma parte del proyecto musical Arnoldo García, quien es el representante artístico, todos originarios del Bajo Lempa, Tecoluca, de San Vicente.

Actualmente trabajan en la producción del primer disco promocional el cual comprenderá dos temas inéditos, el primero llamado «Díganme donde están», un homenaje a quien fuera en vida el padre Jon Cortina, quien luchó por la búsqueda de los niños desaparecidos a causa del conflicto armado.

El segundo tema es una canción romántica llamada «Celeste», con líricas que combina el amor, la amistad y la solidaridad entre los inquietos jóvenes, comentó Arnoldo García.
Algo muy singular de Anahuatl es que todo el repertorio que interpretan en vivo es original, no interpretan canciones de ningún grupo o cantor.

Actualmente, trabajan en técnicas de vocalización y musicalización para adquirir más profesionalismo.
Otro sueño de los integrantes del grupo Anahuatl, es realizar una gira de solidaridad por Europa, finalizó García.