Por qué parten a EEUU. Informe desde El Salvador

(publicat a Rebelión el 02/07/2008)

 

Alexandra Early

CounterPunch

 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

 

Acabo de pasar un cierto tiempo en un país pobre al sur de la frontera de EE.UU., cuya principal exportación es gente. Vi de primera mano lo que impulsa a la gente hacia el norte – y por qué soluciones políticas convencionales no van a disuadir a salvadoreños desesperados de irse a EE.UU. Lo que falta en gran parte en la campaña electoral de este año es alguna reevaluación seria de nuestras políticas exterior, militar y comercial, que han obligado a millones de latinoamericanos a desarraigarse y a buscar oportunidades para una vida mejor lejos de sus hogares.

En la campaña presidencial, hasta los críticos del libre comercio suministraron poca educación al público sobre la relación entre la globalización corporativa, la desregulación del comercio, y la resultante relocalización obligada de la gente, en ambos hemisferios. Por ejemplo, mientras hacía la corte a los trabajadores manuales en los estados agrícolas y del cinturón de las manufacturas (que a menudo son lo mismo en estos días), Edwards frecuentemente denunció el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) – y su nuevo equivalente centroamericano, CAFTA – como “leyes comerciales que mandan puestos de trabajo estadounidenses al exterior. En Iowa, Michigan, y Ohio, el libre comercio ha caída en desgracia porque amenaza la manufactura local en comunidades rurales que ya están tan deprimidas económicamente que algunas se están despoblando. Como preguntara Lorri Brouer, un propietario de mediana edad de una tienda de regalos de Iowa Falls, a un periodista del Boston Globe en enero: “¿Quién va a apagar las luces cuando envejezcamos y muramos, porque todos los jóvenes se van?”

En mis recientes viajes al campo salvadoreño, escuché un eco del temeroso refrán de Lorri Brouer en numerosas pequeñas aldeas (donde la ausencia de personas entre 25 y 55 años es a menudo bastante obvia). En una remota comunidad agrícola en Usulután, los campesinos que quedan luchaban por sobrevivir pastoreando ganado y cultivando frijoles y maíz entre ciclos de inundaciones y sequías. En su mayoría se habían establecido en la región después de haber sido convertidos en refugiados por la guerra civil de 12 años en El Salvador. Algunos habían luchado como combatientes contra las fuerzas del gobierno, que recibió 4.000 millones de dólares en ayuda de contrainsurgencia de EE.UU. durante los años ochenta. Como la mayoría de los residentes siguen apoyando a la izquierda, el gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de Elías Antonio Saca no ha suministrado la ayuda y los servicios sociales necesarios (que son puestos a disposición de electorados más amigos).

La madre y el padre de una familia numerosa con la que viví me mostraron orgullosamente fotos de graduación de secundaria de sus dos hijos mayores. Pero su orgullo estaba mezclado de tristeza y pena. Su hijo y su hija habían emigrado ilegalmente a Houston después de completar el noveno año en la escuela, sumándose a los 100.000 compatriotas que se van cada año. Con pocas posibilidades de empleo local – y pocas también en la capital San Salvador – los jóvenes del pueblo “cumplen catorce, y se van todos,” explicó la mujer. Mostró la foto de su hija sonriendo, con su toga y birrete: “Cuando hablamos por teléfono, dice que nos echa de menos. Llora y dice que no le gusta allá y que quiere volver a casa.”

Esta partida obligada de gente – una tragedia humana en escala masiva – es el núcleo de los acuerdos comerciales. Promulgado, hace quince años, el NAFTA estableció un modelo regional que ya es familiar. Ha permitido que las compañías de cereales de EE.UU. “vendan a precios ruinosos maíz barato en el mercado mexicano, mientras al mismo tiempo México fue obligado a recortar sus subsidios agrícolas.” Pobres agricultores en Oaxaca y Chiapas ya no pueden vender sus cosechas a precios que cubran sus costes de producción. Por lo tanto se han unido a la corriente de seis millones de mexicanos que buscan trabajo en EE.UU.

El economista salvadoreño Alfonso Goitía ve que el mismo fenómeno ocurre en El Salvador donde un 40% de la fuerza laboral sigue empleada en la agricultura. De una población total de seis millones, 750.000 salvadoreños se convirtieron en exiliados políticos o económicos antes de los acuerdos de paz de 1992 que terminaron la guerra civil. Hoy en día, dos millones viven en EE.UU. porque – bajo una serie de gobiernos de ARENA durante los últimos quince años – El Salvador ha abrazado el libre comercio, adoptado el dólar como moneda, privatizado los servicios públicos, ratificado el CAFTA, y consignado a un gran porcentaje de la población a continua pobreza y explotación.

En el campo, pequeños agricultores no pueden mantener sus propias parcelas sin apoyo gubernamental o sobrevivir con salarios como jornaleros en haciendas más grandes. Para los que se ven obligados a buscar trabajo en áreas urbanas, las alternativas tampoco son buenas. En el sector manufacturero, los puestos de trabajo se concentran en fábricas en zonas de exportación de alta seguridad, con salarios bajos, condiciones de trabajo de talleres de máxima explotación, y empleadores multinacionales que destruyen los sindicatos. Un esfuerzo en el año pasado de SUTTELL, el sindicato de trabajadores de la telefonía, por organizar a mujeres ensambladoras en ABX Industries, fabricante de componentes electrónicos en San Bartolo, llevó al despido y posterior inclusión en listas negras de 30 de ellas, con la complicidad del Ministerio del Trabajo. Como sucede a menudo, las víctimas de esta campaña – con quienes me reuní en noviembre – habían sido forzadas a la economía informal, sumándose al vasto ejército de salvadoreños que ya venden por las calles frutas, zapatillas, juguetes, bocadillos empaquetados, y comidas hechas en casa en tambaleantes puestos callejeros y en sitios en abarrotados mercados centrales en todo el país.

Una de las líneas de mercancías más vendidas por los vendedores callejeros – CD y DVD piratas, los convierte ahora en objetivo especial para la policía local, entrenada por la Academia Internacional de las Fuerzas del Orden Público en San Salvador, financiada por EE.UU. En el país en el que EE.UU. otrora financió e instigó a “escuadrones de la muerte,” ahora gasta millones de dólares de ayuda para orquestar la represión contra cualesquiera presuntos infractores de los “derechos de propiedad intelectual” protegidos por el CAFTA.

No sorprende – en vista de un “mercado laboral” urbano y rural tan problemático – que haya visto regularmente a grandes multitudes en la Embajada de EE.UU. en San Salvador, esperando durante horas con sus documentos en mano, para solicitar alguna forma de ingreso legal a EE.UU. Un estudio reciente de la Universidad de Centroamérica informó que un 42% de todos los salvadoreños que siguen viviendo en su propio país partirían para EE.UU. si tuvieran la oportunidad. Sean aprobados o no, el arancel no reembolsable por la entrevista personal requerida para obtener una visa de EE.UU. es de 65 dólares – una suma considerable en un país en el que el salario mínimo mensual es de 157 dólares. Las filas de gente esperanzada que culebrean alrededor de los altos muros del complejo parecido a un castillo de la embajada, son encerradas ahora en su propia estructura adyacente, una especie de depósito de autobuses de inmigración (con un número muy limitado de pasajes disponibles).

Cuando son frustrados sus intentos de entrar legalmente a EE.UU., los salvadoreños que pueden vender alguna tierra o sacar préstamos personales contratan a un coyote que cobra entre 4.000 y 6.000 dólares para la ayuda extraoficial de inmigración. Con o sin un semejante guía “profesional,” los emigrantes son vulnerables a asaltos, robos y violaciones a lo largo de la prolongada ruta terrestre que pasa por Guatemala y México. En 2006, el Centro de Recursos Centroamericanos documentó cientos de muertos y heridos entre salvadoreños que intentaban cruzar a EE.UU. a pie. Mientras los periódicos de EE.UU. informan sobre temores locales ante invasores de habla española, los medios salvadoreños publican regularmente historias sobre niños que desaparecen en el desierto de Arizona o Texas o de jóvenes mujeres que se ahogan cuando sus botes resquebrajados zozobran ante la costa de México. Mientras tanto, dentro del país, la desintegración de las familias es un gran problema social salvadoreño. Madres y padres que se van dejan a sus niños a cargo de abuelos y otros parientes; algunos niños crecen con poca supervisión, se sienten abandonados, y terminan por contribuir al “problema de pandillas” del país, conocido en todo el mundo. El chivo expiatorio de todos, las pandillas callejeras salvadoreñas son ciertamente violentas y un sistema que alimenta un sistema carcelario nacional repleto al doble de su capacidad. Y la legítima preocupación popular por el crimen callejero – que hace que muchos residentes en las ciudades teman salir en la oscuridad – es fácilmente manipulada por la derecha, a fin de promover su propio programa de medidas de seguridad interiores (que infringen las libertades civiles).

Un aspecto en el que el presidente Bush y sus aliados de ARENA tienen realmente ideas bastante contrarias, nunca es reconocido en público. En la idea optimista del mundo de Bush, los miembros leales de la “coalición de los dispuestos” no sólo envían tropas a Iraq (como hizo el presidente Saca) para llevar los beneficios de los libres mercados a Oriente Próximo, también mantienen a la gente en sus granjas en casa – en lugar de que se vaya a EE.UU. – exponiéndola a los beneficios del capitalismo interior sin restricciones. En realidad, El Salvador, depende considerablemente de remesas de dinero – los ingresos de cientos de miles de sus ciudadanos que trabajan en el exterior. En 2006, los salvadoreños mandaron a casa 3.300 millones de dólares – lo que representa cerca de un 18% del PIB de la nación. Esas remesas mantienen a flote la economía y, al amortiguar el impacto de las políticas de austeridad impuestas desde el exterior, operan como una inmensa válvula de escape social. Con bien merecidos dólares de EE.UU. que fluyen a tantas familias y comunidades de bajos ingresos, hay mucho menos presión sobre el gobierno para que grave con impuestos a los ricos o a corporaciones para que paguen su parte correspondiente del coste de escuelas, carreteras, eliminación de basura, atención sanitaria, y otros servicios públicos. En otra localidad en Usulután que visité, un grupo de agricultores me mostró orgullosamente la recién mejorada ruta que conecta sus campos con los mercados más cercados; cansados de esperar ayuda para obras públicas del gobierno, tomaron las cosas en sus propias manos y, con ayuda de su propio trabajo y medios – de hijos, hermanos y otros que trabajan en EE.UU. – habían hecho ellos mismos la construcción necesaria.

A pesar del aumento de la represión (en la forma de nuevas leyes que convierten diversas formas de protesta política en actos “terroristas”), los movimientos sociales salvadoreños también se mueven. Su objetivo – y, ojalá, plataforma electoral, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desafía a ARENA en la elección presidencial del próximo año – reivindica la idea del desarrollo económico nacional, alimentado por inversiones públicas muy necesarias. El otoño pasado, miles de salvadoreños, agitando pancartas, marcharon en la capital para “Defender el Derecho al Agua” – en una gran protesta contra la privatización orientada a impedir la amenaza de una apropiación corporativa del sistema público de agua salvadoreño aquejado por problemas. Sobre sus cabezas, los manifestantes equilibraban los coloridos recipientes de plástico que mujeres y niños utilizan para llevar agua en sus largas caminatas hacia y desde pozos, vertientes, y bombas en áreas rurales. A los oradores locales se sumaron varios visitantes norteamericanos, incluyendo el ex embajador de EE.UU. Robert White y la legisladora de Maryland, Ana Sol Gutiérrez, que apoyaron el llamado a favor del aumento del acceso al agua potable. Desgraciadamente, sólo un puñado de norteamericanos comparten actualmente su comprensión de que el financiamiento público de la creación de puestos de trabajo, ayuda a la agricultura, derechos de los trabajadores, caminos y escuelas decentes, y otros servicios básicos, son precisamente lo que se necesita para mantener a más salvadoreños en El Salvador, donde la mayoría preferiría quedarse.

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Alexandra Early es una reciente graduada de la Universidad de Wesleyan de Estudios Latinoamericanos, que trabajó en El Salvador para CRISPAZ, un grupo de solidaridad a través de las fronteras y de justicia social. Para contactos, escriba a: [e-mail]. Para más información sobre CRISPAZ, vea: www.crispaz.org .

http://www.counterpunch.org/early06302008.html

 

Primer militar de alto rango comparece ante Fiscalía

(publicat al Diario Colatino de 26/06/2008)

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

“Es un hito histórico”, opinó Zayra Navas, abogada querellante en el caso de la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, al comentar la comparecencia del ex Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada y ex Viceministro de la Defensa coronel Rafael Flores Lima, en un interrogatorio que duró cuatro horas y 30 minutos.

La comparecencia de este militar se dio, por el proceso penal impulsado por la Asociación Pro-Búsqueda, en el marco del cumplimiento de la sentencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar el paradero de Erlinda (3años) y Ernestina (7 años) Serrano Cruz, desaparecidas en la Operación Limpieza o Guinda de Mayo, que ejecutó un combinado del ejército nacional.

La jurista afirmó que no podía liberar mayor información mientras no analizaran a fondo todo el contenido del interrogatorio, pero prometió posteriormente pronunciarse como Pro-Búsqueda.

“Sólo puedo adelantarles, que sus respuestas, la mayoría fueron evasivas, -no lo recuerdo- o –fue hace mucho tiempo- , no obstante, vamos a esperar que la Fiscalía envíe la declaración ante la Jueza de Primera Instancia, Morena Concepción Laínez, para saber que disposiciones toma”, dijo.

Asimismo, recalcó que, por su parte, ellos analizarán las declaraciones, para deducir las responsabilidades de los otros involucrados que serían jefes de alto rango militar.

“Sobre algunas operaciones militares, él (Flores Lima) explicó que ciertas decisiones se tomaron en el campo de batalla, pero nosotros sabemos que el estamento militar tiene una cadena de mando y, no podemos obviar eso, por eso, vamos a exigir mayor investigación”, informó.

Flores Lima, al salir del recinto fiscal, se negó a dar declaraciones a la prensa: “Será el Fiscal (José Atilio Salazar), quien dé la información sobre lo que dije”, expresó, y se retiró escoltado por sus abogados provenientes de la Fuerza Armada, y guardaespaldas que llegaron en un «pick up».

A la sombra de las fotografías de otros cientos de niños y niñas desaparecidos durante la década de los ochenta, Suyapa Serrano Cruz, expresó sus sentimientos de dolor y esperanza, en el caso de sus hermanas desaparecidas.

Además, recordó como su madre guardó la esperanza de que Erlinda y Ernestina volvieran a su hogar, y se lo comentaba al Padre Jon Cortina, quien fue pieza clave en la búsqueda de sus hijas, ya ciega por la diabetes decía: “no importa que no las vea, sólo oírlas y tocarlas me voy a conformar”, comentó Suyapa.

“Cuando estábamos en Colomoncagua (Honduras), refugiadas, recuerdo cómo teníamos que despertarla porque lloraba dormida y lo primero que nos decía era: las niñas me gritaban llorando pidiéndome comida, me sentía mal, porque no tenía nada... y es que, cuando desaparecieron en esa guinda, las niñas lloraban y tenían hambre y eso le pedían a mi mamá… pancito para ellas (rompe en llanto). Sólo espero que ese hombre nos dé una dirección, un dato, algo para encontrarlas, porque las queremos y las extrañamos todos nosotros, sus hermanos de sangre”, puntualizó.

 

Jóvenes y futuro

(publicat al Diario Colatino de 24/06/2008)

 

José M. Tojeira

La UCA ha presentado recientemente una Encuesta Nacional de Juventud. Nos muestra una juventud con predominio de la cultura urbana, dependiente de la televisión para informarse, poco afín a la política, más conservadora que progresista, con fuertes sentimientos y vínculos familiares.

Un grupo etario en el que continúan pesando algunos parámetros machistas de nuestra cultura. Y al contrario de la encuesta de adultos, que recientemente priorizaba los temas económicos sobre la violencia, los jóvenes se quejan más de la violencia. La migración les atrae, y en parte ya han experimentado cambios, pues casi una tercera parte de ellos se han mudado alguna vez dentro del territorio nacional. Sus perspectivas en mayor grado son el trabajo y el estudio, y están fuertemente influidos por la cultura consumista.

Es una juventud con mayores niveles de estudio, aunque con peores salarios (desde el punto de vista adquisitivo) que la juventud de hace 30 años. Con una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, con un acceso a la vida sexual activa muy temprano y con un inicio así mismo temprano en el consumo de alcohol. A la hora de participar en actividades grupales prefieren con mucho el deporte y la reunión religiosa que cualquier otro tipo de actividad asociada, sea en política, acción comunitaria o cooperativa, etc. Sus confianzas están puestas especialmente en las Iglesias, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los Medios de Comunicación, la Secretaría de la Juventud, las alcaldías y la PNC, por ese orden. Los partidos políticos quedan al fondo de sus simpatía e intereses. Sus niveles de victimización son altos y su realidad económica muestra la tendencia normal. Muestra una vez más que en El Salvador hay dos grandes zonas, la metropolitana, y el resto. En la primera los ingresos familiares promedios de los encuestados doblan prácticamente a los de las otras zonas de El Salvador.

Viendo ese panorama hay que decir también que no son mejores ni peores que otras generaciones. Menos inquietos pero más dialogantes. Con raíces hondas familiares y religiosas. Mejor formados, en conjunto, que sus antepasados, digan lo que digan los profetas de que «todo tiempo pasado fue mejor». El problema, una vez más, no es qué hacemos con ellos, sino cómo construimos un país mejor y los integramos activamente a ellos en la tarea. El hecho de que nos parezcan políticamente más pasivos no significa que lo sean. Simplemente no aprecian el modo de hacer política en El Salvador. Y en eso no se distinguen demasiado del pensamiento general de la población, que suele poner en los últimos niveles de confianza a los partidos políticos junto con su cueva-refugio preferencial que es la Asamblea Legislativa.

Tenemos jóvenes con problemas y con valores, como todas las generaciones los han tenido. Ganarse su confianza es la tarea, si queremos un país mejor dentro de algunos años. Especialmente cuando los que ahora estamos en edad productiva pasemos a ser personas de tercera edad o en declive de nuestras capacidades. Pero para ello es indispensable tener políticas de juventud claras.

Y ciertamente no políticas populistas, que les hablen de su importancia para manipularlos después, o políticas paternalistas, que se acerquen a ellos como necesitados de apoyo. Lo fundamental en una política de juventud es incorporar a los jóvenes como verdaderos actores sociales, que en su propia acción van incorporando valores. Un apoyo a las decisiones de los jóvenes, por supuesto abiertas al debate crítico por ambas partes, pero que los impulse a ser actores de la construcción de su propio futuro.

En El Salvador ha sobrado paternalismo y afán de manipular políticamente a los jóvenes. La frase tan repetida maquinalmente por políticos, maestros y todo adulto que se siente con poder sobre los jóvenes, es la famosa de «ustedes son el futuro de la patria». Frase en realidad que no significa nada, semánticamente, más que quienes la dicen se van a morir antes que quienes la escuchan. Pero que esconde con frecuencia la afirmación de que el presente es propiedad de quien habla, y que por tanto hay que obedecerle hasta que se muera o se jubile. Por eso esa frase la pueden decir todos los que les gusta una juventud obediente y no deliberante, sean dictadores, políticos que viven de la política, o maestros de los que ya no pueden decir que la letra con sangre entra, pero que quisieran marcar sus ideas en los alumnos como se marca el fierro en una bestia.

Se necesitan políticas abiertas que impulsen y apoyen a los jóvenes en sus propios proyectos, sean éstos benéficos, solidarios, deportivos, laborales, empresariales, políticos o educativos, manteniendo el diálogo con ellos sin imposiciones. Sin afanes prioritarios de aprovecharlos en beneficio del poder, y mucho menos de convertirlos en carne de cañón de la polarización política salvadoreña. El problema no es de quién va a ser el futuro, que por definición lo será, como decíamos, de quienes hoy son más jóvenes que los que mandan. El problema es la clase de futuro que se nos avecina. Y sin gente dialogante, solidaria, creativa, crítica, El Salvador se verá condenado a seguir en sus crisis.

Y es que el país no necesita clones repetitivos de empresarios egoístas, de políticos polarizados e incapaces de dialogar, o, todavía peor, de militares genocidas y otras hierbas que han poblado con demasiada frecuencia el ámbito del poder salvadoreño. Clones que hoy se reflejan más en las maras que en cualquier otro sector de la juventud salvadoreña, por más que satanicen a las maras algunos sectores del poder, que con tanta frecuencia se han organizado con el mismo estilo que hoy llamamos marero, y antes mafioso y escuadronero. Poner a los jóvenes a analizar su situación, a buscar soluciones, a emprender tareas en los ámbitos de su propio desarrollo cultural, laboral, empresarial y organizativo es la base de la única política de juventud coherente y digna para El Salvador. Ojalá la encuesta de la UCA nos sirva a todos para ver una juventud buena, capaz de labrar su propio futuro si los que nos vamos a morir antes que ellos les apoyamos en el desarrollo de su propia creatividad y libertad.

 

 

Cientos de salvadoreños exigen terminar la 'guerra' contra la naturaleza

  

(publicat a Terra, el 05/06/2008)

 

Cientos de salvadoreños participaron hoy en la octava caminata ecológica para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, en la que pidieron al Gobierno y a las industrias constructoras que ’terminen la guerra ambiental contra la naturaleza’

En la caminata, denominada ’Justicia ambiental sin demora’, participaron más de 20 organizaciones sociales, ecologistas, estudiantes y miembros de iglesias.

Los manifestantes partieron desde el monumento al Divino Salvador del Mundo, ubicado en el oeste de San Salvador, hasta la Asamblea Legislativa, donde presentaron una pieza de correspondencia.

El director de la Red de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, el fraile franciscano René Flores, explicó a Efe que las demandas presentadas a los diputados consisten en el ’rechazo a la minería metálica, porque no hay las condiciones en el país’, y que además piden la aprobación de Ley General de Agua, propuesta al parlamento en 2006 por diversas organizaciones ecologistas.

Agregó que ’el anteproyecto de la Ley General de Agua tiene como objeto regular la gestión sustentable e integral de las aguas, cualquiera que sea su ubicación o estado físico, como elemento indispensable para la sustentabilidad de El Salvador’, razón por la cual no ha sido aprobada.

El director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra, dijo que la caminata fue organizada para que ’cese la guerra ambiental contra la naturaleza y que se le dé el derecho a ser protegida, respetada’ y que se pueda donar ’a las futuras generaciones en mejores condiciones en la que se encuentra’.

’El Salvador se está volviendo inviable, desértico, los ríos se están extinguiendo, el agua está contaminada por la voracidad empresarial y tenemos que ponerle un paro’, expresó.

El Día Mundial del Medio Ambiente es celebrado en más de cien países cada 5 de junio luego de su aprobación en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y para este año tiene como lema ’¡Deja el hábito! Hacia una cultura economía baja en carbono’.

El ministro salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales(MARN), Carlos Guerrero, expresó, en un comunicado publicado en periódicos locales, que el Gobierno ’no sólo reconoce que existe un problema global de cambio climático, sino que se ha comprometido a contribuir en los esfuerzos mundiales para su mitigación’.

Durante la caminata, que recorrió las principales calles de San Salvador, algunos estudiantes se disfrazaron de animales, otros participantes portaron carteles en los que se leía: ’El Agua no es una mercancía’ y ’No a la minería’.

Las organizaciones se mantiene espectantes ante la posibilidad de que empresas extranjeras inicien la explotación de minas en las zonas oriental y nororiental del país, en especial la empresa canadiense Pacific Rim.

A juicio de los ecologistas salvadoreños, la explotación de metales preciosos provocaría la contaminación de importantes ríos con elementos químicos como el cianuro y plomo, así como la devastación de importantes extensiones de tierra.

Sobre este aspecto, el Gobierno ha manifestado que no aprobará permisos de explotación minera hasta que se cuente con un estudio ambiental que detalle los impactos en la naturaleza.

Mientras tanto, en los medios salvadoreños se mantiene desde hace meses una agresiva campaña sobre los beneficios de la llamada ’Minería Verde’, que desvirtúa los efectos negativos en la naturaleza que puede provocar la explotación de metales.

La campaña, que incluye cuñas radiofónicas y anuncios televisivos, no es calzada por ninguna entidad, aunque fuentes de las organizaciones ambientales afirman que es patrocinada por Pacific Rim.

El Salvador: violencia dura de matar

 

(publicat a La Jornada el 05/06/2008)

 

Las estrategias del gobierno de El Salvador para prevenir la violencia y la delincuencia presentan graves vacíos y omisiones, según expertos y jóvenes de "alto riesgo", principales destinatarios de esos programas.

 

Aunque el gobierno implementa "programas que van por el buen camino" y que "deberían representar un cambio de enfoque", de la represión a la prevención, éstos tienen la falla de no ser "políticas públicas", lo que los vuelve "dispersos y precarios", señaló a IPS Jaime Martínez, coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Las iniciativas oficiales, agregó, se desarrollan "desde el voluntarismo, la filantropía y la caridad", sin los recursos acordes con la dimensión y la complejidad del problema, dependiendo fundamentalmente de la cooperación internacional. "Así vamos mal", opinó Martínez. El gobierno implementa desde hace años estrategias tendientes a prevenir la violencia y la delincuencia que amenazan el desarrollo humano de El Salvador. El centro de atención está puesto en los jóvenes, para quienes se intenta crear mejores oportunidades a fin de evitar que caigan en el delito o se sumen a las maras (pandillas), que según el gobierno son los principales protagonistas de la inseguridad ciudadana.

 

Esos programas son impulsados por el estatal Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), especialmente en comunidades pobres del área del llamado Gran San Salvador, que incluye 14 municipios, y franjas en la zona occidental del territorio donde se concentra la mayor cantidad de población y los mayores índices de delito, según el Consejo.

 

Datos oficiales indican que en 2007 en el Gran San Salvador se registró 40 por ciento de los delitos perpetrados en El Salvador, incluyendo homicidios, al que le siguieron como distritos más violentos los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Santa Ana, donde tuvieron lugar 73 por ciento de los asesinatos registrados en este país.

 

Fuentes oficiales reconocen que entre 2003 y 2007 se perpetraron más de 16 mil asesinatos, 80 por ciento de los cuales se cometieron con armas de fuego.

 

Las autoridades estiman que en este país hay unas 450 mil armas de fuego en manos privadas, pero sólo 170 mil están debidamente registradas.

 

El Salvador presenta una tasa de 57.2 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las más altas de América Latina. Más aun, los resultados del último censo, realizado en mayo de 2007, indican que ese indicador se dispararía hasta 64, o incluso más. Expertos advierten que, en el caso de asesinatos de jóvenes, la tasa podría alcanzar hasta 149 por cada cien mil habitantes.

 

La atención médica a las víctimas, la protección de bienes y la reposición de pérdidas materiales provocadas por la alta criminalidad se llevan buena parte de los recursos estatales, mientras las autoridades no dan con la solución a un fenómeno que sigue en aumento.

 

Entre 2003 y 2007, el gobierno anterior, de Francisco Flores (1999-2004), y el actual de Antonio Saca, privilegiaron planes y leyes de mano dura para combatir la delincuencia, dirigidas principalmente contra las pandillas. Pero los especialistas sostienen que ese enfoque represivo fue contraproducente y disparó los índices de violencia.

 

En este país actúan principalmente las denominadas Mara Salvatrucha (MS) o Calle 13 y Pandilla 18 (P18), que tuvieron su origen en los años 80 en la diáspora salvadoreña dispersa en varias ciudades de Estados Unidos.

 

En sus primeros años las integraban sobre todo jóvenes, para transformarse luego en grupos conducidos por mayores de 40 años de edad, aunque se les sumaran niños inclusive de 10 años.

 

El Salvador vivía entonces una guerra civil entre la insurgencia de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy convertido en el principal partido político de oposición) y fuerzas del Estado, que dejó 75.000 víctimas civiles y 8.000 desaparecidos, hasta que en 1992 el entonces presidente Alfredo Cristiani y la guerrilla firmaron la paz.

 

Cerrado el conflicto, muchos miembros de las maras fueron deportados desde Estados Unidos. Aquí fundaron las "filiales" y en la última década se expandieron por toda América Central y el sur de México.

 

El CNSP, con un presupuesto de casi dos millones de dólares anuales, ha implementado varios programas de "prevención social de la violencia", que buscan "recuperar" barrios específicos donde se reproducen las pandillas incorporando a los residentes, quienes "deciden cambiar su entorno".

 

El presidente del CNSP, Óscar Bonilla, dijo a IPS que han impulsado "este modelo focalizado, integral y complementario, con el cual se han ’rescatado’ zonas donde antes no llegaba la policía", desarrollando el liderazgo comunal que dinamiza la relación entre la comunidad y la escuela.

 

"Al reducir la violencia en las aulas, la reducimos en la comunidad y viceversa", afirmó.

 

Bonilla detalló que otras estrategias incluyen planes para disminuir el maltrato infantil, la promoción de programas deportivos, expresiones culturales, formación vocacional de jóvenes, instrucción académica y proyectos agrícolas destinados a ex pandilleros, con vistas a su "rehabilitación".

 

Estas estrategias, agregó, han beneficiado directa o indirectamente a unos 232.000 jóvenes en toda el área metropolitana de San Salvador y en el occidente del país, con fondos mayoritariamente provenientes de la Unión Europea, que durante los últimos cinco años ha otorgado unos 15 millones de dólares para financiar el programa Pro-Jóvenes.

 

No obstante, Bonilla se queja porque algunos ejecutivos "no aplican de manera más creativa la responsabilidad social empresarial" y no "se abren a la juventud". Hizo un llamado para "fortalecer las estrategias de prevención, elevando la inversión pública y propiciando una mejor distribución del ingreso" que permita crear mejores oportunidades, en especial para los jóvenes.

 

Un informe de 2007 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estableció que El Salvador fue de 2004 a 2005, entre los 21 países analizados, el que menos destinó a gasto social en términos de su producto interno bruto (PIB). Apenas aportó 5.6 por ciento. Aunque luego trepó a 6.5 por ciento del PIB en 2007, esa inversión social sigue rezagada frente al promedio de las naciones de América Central, que ronda 13 por ciento.

 

Para Antonio Rodríguez, sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís de Mejicanos, las estrategias de prevención parten de un "pecado de omisión", y ocultan las causas de la violencia. "Se trata de un problema de derechos humanos para los jóvenes, ya que esos jóvenes antes de ser victimarios han sido víctimas de abuso y violencia", afirmó.

 

Rodríguez sostiene que en la base de la violencia está "una estructura económica y política altamente corrosiva y violenta, basada en la desigualdad, que es la mayor causante de pobreza y violencia" y demandó del gobierno salvadoreño "la firma y ratificación urgente" de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud.

 

Marvin Cuellar, un joven de 22 años, que reside en la comunidad finca Montreal, una zona suburbana de Mejicanos y dominada por las maras, se vio forzado a dejar sus estudios cuando terminó noveno grado por falta de recursos económicos y se dedicó a trabajar como cocinero en un restaurante en la capital salvadoreña.

 

"Pese a la implementación de programas y planes gubernamentales, la violencia no se detiene. Los jóvenes se incorporan a las pandillas por desintegración familiar, exclusión social, falta de recursos económicos", y a veces por negligencia de los padres, dijo Cuellar a IPS.

 

En su comunidad, agregó, hay entre cuatro y cinco asesinatos al mes. "En este país no hay opciones", concluyó el joven.

 

El Salvador desentierra su pasado

(publicat per BBC Mundo el 27/05/2008)

 

Eric Lemus
Ciudad Barrios, El Salvador

 

 

Casi dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, miles de desaparecidos todavía están bajo la tierra.

Desde que la guerra terminó en 1992, el paradero de miles de personas sigue pendiente en el proceso de reconciliación salvadoreña.

Hasta la fecha, solamente los familiares y las organizaciones de derechos humanos continúan investigando el tema de los desaparecidos que, según cifras oficiales, suman más de 7.000.

En el cantón La Angostura, decenas de lugareños se reunieron para cerrar un capítulo de sus vidas.

El poblado está en una zona rural, en la jurisdicción de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 136 kilómetros al este de San Salvador.

A iniciativa del Centro de Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", las autoridades judiciales exhumaron los restos de seis personas muertas hace 27 años.

Según el registro de la ONG, los autores fueron miembros de las fuerzas armadas.

 

Vencer el temor

"Tengo que sentir algo, reconocer algo, aunque no sé cuáles huesitos son los que se van a ver. Si es el cráneo, algún brazo", dice María Salmerón, de 70 años.

María es madre de José Noé es un chico que de acuerdo al Centro Lagadec fue ejecutado por soldados el 7 de enero de 1981, cuando tenía 17 años, en el marco de un operativo contra la guerrilla.

Elí Hernández, de 32 años, que trabaja para la organización no gubernamental, observa que el deseo de los familiares vence el temor de las autoridades judiciales en torno a este tema.

"Hay muchas personas que estuvieron involucradas (en las desapariciones) y todavía están en cargos de poder", dijo Hernández a BBC.

En este caso, el juez segundo de paz de la localidad, Samuel Molina dijo a la BBC que "todos tienen derecho para acceder a la justicia".

Durante la exhumación, aparecen calcetines, un escapulario y una placa dental. El forense remueve la tierra y encuentra el cráneo de quien probablemente fue José de la Paz Pineda. Tenía 87 años cuando lo mataron.

Trabajo silencioso

Desde el inicio de la transición hacia la democracia, el Centro "Madeleine Lagadec" con la cooperación de la Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha exhumado los restos de unas 600 personas.

Las organizaciones pro derechos humanos deben gestionar fondos a través de agencias de cooperación para cubrir el transporte, una caja mortuoria, la alimentación de los peones y personal judicial, así como los gastos jurídicos que implica una investigación de esta naturaleza.

Esta no es la única exhumación que se realiza en el país.

Hace unas semanas, la BBC también presenció el hallazgo de otros restos humanos.

Fue en la hacienda La Florida, en el cantón Costa Rica, jurisdicción de Texistepeque, departamento de Santa Ana, a 85 kilómetros al oeste de la capital.

En este lugar, el 20 de noviembre de 1982, según el Centro "Madeleine Lagadec", miembros de la "defensas civiles" (paramilitares) capturaron a siete cooperativistas acusados de colaborar con la guerrilla y los ejecutaron en dos predios a orillas de la calle.

De los homicidios nunca hubo un registro oficial; solamente el testimonio de los familiares de las víctimas.

"La intención de realizar esta exhumación es porque las viudas de estos hombres tuvieron la suficiente fuerza moral para hacerla. Su último deseo era verlos, aunque sea los esqueletos", reflexiona Hernández

El Mozote

Los acuerdos de paz, suscritos en México, el 16 de enero de 1992, consignaron la creación de una Comisión de la Verdad bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU) para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por los bandos en conflicto.

 

Aquel documento, titulado "De la locura a la esperanza", registró la masacre del poblado campesino El Mozote, donde forenses encontraron los restos de casi 900 víctimas, de las cuales la mayoría eran niños y mujeres.

Para organizaciones como Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, esta masacre fue la más representativa de las violaciones a los derechos humanos contra la población civil.

El informe de la ONU responsabilizó al batallón Atlacatl, el cual fue disuelto una vez empezó la transición.

En este contexto, la Iglesia Católica editará próximamente "Masacre a la inocencia", un nuevo libro sobre los hechos en El Mozote con el objetivo de recuperar la memoria y devolver el honor a las víctimas.

Mientras tanto, en lugares rurales como Ciudad Barrios, los parientes de las víctimas de la guerra tratan de reconstruir la parte más dolorosa de su pasado.

Ellos han logrado cerrar un capítulo de sus vidas; pero los familiares de miles de otros desparecidos permanecen en el limbo.

 

 

 

Voto de confianza al FMLN

(publicat al Diario Colatino del 26/05/2008)

Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Las y los salvadoreños calificaron con su peor nota la gestión del Presidente de la República, Elías Antonio Saca, 5.47, a pocos días que éste inicie su último año al frente del ejecutivo, según la más reciente encuesta de opinión de la UCA. En la misma, el 62.7% de los encuestados cree que “ARENA no debe gobernar más el país”. Mientras que el principal partido de oposición, el FMLN, recibió un voto de confianza, y lo pone como favorito para ganar las elecciones de 2009, según los resultados de la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), presentado hoy.

La población evaluó con una nota de 5.47 la administración del Presidente Saca, y que es considerada por el IUDOP como una nota que lo pone en desventaja, en momentos de una coyuntura electoral.

La encuesta realizada entre el 3 y 12 de mayo, en una muestra de 1 mil 200 personas, de las cuales un 52% consideraron que a cuatro años de esta gestión presidencial “no se ha tenido un cambio positivo” en sus vidas.

El sacerdote jesuita José María Tojeira, rector de la UCA, explicó que uno de los factores que ha contribuido a que el actual gobierno esté en desventaja ante su principal rival electoral el FMLN, es la crisis económica, que está golpeando a la población.

Tojeira comentó que el mensaje que deja esta encuesta “es la necesidad de pensar en algún tipo de pacto social, esto es indispensable en estos momentos para poder gobernar en los próximos años”.

“El pacto debe ser entre las dos principales fuerzas, de lo contrario ARENA no ganará las elecciones y el FMLN no podrá gobernar”, añadió.

El 80.4% de la población opinó que la situación económica del país ha empeorado con el actual gobierno. Y atribuyen como el principal fracaso de la gestión de Saca, la inoperancia a resolver los problemas: generar empleos, velar por madres solteras, ser concertador.

Un 46.6% cree que el Presidente Saca, “está gobernando mal”, y de sus ministerios sólo cuatro de ellos superan la nota de seis, de acuerdo a la evaluación que hacen los encuestados.

A diferencia de otros años, entre la población existe un buen porcentaje de encuestados que consideran que el FMLN puede asumir responsablemente la solución de algunos problemas que están afectando a los salvadoreños.

Los datos revelan que un 38% de los encuestados, considera que el FMLN es el partido que puede luchar contra la corrupción; cerca del 40% que podría generar empleos; 46% frenar el alza de precios, entre otras expectativas.

En el campo político, la encuesta revela una amplia ventaja del partido opositor, FMLN, ante el partido oficial, para las elecciones presidenciales, municipales y legislativas.

En preferencias a la Presidencia de la República, el FMLN obtuvo el 42.1% sobre el 26.1% de ARENA; legisladores 37.2% a favor del frente sobre 24.5% de ARENA; y en concejos municipales: 34.8% a favor del FMLN, sobre 25.8% de ARENA.

Jeannette Aguilar, Directora del IUDOP, atribuye esta ventaja del momento, que beneficia al FMLN, debido a “que el perfil del candidato (de ARENA) no logra crecer, aunque esto puede cambiar en los próximos meses”, puntualizó.

Sin embargo, la encuesta revela que la candidatura de Rodrigo Ávila no es aceptada en un 57%, que consideran que hubiese sido otro candidato.

La encuesta deja en claro que el crecimiento del partido opositor, se basa en la participación de un miembro de la sociedad civil, que se percibe entre la población, con la candidatura de Mauricio Funes, y en el desgaste del partido oficial, frente a una crisis económica, en la cual Tojeira, recomendó soluciones no asistencialista sino integrales y de impacto en la sociedad.

Assemblea del Grup de Solidaritat Jon Cortina

El 13 de maig, el Grup de Solidaritat Jon Cortina convoca a tots els socis a l’assemblea que tindrà lloc a la seu dels Jesuïtes de Catalunya, c/ Llúria, 13, de Barcelona, a les 19:30 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona.

L’ordre del dia previst és el següent:

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals del Grup corresponents a l’exercici 2007, així com el pressupost anual previst per al 2008.

2. Presentació de la memòria d’activitats de 2007.

3. Elecció de nou president.

4. Precs i preguntes.

 

El 13 de mayo, el Grup de Solidaritat Jon Cortina convoca a todos los socios a la asamblea que se celebrará en la sede de los Jesuitas de Catalunya, c/ Llúria, 13, de Barcelona, a las 19:30 en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda.

El orden del día previsto es el siguiente:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Grup correspondientes al ejercicio 2007, así como el presupuesto anual previsto para el 2008.

2. Presentación de la memoria de actividades de 2007.

3. Elección de nuevo presidente.

4. Ruegos y preguntas.